Parece que pocos le prestan atención a lo que dice, o piensan que no podrá ejecutar su plan de consolidación en el poder por cuanto asumen que Perú no es Venezuela; que los militares no lo permitirán, con lo que vuelve la mentalidad golpista a la escena nacional; o, que terminará por moderar sus propuestas -aunque hasta la fecha eso no ha sucedido- lo que exterioriza que estamos ante un candidato orgánico, lo que no aceptan quienes creen que él encarna la oportunidad de cambio esperado.
En nuestro caso, respecto de la última afirmación, asumimos que estamos ante un candidato orgánico, donde él, como miembro de una organización política cumple el rol que se le ha asignado, al igual que el secretario general y otros dirigentes, unaarticulación en la que se admiten las diferencias menores, pero no en el objetivo estratégico.
Por ello, para los que no creen en lo que se podría venir con un Gobierno de Perú Libre y de Pedro Castillo como presidente, es necesario construir el imaginario político-estatal de concreción de sus propuestas en caso gane las elecciones el domingo. Veamos.
Si la Asamblea Constituyente es la piedra angular para alcanzar el objetivo estratégico del nuevo pacto social, ¿Cómo impulsará el referéndum previo a dicha convocatoria si carece de mayoría parlamentaria? En sus términos, sería impulsándola de “abajo hacia arriba”, lo que significará la promoción y apoyo desde el Ejecutivo a la movilización social en distintas zonas del país, entiéndase paros regionales, tomas de carreteras, etc. a efectos de cercar y presionar al Parlamento después de lo cual presentaría la cuestión de confianza, siendo que ante la reiterada negativa a este podría “disolver el Congreso” generando con ello un nuevo proceso electoral, esta vez para elegir al Congreso que con seguridad sería afín a su ideario.
La recomposición del Congreso viabilizaría la convocatoria al referéndum, luego vendría la Asamblea Constituyente y finalmente la Constitución Política que proyectará en términos jurídico-políticos la nueva correlación de fuerzas establecida en el país. Por lo tanto, para alcanzar el objetivo esencial se requerirá de la instrumentalización de una vía política como es la presión social, y luego jurídica, la Asamblea Constituyente y la Constitución.
Con la Constitución promulgada se pasará a la segunda fase, reorganizar el Estado y la democracia, donde todo será y se hará de acuerdo con lo tantas veces afirmado de “abajo hacia arriba”, con lo que la democracia se convertirá en democratismo. En este orden, si seguimos la ruta del discurso, los ministros serán propuestos por las bases, generando la remoción de una gran cantidad de servidores públicos; todos tendrán derecho a todo, sin importar los méritos o nivel de profesionalización; los contratos celebrados por el Estado con las empresas concesionarias serán resueltos o declarados en caducidad; existirá ingreso libre a la universidad, sin filtro, con lo que éstas incorporaran una gran cantidad de estudiantes, sin mejora de infraestructura, ni ampliación del mercado laboral.
Lo descrito puede parecer difícil de alcanzar y, a la vez, teóricamente interesante; total, el tema de la democracia directa, que en la modernidad viene desde Rousseau y que constituye la racionalidad del poder de Perú Libre, siempre ha sido relevante en política; pero ¿qué implicará su implementación en el Perú?
En un país con institucionalidad frágil, como es el nuestro, la propuesta de Pedro Castillo y Perú Libre, luego de promulgada la Constitución Política en los términos de su ideario, puede abrir la puerta a la anarquía. Nada garantiza que el movimiento social y sus organizaciones tomen un rumbo democrático e institucional, más aún cuando la privilegiada condición electoral del candidato no responde a una presencia política organizada, sino a un sentimiento de rechazo de las mayorías nacionales a lo vivido en lo económico y político, un estado emotivo que, como todos, tiene un límite.
Otra consecuencia podría ser que con el nuevo pacto constitucional y la nueva lógica del poder se desinstitucionalice al Estado, tal como ya se ha manifestado casi desde el inicio de la campaña por la segunda vuelta electoral, escenario donde el objetivo inmediato serían los órganos constitucionalmente autónomos que son parte importante del control intersinstitucional, como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. No es casual que en su discurso los haya descalificado casi de inmediato. En la reorganización que se propone su existencia es inviable.
Con la Constitución Política promulgada y la reorganización del Estado en ejecución se allana el camino para implementar sus demás propuestas, tanto en lo político, como en lo económico, por cuanto el control estatal define el poder en la sociedad.
Lo hasta aquí descrito parece apocalíptico, pero es consecuencia de un análisis deductivo; sólo esperamos que no se realice.