Dónde está el Estado? Nos preguntamos muchas veces. Pregunta tal vez más frecuente entre los más vulnerables y con serias limitaciones de acceso a salud, educación, empleo. Mientras otros, los tienen mediana o completamente resueltos estos aspectos por sus propios medios, recurriendo a lo privado.
Esta pandemia 2020-2021, ha colocado nuevamente en el escenario la clásica discusión de la presencia y rol del Estado. En estas circunstancias, el ¿dónde está el Estado?, ha sido y es la pregunta ya no sólo en un sector sino en todos. Es en este contexto a pesar de sus limitaciones e incapacidad, ha retomado fuerza para contener los efectos de una crisis inimaginable. Así grandes y algunos pequeños empresarios fueron “rescatados” financieramente. Pobres, nuevos pobres y vulnerables necesitaron el refuerzo de subsidios y de intervenciones temporales de los programas sociales para sostener su economía.
Es decir, el Estado, aquel cuya injerencia causa cuestionamientos en “circunstancias normales”, en situación de emergencia ha jugado un papel trascendente.
Pero el tema de fondo, que hace que la pregunta inicial siga vigente, es la continuidad y permanencia de un Estado con un rol activo y no subsidiario. En otras palabras como actor principal y no como actor de reparto. En un rol solidario que permitiría nivelar condiciones y oportunidades, pues resulta indiscutible, que no sólo son las crisis las que encienden la alarma de su participación, sino también contextos como la globalización, el crecimiento económico diferenciado, los problemas sociales y políticos.
Es en el contexto, en que el crecimiento económico se convierte en un fin en sí mismo, (mas no así lo social y lo político), en el que es necesaria la presencia del Estado no subsidiariamente, porque en esta condición su participación se vuelve temporal, sino conduciendo, buscando que el crecimiento no sólo sea económicamente rentable, sino también ventajoso para el desarrollo.
Y aquí viene la siguiente pregunta, ¿qué hacemos para determinar este cambio? Es trascendental reconocer y tomar conciencia que hay una realidad social, económica y política que ha sobre pasado los preceptos constitucionales y maximiza las crisis (social, política, económica). Es decir se ha generado lo que los constitucionalistas denominan una tensión (o quiebre) entre imperativos y mandatos de la Constitución y la realidad Tal como señala el maestro Pedro De Vega García “No son los cambios de la legalidad, los que provocan las grandes trasformaciones sociales, sino que son las transformaciones operadas en la realidad las que han determinado, las grandes revisiones de la legalidad.” (1)
Y efectivamente, estamos en un momento de grandes transformaciones sociales y políticas, un país con brechas por cerrar, con derechos constitucionales permanentemente vulnerados, con índices de pobreza similares a 10 años atrás, con un sistema de salud debilitado, desempleo formal decreciente e informal precario y un nivel educativo frágil, anacrónico, con un enfrentamiento de poderes caótico bajo la bandera de la independencia y no de la complementariedad en el gobierno.
Para todo ello, bajo la concepción hodierna, la única la fórmula posible que se repite, casi dogmáticamente que y dará solución a todos los problemas es la inversión privada.
Esto hace que regresemos una vez más a la pregunta ¿Estado? ¿estás?
La respuesta es un tibio sí en el marco de la subsidiariedad, participando mínimamente para regular, controlar, poner límites dentro de la libertad que reclama la economía, pero con acciones y medidas que no corresponden a los postulados constitucionales de un estado social de derecho y de una economía social de mercado.
El Estado social de Derecho, que presume del respeto a la legalidad, al equilibrio de poderes, a los derechos fundamentales, no está sino, en su mínima expresión.
Un pobre tiene limitados sus derechos. Lo vemos a diario y nos lo recuerdan los candidatos en cada campaña con la promesa de reivindicarlos. Su derecho a la educación, a la salud, a la vida digna, al trabajo, a la alimentación, al agua, y no sigo con la lista, no los pueden ejercer porque no tienen la posibilidad de hacerlo.
Nuevamente el maestro Pedro De Vega advierte, “Cuando el Estado muestra su limitación e impotencia hasta el punto de no poder garantizar los más elementales derechos, empezando por el más sagrado de todos, como es el derecho a la vida, y cuando la política como espacio de la libertad y el reino de las alternativas se somete a la disciplina del pensamiento único, que marca la lógica del crecimiento, resulta perfectamente comprensible que el ciudadano se retire a la pasividad de su vida privada y desde un utilitarismo bárbaro y elemental procure satisfacer por sí mismo lo que en la sociedad civil no encuentra y lo que el Estado tampoco le proporciona.» (2)
Y si analizamos la economía social de mercado definida por Resico como “la organización de mercados como mejor sistema de asignación de recursos, y que trata de corregir y proveer las condiciones institucionales, éticas y sociales para su operatoria eficiente y equitativa…”, aquella que “…no se abstiene de compensar o corregir posibles excesos o des-balances que puede presentar un sistema económico moderno basado en mercados libres”, pensada por Alfred Müller-Armack, como la “combinación del principio de la libertad del mercado con el principio de la equidad social” (3) y en la que persistieron los constituyentes en incorporar en toda la extensión de su realización, veremos que lamentablemente en nuestra Constitución es un simple postulado, que se dice rige el destino del desarrollo económico, pero que en la práctica ha renunciado a su contenido social, no existe como tal.
Lo expuesto, nos lleva a sostener la importancia de hacer efectiva la presencia del Estado, de caminar hacia esa transformación que la realidad exige, con necesarios cambios en la norma madre, en la Constitución. No basta pues, que se reconozcan derechos y se asignen deberes, no basta con el simple enunciado de estar regidos por una economía social de mercado, sino que se aplique en la práctica y que todas las normas constitucionales, que se interpretan y se desarrollan de manera integral, tengan la misma dirección y la misma intención.
No podemos pretender un Estado con menores desigualdades si estas se generan en la propia regulación. La fórmula mágica? Consenso, voluntad política, conciencia, solidaridad.
(1) DE VEGA GARCIA, Pedro, Mundialización y Derecho Constitucional 40 pág. 1
(2) DE VEGA GARCIA, Pedro. Mundialización y derecho Constitucional. P. 14 pág. 2
(3) RESICO F, Marcelo. La Economía Social de Mercado Orígenes, relación con la DSI y sus implicancias actuales. P. 2 http://wadmin.uca.edu.ar/