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lunes, septiembre 26, 2022

El Congreso se juega (mal) los descuentos

El Congreso de la República dentro de pocas semanas concluirá el periodo para el cual fue elegido y tendrá que dejar el lugar a los y las congresistas electos el pasado 11 de abril.

Formalmente, tiene la plenitud de las atribuciones que le asigna la Constitución y su reglamento hasta el último día; no obstante, tratándose de un órgano eminentemente político y llamado a representar los intereses de la Nación con toda la pluralidad que ello supone, ha de ejercer sus atribuciones y responsabilidades mirando más allá de la literalidad de la norma y calibrando el momento político y las legítimas expectativas y demandas ciudadanas, aquellas que no siempre están escritas en la ley. Lamentablemente, pareciera que la mayoría de grupos parlamentarios olvidan esto.

En efecto, a poco de concluir su mandato, la mayoría parlamentaria pretende aprobar de forma apresurada y sin mayor debate ni reflexión un paquete de reformas y decisiones que responderían a particulares intereses de grupos y, por tanto, afectarían la institucionalidad democrática.

Por un lado, la mayoría en el Congreso pretende elegir en las escasas semanas que le quedan a seis de los siete magistrados que integran el Tribunal Constitucional en un proceso teñido de serias irregularidades. Las deficiencias del actual proceso de selección de magistrados del TC son tan graves que motivaron la desactivación de la comisión encargada en noviembre del año pasado en que cuatro de los nueve grupos parlamentarios se retiraron de la citada comisión. Por varios meses, la comisión dejó de funcionar hasta que recientemente fue “reactivada” por decisión de la mayoría de bancadas que, lejos de corregir las irregularidades y vicios del proceso, decidieron continuar con el mismo “como si nada hubiera pasado”. Las bancadas del Frente Amplio y del Partido Morado reiteraron su decisión de no continuar en la comisión y desde diversos sectores de la sociedad civil se exige dejar sin efecto el actual proceso para que sea el Congreso que se instalará en julio el que asuma la responsabilidad mediante un nuevo proceso que garantice efectivamente los criterios de transparencia, imparcialidad y meritocracia requeridos para integrar el máximo órgano garante de la constitucionalidad y los derechos fundamentales.

El Congreso pretende, también, dividir la actual legislatura en dos con la finalidad de aprobar sin mayor debate y con inusitada prisa reformas tan importantes como el retorno a la bicameralidad. Tal parece que la mayoría de grupos parlamentarios intentará restituir el Senado y aprobar una disposición transitoria para que éste sea elegido el año 2022 junto con las elecciones regionales y municipales; esto haría posible que los actuales congresistas y los que integraron el Congreso disuelto el 2019 postulen sin esperar hasta las elecciones generales del 2026. El proyecto de una “cuarta legislatura” ha sido aprobado en la comisión de constitución y la junta de portavoces ha decidido por mayoría llevarlo al Pleno del Congreso.

Finalmente, acaba de presentarse un proyecto de ley para que la pérdida de la inscripción de los partidos políticos que no alcanzaron el porcentaje mínimo de votos en las elecciones del 11 de abril o no participaron de las mismas se haga efectiva después de las elecciones regionales y municipales del 2022, y no concluidas las elecciones generales del 2021 como establece la ley vigente aprobada en el marco de la reforma política. De prosperar esta iniciativa legislativa, partidos como UPP, FREPAP, APRA, PPC, el Frente Amplio y diez más podrían presentar candidaturas a los gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales pese a que no cumplieron con los requisitos de obtener al menos 5% de votos válidos en las elecciones parlamentarias de abril y cinco congresistas en al menos dos circunscripciones electorales (1). Por cierto, quedarían también habilitados para presentar candidatos al senado de la república si es que –como señalamos líneas arriba- se aprueba la “cuarta legislatura” y en ella la reforma constitucional de restitución de la bicameralidad y elección de senadores conjuntamente con las elecciones regionales y municipales del 2022.

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Hay más, pero ésta es suficiente evidencia de los despropósitos de una mayoría parlamentaria que pone los intereses de grupo por encima de la institucionalidad democrática. Toca, pues, mantenernos alertas y manifestar nuestra voluntad haciendo uso de los legítimos derechos que como ciudadanos y ciudadanas tenemos (2).

[1] Ley de Organizaciones Políticas – Ley Nº 28094, artículo 13.

[2] Ver el Pronunciamiento “A la mayoría en el Congreso: ¡Basta Ya!” https://twitter.com/Gerardo_Tavara/status/1398101119830675456?s=20

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