Tras ser aprobada por insistencia el 18 de marzo la ley N° 31143, Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, conocida como la “ley contra la usura” o “ley de topes crediticios”, establece límites a la tasa de interés en los créditos de consumo y para las pequeño y micro empresas. Los usuarios que serían beneficiados con esta normativa serían los consumidores, personas naturales y las pequeño y micro empresas. Por su parte, las entidades financieras bajo las que rige esta normativa son bancos, cajas, financieras, caja de valores y cooperativas de ahorro y crédito.
La entidad encargada de establecer los limites a las tasas de interés es el Banco Central de Reserva (BCR), y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) es la entidad encargada de la supervisión y penalidades a las entidades del sistema financiero que no se rijan bajo la norma.
Desde el Ejecutivo, se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante Tribunal Constitucional; al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, comentó que “esta ley es muy bien intencionada, se ha intentado practicarla hace 80 años en 20 países, nunca ha resultado, y por esto estamos presentando la demanda ante el Tribunal (Constitucional) para que declare inconstitucional esta ley por ser mala e inconstitucional”.
Además, señaló que una fijación de las tasas de interés solo traería una racionalización en el otorgamiento de los créditos, porque ya no se les prestaría a los clientes pequeños que son de mayor riesgo, y solo se les otorgarían préstamos a los clientes más solventes.
Alcances iniciales de la ley
Entre los principales alcances de esta ley es fijar el tope a la tasa de interés moratorio en los servicios financieros de las entidades supervisadas por la SBS, hasta ahora estas tasas no contaban con un tope; es decir, las entidades financieras podían aplicar cualquier monto.
De aplicarse esta ley, la tasa de interés moratorio sería el equivalente al 15% de la tasa promedio del sistema financiero para créditos a las microempresas (38.4 %), por lo que la tasa moratoria sería de 5.76% anual.
En ese sentido, el BCR en un comunicado señaló que el máximo de la tasa de interés es de 83. 4% para el periodo mayo a octubre, y que la vigencia de estos topes regirá a partir del 10 de mayo para empresas bancarias, desde del 1 de junio para las cajas municipales y desde el 1 de julio para cajas rurales y el resto de entidades del sistema financiero.
Asimismo, la ley da poder al BCR de fijar tasas de interés compensatorias máximas y mínimas para las siguientes operaciones: créditos de consumo (otorgado a personas naturales); crédito a pequeñas empresas (préstamos para financiar las actividades para el sostenimiento de la pequeña empresa a personas naturales o jurídicas cuyo endeudamiento es superior a S/ 20,000 pero no mayor a S/ 300,000, en los últimos 6 meses); crédito a micro empresas (endeudamiento no mayor a S/ 20,000) y créditos de consumo a bajo costo (hasta 2 UIT, S/ 8,800).
Además re-tipifica como delito la usura que ya se encontraba en el Código Penal (Art. 214); este delito solo se aplicaba a operaciones de crédito que estaban fuera del sistema financiero. Desde que el BCR establezca los limites a las tasas por tipo de operación, las entidades que no respeten las normativas serán procesadas y sancionadas bajo este delito.
Implicancias de la ley
Si bien desde el 10 de mayo empezó a regir esta normativa para los bancos, se debe precisar que para las personas que cuentan con una tarjeta de crédito, este tope iniciará con el ciclo de facturación que empieza en junio, desde esa fecha todo lo que consuma con su tarjeta, la entidad bancaria no podrá excederse en el cobro de interés del 83.4 % o la SBS sancionará al banco.
“En los nuevos consumos que tú hagas en el ciclo que empieza en junio, en una compra o una disposición de efectivo, ahí ya no te pueden cobrar más del 83,4%. En todos los casos es solo para nuevos créditos y consumos con tarjeta, los antiguos se mantienen con la tasa que tenían”, comentó Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School al diario La República.
Según compartió Carrillo a ese mismo medio, al menos 6 entidades bancarias se verían obligadas a reducir sus tasas de interés para no exceder el límite establecido, entre las que figurarían Mibanco, Banco Pichincha, Banco de Comercio, Banco Falabella, Banco Ripley y Banco Azteca. “Banco Falabella y Banco Ripley de todas maneras [superan el límite], porque tienen tarjeta de crédito y a veces tienen tasas enormes. De los 16 bancos, unos seis harían un ajuste en sus tasas de interés en algunos créditos especiales (…). Sin embargo, donde se vería un mayor ajuste sería en las microfinancieras, que son las que otorgan créditos con mayor riesgo y, por ende, cobran una tasa de interés más elevada que los bancos”.
Litigios
Según comentó Rafael Alcázar para Gestión, esta ley no aplicaría para los contratos de crédito celebrados antes de la publicación de la ley, “respecto de relaciones que están en curso aplica la ley que estaba vigente al momento en que se firmó el contrato de crédito. La nueva ley publicada no debe tener un efecto retroactivo”, señaló.
Alcázar mencionó que, pese a que la norma no es retroactiva, se va a generar mucha discusión acerca de su aplicación.
“Hay una posibilidad de que las personas vayan al Poder Judicial a efectos de modificar sus contratos vigentes amparándose en la nueva ley…esta ley no debería aplicar a las relaciones jurídicas vigentes, pero, que habrá alguien que intente sustentar una interpretación distinta en el Poder Judicial, lo habrá”.
Demanda de inconstitucionalidad
Como se mencionó inicialmente, el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por esta ley aprobada por insistencia por el Parlamento. Según declaraciones públicas del ministro de Economía, esta norma “es inconstitucional debido a que por ley el Banco Central de Reserva (BCR) solo puede fijar las tasas máximas de interés de manera excepcional. La propuesta legislativa señala que el BCR fijará las tasas máximas y mínimas “en forma semestral”, de manera que ya no sería excepcional y por lo tanto es inconstitucional”.
Además, señaló que una fijación de las tasas de interés solo traería una racionalización en el otorgamiento de los créditos, porque ya no se les prestaría a los clientes pequeños que son de mayor riesgo, y solo se les otorgarían préstamos a los clientes más solventes.
“Entonces los bancos y financieras van a racionar el crédito, quienes van a quedar fuera, serán los más modestos, las mypes, porque las familias ricas serán los primeros de la cola, pero esa gente que necesita el crédito e irá donde los usureros”.
Sin embargo, César Huasaca Abarca, presidente de la Asociación Defensoría de Deudores Financieros del Perú, cuestionó la demanda presentada por el Ejecutivo pues es un pedido de los deudores de forma permanente. Por su parte, el congresista José Luna de Podemos Perú manifestó que “la denuncia carece de sustento técnico y moral, en otros países de Latinoamérica es una ley que está vigente, existen precedentes jurídicos internacionales al respecto”. Esto en referencia, según precisó, a que el Perú es uno de los pocos países en América Latina donde las tasas de interés no están reguladas.
Para los usuarios de las tarjetas de crédito y de consumo, las entidades deben sean privadas o públicas explicarle a sus clientes de manera clara y sin duda el uso de esta herramienta, los cargos y costos, lo que significa el interés compensatorio, lo que significa la mora y las cargas como el cobro por menbresía, lo que implica las tarjetas adicionales, la fragilidad de la seguridad de la tarjeta, los mecanismos que debe tener en cuenta para que evitar el Phishing, entre otras modalidades. No se trata de «vender un plástico» y nada más es irresponsable de parte de las entidades financieras y casas comerciales ir regando dinero plástico. Sobre el caso específico de los topes de las tasas, estoy de acuerdo. Hay mucho abuso y la SBS no hace ni dice nada en favor de los ciudadanos.