Por José Alejandro Godoy
En los últimos días, la atención de los medios se ha centrado sobre aspectos personales y profesionales del candidato Rafael López Aliaga. En este breve espacio, reseñaremos que su candidatura no representa, ni por asomo, ámbitos renovadores ni menos populares, como su rebautizado partido busca mostrar. Solo mostraremos hechos.
Cinco miembros del equipo técnico de López Aliaga han tenido cargos por Solidaridad Nacional. Y esto no debería extrañarnos porque Renovación Popular no es otra cosa que el partido de Luis Castañeda Lossio con aires de reciclaje. ¿Quiénes son estos personajes? La excongresista conservadora Fabiola Morales y los exregidores metropolitanos Norma Yarrow, Luis Rubio (exdirector de los Hospitales de la Solidaridad), José Tisoc (exdirector general de la Policía) y Carlos Canales (presidente de CANATUR). Todos han formado parte del entorno del exalcalde de Lima, investigado por el caso Lava Jato. Yarrow y Morales, además, postulan al Congreso por Lima.
En ese mismo equipo técnico, hay dos exministros de Manuel Merino: Carlos Herrera Descalzi (Energía y Minas) y Alfonso Miranda (Producción). Esto no sorprende. López Aliaga no solo sostiene que lo ocurrido en noviembre de 2020 no fue un golpe de Estado, sino que ha suscrito varios de los comunicados de la Coordinadora Republicana, un grupo conservador que se convirtió en la principal cantera del gabinete encabezado por Ántero Flores Araoz.
Hay más sobre este grupo. Otro de los habituales firmantes de los comunicados de este núcleo es el exmagistrado Javier Villa Stein, a quien López Aliaga le ha encargado la reforma judicial. Este abogado tuvo varias sentencias controvertidas en su haber, siendo las más serias la controvertida absolución de Alberto Fujimori en el caso “Diarios Chicha” – en un colegiado integrado también por el hoy caído en desgracia César Hinostroza – y la rebaja de condena a los miembros del Destacamento Colina que debió ser corregida debido a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la misma línea que Villa Stein frente al fujimorismo se encuentra el embajador en retiro Eduardo Ponce Vivanco, principal alfil de López Aliaga en materia de política exterior. En una columna publicada en marzo de 2018 en el diario El Comercio, Ponce no solo se mostró en contra de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisara el irregular indulto humanitario concedido al mandatario condenado por violaciones a los derechos humanos, sino que también calificó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos como “copado y desvirtuado por las mayorías políticas que lo secuestraron con la impronta de Hugo Chávez y Lula da Silva (padrino de Lava Jato y embajador itinerante de Odebrecht), bajo la tutela de Fidel Castro”. Curiosamente, Venezuela dejó dicho sistema, ante las condenas que la Corte Interamericana ha dado al régimen chavista por su performance triste en esta materia y Cuba es uno de los países más observados por esta materia por la CIDH.
Estas ligazones con el fujimorismo no deberían sorprendernos. Según registró el portal Útero.pe, cuatro personajes que han tenido vínculos con Fuerza Popular son parte de la lista parlamentaria. Y se ha visto a miembros de La Resistencia, un minúsculo grupo que ha hecho manifestaciones contra periodistas incómodos, en algunas de las movilizaciones contra López Aliaga. Uno de sus miembros, recientemente condenado por difamación, estuvo en la lista de Solidaridad Nacional en 2020. Advertidos estamos.