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viernes, mayo 24, 2024

Las limitaciones del modelo keykosiano

En artículos anteriores hemos destacado la improvisación y desconocimiento del Estado de Derecho y de Gestión Pública  que acompaña al candidato de Perú Libre, limitaciones riesgosas que, a pesar de ser evidentes, no han significado una caída de popularidad o en las encuestas; al contrario de lo esperado, estadísticamente se mantiene y, en algunos casos, crece lentamente, por lo que cabe preguntarse sobre la relación causal entre las variables improvisación y desconocimiento con las de mantenimiento y crecimiento estadístico, para lo que en las líneas que siguen esbozamos algunas respuestas, las mismas que parten del supuesto de que la propuesta de la candidata de Fuerza Popular está signada por limitaciones que impiden su avance a un mayor ritmo.

En principio debemos determinar ¿qué es lo que esta en juego el 6 de junio, los candidatos o un modelo económico y político? A tenor de lo argumentado hasta el momento, lo que estaría en cuestión sería el modelo económico y político que se formalizó jurídicamente con la Constitución Política de 1993, por lo que corresponde determinar si éste, a través de los distintos gobiernos sucedidos, ha sido eficiente en dichas dimensiones. Veamos algunas de ellas.

En primer lugar, es innegable que, ante el Estado interventor que comenzó a gestarse en los cincuenta con la aplicación de las recetas de la CEPAL, y que alcanzó su auge en los setenta con el Gobierno Militar, y cuya crisis duró treinta años, el modelo estatal que lo sustituyó desde la década de los noventa, sustentado en el Consenso de Washington, constituyó no sólo una salida a la crisis, sino también un reimpulso al desarrollo del capitalismo en el Perú, lo que se tradujo en tasas de crecimiento importantes, reducción de la pobreza, modernización del Estado y vinculación del país al mundo.

Pero, el modelo inicialmente exitoso por el crecimiento económico no fue capaz de modificar la estructura productiva primario exportadora, ni generar un dinámico proceso de redistribución, ni una eficiente inversión pública en los tres niveles de gobierno, viabilizando la concentración de la riqueza en determinados sectores de la sociedad. La mejora del país es innegable en relación con las décadas pasadas, pero, al igual que las reivindicaciones, las demandas por mejoras van subiendo de escala.

En segundo lugar, tenemos la comprensión del rol del Estado. Sostener, hasta el presente, un discurso anti Estado y anti burocracia condujo a debilitar los sistemas administrativos en todos sus niveles, por lo que a la fecha y, a pesar de los esfuerzos de SERVIR, carecemos de carrera pública, lo que condujo al constante relevo de personal y a la subsiguiente pérdida de conocimiento y experiencia en la administración, lo que se tradujo, entre otras cosas, en la ineficiente inejecución de gasto, con lo que tanto el Estado, como el modelo, fueron perdiendo legitimidad. El problema del Perú no es la falta de recursos, sino el de gastar con eficiencia los que tiene.

En tercer lugar, se encuentra el autoritarismo. Si hay un culpable de la situación actual definitivamente es la candidata acotada, y los parlamentarios que salieron elegidos la última vez que postuló a la presidencia de la República. Durante varios años sólo se dedicaron a des-institucionalizar el país, a pesar de tener la oportunidad para constituirse en una oposición responsable y de innegable relevo, hecho que hubiese fortalecido al modelo. Es excepcional que en ese período haya existido consonancia respecto del modelo en el Ejecutivo y Legislativo, era el momento de dar el salto, la gran oportunidad del país, el cambio cualitativo en democracia; pero no, más pudo el egoísmo; hechos que en la mentalidad colectiva se sumaron a la dictadura que implantó el padre de la candidata, con lo de se configuró una solución de continuidad autoritaria entre padre e hija.

En cuarto lugar, tenemos la limitada capacidad de convocatoria. La apuesta de Fuerza Popular ha sido por personas y no por organizaciones, con lo que ha terminado reciclando a algunos cuadros cuestionados y sostenido conversaciones con otras organizaciones políticas, pero ha sido incapaz de estructurar un Frente Único en defensa del modelo, subestimando con ello la gravedad de la situación y al adversario. La propuesta debió ser la de un gabinete y equipo de gobierno multipartidario, la de renunciar al control absoluto de la gestión, para aceptar el cogobierno en la misma vía, no la de incorporar personajes aislados que al final son intrascendentes. Pero, además, se debe tener la hidalguía de acercarse e incorporar a los contarios de siempre. Esta es la oportunidad para rehacer los espacios de mediación entre ciudadanía y gobierno, como son los partidos políticos.

Un quinto aspecto es el tema de la ética pública. En este extremo es palpable la dificultad que tiene la candidata y su organización política para constituirse en portadores de la ética, las razones son muchas y conocidas, por lo que el reto es aún mayor. Una de las vías podría ser el de delegar en otros la formulación de la propuesta del próximo Contralor General de la República; fortalecer el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional.  El tema no es manifestar si se es, o no corrupta, sino cómo probamos que evitaremos caer en dichas conductas cuestionables, pero además que no se tolerarán.

El tiempo se acorta y nada aún esta decidido; superar las limitaciones de su propuesta política implicará comprender la magnitud de lo que se definirá el 6 de junio y, en consecuencia, ir más allá de lo que el ánimo le permita a la candidata y a su organización.

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