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viernes, mayo 24, 2024

Apuntes para la agenda de un Congreso incierto

Por Gerardo Távara

Escribo esta columna sin conocer los resultados de la elección de este domingo 11. Tendremos que esperar algunas semanas para saber qué partidos alcanzaron representación en el Congreso, cuántas curules obtuvo cada uno y los resultados del voto preferencial. Probablemente también para saber quiénes pasaron a segunda vuelta presidencial.

Pero la incertidumbre y complejidad de la elección no deben sino incrementar nuestra responsabilidad para reforzar la incidencia y el control ciudadano sobre lo que habría de ser una agenda parlamentaria orientada a sostener la democracia en lugar de socavarla.

Durante el periodo 2016 – 2021 las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo se han caracterizado más por el distanciamiento – y hasta confrontación- que por la búsqueda de entendimientos. Como señalé en mi columna anterior[1], la fragmentación de grupos parlamentarios nos persigue hace varios años y, al parecer, esta vez el desafío de formar bloques y coaliciones perdurables y a favor de la sostenibilidad democrática será mucho mayor.

Es indispensable que los partidos ganadores en la elección parlamentaria y quienes pasen a la segunda vuelta presidencial expresen pronto una voluntad de diálogo proactivo, de lo contrario el malestar en la población y la inestabilidad podrían incrementarse.

Pero también son necesarios cambios en las normas constitucionales referidas, por ejemplo, a la oportunidad y causales para declarar la vacancia presidencial, de forma tal que no volvamos a tener cuatro presidentes en cinco años como ha ocurrido en este quinquenio. Para ello, debería prohibirse la vacancia presidencial en el primer y último año de mandato y eliminar la causal de incapacidad moral que ha devenido en un “cajón de sastre” que contraría un principio de la gobernabilidad democrática: la previsibilidad.

Un aspecto de especial trascendencia es que el Congreso de la República que acabamos de elegir tendrá a cargo la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo. Es esencial garantizar que estos altos funcionarios y funcionarias sean producto de un concurso transparente y meritocrático.

Elegir Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo requiere una mayoría calificada de dos tercios de congresistas: 87 de 130, una mayoría difícil de alcanzar y que exigirá máximos esfuerzos de concertación. El riesgo que debemos evitar es que esa concertación se convierta en un reparto como se intentó en el pasado reciente.

La lucha contra la corrupción ha sido tema central durante la campaña electoral; para concretarla es necesario –entre otras medidas- modificar el reglamento del Congreso a fin de que las comisiones de ética y de acusaciones constitucionales actúen con prontitud y objetividad para desterrar cualquier posibilidad de “blindaje” que tanto daño produce. No son pocos los casos pendientes en esta materia; allí están las acusaciones constitucionales contra altos magistrados y ex y actuales congresistas.

En el marco de la inconclusa reforma política queda en cartera el debate sobre la conformación de una cámara de senadores, sus funciones y forma de elección. Es necesario también modificar las circunscripciones electorales para mejorar la representatividad del Congreso, incluyendo una reserva de escaños para los pueblos originarios de la Amazonía.

En cuanto a la función legislativa es necesario revisar el número de comisiones ordinarias, fortalecer el servicio parlamentario bajo criterios de meritocracia y limitar la discrecionalidad de los congresistas para contratar personal de confianza en sus despachos, entre otros aspectos sugeridos desde hace varios años[2].

Tengo claro que el contexto es aún demasiado incierto como para estimar la viabilidad de las propuestas aquí resumidas, pero no se trata de arriar banderas sino más bien de mantener altos niveles de exigencia ahora que estamos por iniciar el tercer siglo de nuestra independencia.

Veamos en las próximas semanas y meses el Congreso y el Gobierno que tendremos y afinemos la agenda y sus posibilidades. No cabe duda que la iniciativa de la sociedad civil será fundamental para la salud de nuestra democracia y el respeto a los derechos y las libertades ciudadanas.

[1] https://www.patamarilla.com/2021/04/el-nuevo-congreso-entre-la-fragmentacion-y-la-coalicion/

[2] Es pertinente revisar las propuestas de la AC Transparencia en el denominado Plan 32.

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