La problemática del gas ha sido tocada por diversos candidatos al sillón presidencial y, aunque pasen los años, la situación no parece haber cambiado mucho. Su rol como parte del desarrollo de las regiones, principalmente el sur, es innegable por lo que se piden reformas, revisión y renegociaciones de los contratos otorgados a las empresas que extraen este recurso, hasta algunos candidatos han mencionado su nacionalización.
Primero, antes de abordar las propuestas, vamos a conocer sobre la situación actual de la gestión de este recurso. Recogiendo el análisis en una columna de opinión de Epifanio Baca, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, se señala que, en 15 años de explotación, la mitad del gas ha sido destinado a la exportación a precios muy bajos; la otra mitad está dirigida al mercado interno, donde se emplea para la generación de electricidad y la masificación vehicular y domiciliaria. Sin embargo, según precisa Baca, esta solo esta enfocada en Lima, Callao e Ica, pues del millón de conexiones que hay en el Perú, el 90 % está en la capital.
En comparativa con países como Bolivia y Colombia, las redes de gasoductos cubren al 46% y 75% de su población, respectivamente. En cambio, en el sur de nuestro país, donde se encuentra este recurso, muchas familias no tienen gas en sus domicilios.
El coordinador de la ONG resalta la poca eficacia en dos proyectos que deberían ser priorizados como es “el proyecto de masificación 7 Regiones, para llevar gas por camiones a 113.000 familias de Cusco, Apurímac, Puno, Huancavelica, Junín, Ayacucho y Ucayali; se ha convertido en una verdadera mecedora manejada por Proinversión. Hace 7 años que se trata de hacer la concesión, sin resultados. En setiembre del 2020, la agencia pospuso una vez más la buena pro del proyecto. Asimismo, el proyecto de gas virtual por camiones, que abastecía las ciudades de Arequipa, Moquegua y Tacna, ha fracasado. El año pasado, la empresa concesionaria Naturgy anunció su retiro del mercado por falta de rentabilidad y acusó al Estado de carecer de “coherencia en la política de masificación del gas natural”.
Asimismo, el ex director general de Hidrocarburos, Gustavo Navarro, precisa que no se ha avanzado con la masificación del gas por un tema de centralismo, pues “las regiones no se cuentan con ninguna de las seis medidas promocionales que se aplicaron o que se siguen aplicando a Lima (como es el caso del subsidio FISE para las conexiones domiciliarias). Porque sin tener gas por gasoducto y dependiendo de GNL (que implica costos de licuefacción, transporte del GNL y regasificación posterior), las concesiones regionales actuales tienen un precio del gas natural para sus clientes que es mucho mayor que el que pagan los clientes de Lima e Ica”.
Por lo que concluye que si el esquema tarifario con subsidio cruzado desaparece en las regiones y las condiciones que se aplican para el uso del gas natural en esas regiones no guardan equidad con respecto a lo que se hizo en Lima, no se logrará la prometida masificación y la industria regional seguirá ahogándose o trasladándose a Lima o Ica dónde si tiene acceso a energía barata y abundante.
Recuperación de la soberanía sobre el gas y creación de una autoridad de masificación
Durante la primera vuelta electoral 2021, la candidata por Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, hizo énfasis en la masificación del uso del gas para todos los peruanos pues “no es posible que, en Bolivia, el 40% de familias tenga conexión de gas domiciliario; en Colombia alcanzan la cifra del 60% de la población con gas en casa, y nosotros, teniendo una reserva de gas no lo usamos. Vamos a realizar el gasoducto del sur que está botado desde el 2017 para masificar el uso del gas en el país”.
Para ello, anunció la creación de una Autoridad Nacional de Masificación de Gas que sería la encargada de invertir y llevar este insumo a las provincias más alejadas del país.
“Desde que he sido congresista hemos defendido siempre ese recurso (gas) que está en nuestro territorio, que primero debería beneficiar a nuestro pueblo como es el gas de Camisea, que viene siendo explotado hace más de 15 años y seguimos pagando el balón de gas más caro de América Latina, por eso empezaremos con la recuperación de la soberanía de nuestros lotes de hidrocarburos”, mencionó Mendoza como propuesta en la primera vuelta electoral.
Renegociación de contratos
La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en su exposición en el debate en Chota 2021, no descartó la posibilidad de revisar las cláusulas de los contratos de distribución de Gas y del sobre costo de este recurso en el mercado interno.
Esto va en línea con lo manifestado en la campaña del 2016, cuando era también candidata presidencial, de “recoger la propuesta del ex postulante por Acción Popular, Alfredo Barnechea, de renegociar los contratos de explotación de gas”.
Para el 2016, según estudio de Datum, el 76 % de la población estaba de acuerdo con la revisión y renegociación de los contratos del gas con empresas extranjeras, teniendo el sur, zona de donde principalmente se extrae este recurso, el 72.3 % de aprobación.
Sobre el punto de renegociación de contratos, el economista Humberto Campodónico señala en su columna de opinión que “los contratos se pueden renegociar. No están tallados en piedra. El gobierno puede, y debe pedir la renegociación de algunos contratos-ley lesivos al interés nacional”.
Recordó, asimismo, el planteamiento de renegociación del entonces candidato Barnechea: “En la campaña presidencial del 2016 Alfredo Barnechea planteó la renegociación del contrato de exportación del gas del Lote 56 a México, debido a que los bajos precios −negociados en el contrato con Perú LNG y con México− causaban perjuicio al país. PPK se opuso. Y durante su mandato todo quedó tal cual”.
Nacionalización del gas
Una de las acciones que ha mencionado el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, es la nacionalización de los principales yacimientos mineros y de hidrocarburos, como el gas de Camisea. Según Castillo, esto permitiría triplicar el presupuesto para el sector educación.
Este punto fue puesto a análisis por diversos especialistas como Gustavo Navarro, socio director de Gas Energy quien declaró para un medio local que “Pocas personas conocen que los lotes 88 y 56 de Camisea pagan las regalías gasíferas más elevadas de la selva peruana. Con este dinero Cusco ha recibido S/1 millón al día desde el 2005 y ahora recibe US$1 millón diario”.
El costo de la nacionalización del gas de Camisea, por tomarlo como ejemplo, según indicaron fuentes del Ejecutivo para el diario Gestión, motivaría una demanda internacional de US$ 7 mil millones, fundamentadas en las inversiones efectuadas por Camisea desde el 2000.
El exministro de energía y minas Carlos Herrera Descalzi comentó para El Comercio considera que la nacionalización de Camisea sería un mejor negocio para el consorcio liderado por Pluspetrol que para el Perú, debido al alto costo de la expropiación y al menor beneficio que el país podría obtener de un yacimiento con reservas declinantes tras 20 años de explotación continua.
“Hoy, Camisea tiene la mitad de los recursos que tenía cuando el contrato se firmó hace 21 años, sobre todo, en líquidos de gas natural (materia prima del gas licuado) que es lo que sostiene al consorcio”.
Propuesta legislativa: Inmediata renegociación de contratos y desarrollo de industria petroquímica
En el 2019, el congresista Manuel Dammert propuso la inmediata renegociación de contratos de exportación de gas de Camisea con México; establecer los derechos de soberanía del Perú sobre el gas y el etano; y suscribir el convenio Perú-Bolivia para la masificación del gas peruano en el sur peruano.
El legislador comentó, asimismo, la necesidad de un gaseoducto integral del sur peruano y el complejo petroquímico asociado, así como el respeto de los derechos de soberanía del Perú sobre el gas.
En cuestión de renta, mencionó que el Perú pierde de 20 a 25 millones de dólares, pues “en el Perú no se separa el etano del gas y se exporta con todo, con lo cual se pierde una importante veta para el desarrollo nacional, por ello se propone declarar al etano propiedad de la Nación y darle la posibilidad de negociar en función de los intereses del país”.