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viernes, octubre 7, 2022

El garrote y la zanahoria

En 1930 en Arequipa, un joven teniente coronel apellidado Sánchez Cerro orquesta un levantamiento que pone fin al oncenio de Augusto B. Leguía. Sánchez Cerro enarbola la bandera de la libertad, con un ánimo peculiar pero muy desbordante sobre la población popular urbana quienes deseaban cambios sustanciales, viéndolo como el héroe del pueblo. Gana los suficientes réditos políticos para convertirse como el “protector de los pobres”, calmando a la población con el reparto gratuito de alimentos y otras gollerías.

Sin embargo, Sánchez Cerro comienza a presentarse como la figura autoritaria y despótica, reprimiendo a las organizaciones políticas populares, ya que desea generar desde su omnipotencia y paranoia, el principio de autoridad. Según Cotler (1978), para Sánchez Cerro la “chusma” debe esperar, tranquila y pacientemente, sus iniciativas y aceptarlas confiadamente, reaccionando con vehemencia frente a las huelgas y protestas, reprimiéndolas sangrientamente. Así, Sánchez Cerro optó por el comportamiento del “patrón benevolente” pero al mismo con dureza, como la figura del encomendero colonial y del gamonal republicano.

90 años después, la pobreza en el Perú es de 30.1%. Desde la visión de muchos peruanos, nada ha cambiado. Por lo que trae a reflexionar nuevamente, después de 22 presidentes entre gobiernos democráticos, autoritarios y dictatoriales, si se está pensando seriamente en reducir la pobreza en la población u oprimirla a través de este mal pandémico.

Uno de los propósitos del Gobierno peruano es reducir progresivamente el nivel de pobreza y pobreza extrema en los siguientes años. ¡Vaya tarea!. Para poder lograr esta meta, el gobierno entrante está en la obligación de desarrollar diversas estrategias para alcanzarlo, entre ellas, programas sociales y planes nacionales. Una de las políticas públicas que busca enfrentar frontalmente a la pobreza son los programas de transferencias monetarias condicionadas promovido por varios años por el Ejecutivo.

Dicha política pública busca transferir recursos monetarios a las familias de las poblaciones más vulnerables (pobreza y pobreza extrema). Estas transferencias se realizan si las familias cumplen las condiciones establecidas por el gobierno central, las que están orientadas a mejorar la salud, alimentación y educación. Otros países sudamericanos también, con la misma concepción anterior, realizan transferencias monetarias directas a los pobladores en dicha condición, como el caso de Colombia con el programa Prosperidad Social.

Las transferencias monetarias no son la única herramienta que tiene el gobierno para enfrentar la pobreza, también se destinan recursos para crear y mejorar infraestructura, y proveer de bienes o servicios necesarios a la población. En conjunto, todas estas medidas tienen como función mejorar la calidad de vida y reducir las brechas sociales y económicas, con metas establecidas y progresivas.

Sin embargo, se debe observar que en los últimos años se viene incrementando los recursos destinados a programas sociales e inversión en infraestructura, pero la pobreza no se reduce en la misma proporción. Se debería esperar que el impacto de los esfuerzos realizados sea más contundente.

Hasta antes de la pandemia, según el INEI, el 60.8% de los hogares en situación de pobreza tenía al menos un miembro beneficiado por programas alimentarios, condición que no cae desde el 2009. En tanto, del total de hogares del Perú con familias que no están en situación de pobreza, un 32.5% de esas familias tiene aún a un miembro que recibe transferencias.

Desde el 2012 al 2019 el porcentaje de la población en situación de pobreza venía reduciendo lentamente, pasando de 33.5% a 20.2%, cayendo 5%. Mientras que la pobreza extrema pasó de 9.5% a 2.9%, disminuyendo 11%. De otro lado, según el MEF, el programa nacional de apoyo directo a los más pobres pasó de S/822 millones a S/937 millones, incrementándose 14%. Como se observa, la reducción fue lenta en comparación al incremento de los recursos públicos destinados al problema social.

Debe señalarse que el mayor porcentaje de la población en condición de pobreza se encuentra en la zona rural de la costa y sierra ¿Tendrían los hábitos costumbristas algún efecto sobre las decisiones de consumo de la población? Aún no hay evidencia de ello, pero si lo hay en las transferencias que deben estar acompañados con otros programas de salud pública. Sin embargo, no caigamos en el juego anterior de “Héroe Protector” o del “Estado Benevolente”.

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