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sábado, noviembre 26, 2022

A reformar la Marina

En agosto de 2003, cuando se presentó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el periodista Gustavo Gorriti publicó un completo informe en la revista Ideele en el que se daba cuenta de la posición de las Fuerzas Armadas sobre los hallazgos de dicho grupo de trabajo sobre el periodo de violencia que vivió el país entre 1980 y 2000. El reportaje del veterano hombre de prensa dejaba una conclusión clara: el Ejército reconoció que existían casos en los que la responsabilidad de varios de sus hombres era evidente y tuvo una actitud colaboradora con la Comisión, pero no aceptó la conclusión de la CVR sobre la existencia de una política sistemática o generalizada para vulnerar derechos humanos en algunos lugares y momentos. En opinión de Gorriti, esta visión del Ejército se debe a una mayor reflexión sobre el rol de varios de sus hombres durante el gobierno de Alberto Fujimori y sobre el propio periodo de violencia.

¿Y sobre la Marina de Guerra? Según los entonces miembros de la institución en actividad, solo se reconocían los atropellos cometidos por un hombre polémico: Alvaro Artaza, conocido por su apelativo de “comandante Camión”, cuyo paradero es desconocido hasta el día de hoy. Otros casos que involucraban a miembros de la institución eran ignorados. Y sus críticas a la CVR eran mayores. Como dijo, en ese entonces, Gorriti, frente a la actitud de la Marina en torno al fujimorato: “no hubo un claro punto de quiebre, sino más bien una incompleta actitud adaptativa”.

El tiempo le daría la razón al periodista. Años más tarde, en los primeros años del segundo gobierno de Alan García, se conoció que miembros en actividad y en retiro de la Marina de Guerra protagonizaron escándalos en los que información de inteligencia pasaba a empresas privadas de seguridad. O, en otros, conformaron empresas de seguridad industrial que realizaban actividades de interceptación telefónica para diversas compañías privadas, a la par que realizaban exposiciones para políticos y empresarios sobre supuestas amenazas de izquierda a la seguridad nacional. Ideologías conservadoras y prejuicios frente a las organizaciones no gubernamentales – sobre todo, las ambientalistas y las defensoras de derechos humanos – se mezclaron con intereses crematísticos concretos y, a la par, se espiaba a políticos para conocer posibles casos de corrupción. Luego del caso Petroaudios – BTR, este tipo de ósmosis pasó a la historia, pero no necesariamente caducó el pensamiento rancio.

Esta semana, la evidencia de ello ha sido mayor. Como ha detallado bien el periodista Marco Sifuentes, sectores conservadores buscan impulsar al almirante Jorge Montoya como posible presidente del Congreso y, finalmente, de la República si es que se logra demorar la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que confirma la victoria de Pedro Castillo – o si, finalmente, logran vacarlo -. Asimismo, sendas investigaciones de IDL – Reporteros y Latina han dado cuenta que la mayoría de los firmantes de una carta de oficiales en retiro que pedía desconocer los resultados oficiales eran marinos y 13 de ellos fueron firmantes del acta de sujeción con el que Vladimiro Montesinos sometió a las Fuerzas Armadas en la época de Alberto Fujimori. Y, precisamente, Montesinos ha sido el protagonista del escándalo de la semana: 17 intentos de llamada desde un teléfono fijo de la Base Naval – 12 de los cuales fueron contestados – vinculados a un posible intento de influir en el resultado de las elecciones a favor de la hija de su exjefe.

Por tanto, resulta imprescindible que el gobierno de Castillo nombre a un ministro de Defensa que tenga, ante todo, una misión crucial: reformar a la Marina de Guerra del Perú

 

 

 

 

1 Comentario

  1. Lamentable articulo, una muestra mas de lo que viene sucediendo en el pais, atacar a una institución respetada por la integridad de sus miembros y su defensa permanente del pais. La posición de la Marina de Guerra siempre ha sido muy seria y digna con respecto al cumplimiento de su misión constitucional. Muchos peruanos tenemos serias criticas a la CVR por su informe sesgado, ideologizado y falto a la verdad, lo que ha traído como consecuencia el ataque permanente de las organizaciones no gubernamentales («ambientalistas» y las «defensoras de derechos humanos») a todos aquellos que pensamos diferente. Ahora nos toca a todos defender nuestras instituciones tutelares frente a la arremetida de fanáticos comunistas que pretenden destruir nuestra libertad y la posibilidad de desarrollo de nuestro pais.

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