Como hemos señalado antes, el VRAEM es prácticamente una “zona liberada” del Estado Peruano, un territorio en permanente disputa entre los carteles del narcotráfico, el estado de emergencia que empodera a la Fuerzas Armadas y Policiales, así como por las acciones del Militarizado Partido Comunista del Perú.
La migración de los carteles del narcotráfico del Huallaga hacia la cuencas cocaleras en Apurímac, Junín, Cusco y Ayacucho, dinamizó y amplio el cultivo de la coca, convirtiendo a la zona en una de las principales abastecedoras en la producción de las drogas, tanto así que el 60% de los cultivos eran para la hoja de coca y con una tendencia a crecer con mayores plantaciones.
Tan potente es la influencia de los dólares provenientes del narcotráfico que terminaron convirtiendo a la facción de los hermanos Quispe del MPCP, en el brazo armado de los carteles, no solo para cuidar las zonas con siembras, sino participar en el traslado de las drogas acopiadas de una zona hacia otra, antes de salir en camionetas, motos y avionetas hacia otras regiones y posteriormente al exterior que son tareas de otros, particularmente policias.
Con la finalidad de combatir el cultivo de la coca a los carteles del narcotráfico, el abandono y pobreza de la región, así como acabar con los rezagos terroristas, fue creado el VRAE a finales del 2006 y luego ampliado al VRAEM el 2012, con el objetivo de contar con varios frentes para la intervención del Estado: Desarrollo económico y social; seguridad y legalidad; y, comunicación y participación. De acuerdo a los ministerios y organismo spúblicos descentralizados, se requerían una inversión de 1,200 millones de soles, para empezar a resolver sus problemas. Como los presupuestos siempre llegan en partes o son multianuales como se denomina ahora, más allá de las buenas intenciones el proyecto nació siempre sin respaldo financiero en el presupuesto nacional.
Desde entonces a la actualidad, las diversas instituciones que intervienen y otras que han realizado un balance de este proyecto, tienen más o menos las siguientes conclusiones:
a) La estructura productiva básica de carácter agropecuario, con los cultivos de la hoja de coca, café y cacao en ese orden, no ha podido ser modificado; los productos alternativos en reemplazo de la coca no han frenado nuevas extensiones cocaleras, incrementando por tanto su producción y comercialización con una mayor oferta a los carteles que actúan en las zonas. Del mismo modo, tampoco se han desarrollado otros sectores económicos y servicios; lo real es que no hay una política integral y global en este aspecto, por lo que la estructura productiva sigue en función de la droga con una dinámica económica paralela que proviene de los dólares de los narcos. Tampoco se han modificado positivamente los indicadores de salud, educación, servicios básicos, entre otros.
b) En cuanto a la articulación vial y la comunicación, no hay avances sustantivos; varios de los valles se encuentran aislados respecto a sus regiones matrices; por ejemplo los distritos de Pichari y Kimbiri, más otros nuevos recientemente creados, tienen sus vínculos y relaciones comerciales, económicas, sociales, servicios con Ayacucho y no con el Cusco a quien ven con distancia. Considerando por otro lado que no hay políticas regionales concretas desde los Gobiernos Regionales con dichos ámbitos.
Sin embargo existe la paradoja, poco explicada o tal vez deliberadamente ocultada por la policía y los militares; cómo es posible que a una zona altamente vigilada con puestos y controles lleguen insumos en toneladas o en cientos de carros cisternas para la elaboración de droga. Es evidente que hay un corredor ilegal y protegido del que nadie y nunca se investiga y denuncia.
c) Finalmente a pesar de la presencia de tropas de las Fuerzas Armadas y Policiales, millones de dólares y soles destinados al armamento y su reposición, no se logra la pacificación y la derrota de los remanentes del MPCP. Es cierto que no hay crecimiento e influencia del narco terrorismo territorial y poblacionalmente; sin embargo, su sola existencia demuestra que ha fracasado la estrategia antisubversiva. Hay evidencias y denuncias que señalan que la prolongación terrorista, es una justificación para seguir manejando presupuestos económicos y favores políticos con las cúpulas limeñas del poder.
Esta breve aproximación al VRAEM demuestra que el Estado peruano no tiene capacidad real de gestión y administración territorial, militar, económica y política, para resolver el problema plenamente, tal vez por los siguientes desencuentros y contradicciones:
a) En la estructura del VRAEM hay competencia y paralelismo entre el control militar y civil, en el uso de los recursos y prioridades; mientras que para los uniformados la inversión en armas y su logística es su urgencia y modo de vida, para lo cual existe un solo mando y sus asistente lobistas, desde el lado de la inversión de los gobiernos regionales, provinciales y distritales no hay planes articulados y priorizados.
b) El fujimorismo a través de sus congresistas que representan a estas regiones trabajan hace tiempo en la creación de “una nueva Región VRAEM”, para lo cual vienen desmembrando provincias de sus regiones matrices, creando nuevos distritos en la zona para justificar legalmente la estructura de una región, por número de provincias y distritos, para lo cual existen incluso proyectos de ley.
c) Hay una campaña sostenida en los medios y grupos políticos para la prédica “autonomista” de sus regiones y la construcción de una nueva región del VRAEM; esta “clase política y dirigencial” tiene autoridades electas y financiadas por el narcotráfico para el Congreso, alcaldías y regidurías; que son de conocimiento público. Todo ellos es posible por la ley electoral y el sistema de partidos permisible para estos casos de narco política y narco estado en perspectiva.
d) Finalmente los gobiernos regionales interesados en otras prioridades, asignan pocos recursos, inversiones, funcionarios, infraestructura y servicios para estas zonas; tanto así que las fronteras reales se han disipado o no existen entre ellas; lo que exige una nueva política territorial y presupuestal para el VRAEM, si se pretenden volverla a la normalidad como el conjunto de las regiones en el país.
Los pueblos del VRAEM, los verdaderos sacrificados en este abandono por parte de los gobiernos y que sufren la presencia narco terrorista y los estados de emergencia militar, no deben ser motivo de campañas o estudios del caso, solo cuando surge matanzas o cae una avioneta de narcos, o hay una refriega nunca inconclusa de narcos, terroristas y las fuerzas del orden. Una tarea y agenda pendiente del país.