Las feministas de Nicaragua, una voz incansable por la democracia y la justicia

El movimiento de mujeres nicaragüenses ha sido uno de los primeros movimientos sociales en denunciar con contundencia los abusos de poder y la vulneración de los derechos humanos que han caracterizado desde 2007 el gobierno de Daniel Ortega. Las organizaciones feministas, en particular, ocupan un papel destacado en esa lucha, porque llevan desde los años 90 señalando los abusos cometidos por el líder del FSLN en su vida familiar y en su carrera política, sobre todo desde que en 1998 Zoilamérica Narváez, hija de Rosario Murillo, denunciara a Daniel Ortega por abusos sexuales.
La penalización total del aborto, los actos públicos bendiciendo embarazos adolescentes, el desmantelamiento de la ley contra la violencia de género y de las Comisarías de la Mujer, el incumplimiento de las promesas de facilitar el acceso de las mujeres a la titularidad de la tierra, la desidia ante los feminicidios y el ocultamiento de los datos reales sobre las violencias contra las mujeres… son algunos de los aspectos que han evidenciado la política autoritaria del gobierno orteguista, contraria a los derechos de las mujeres.
Tras la insurrección cívica de Abril de 2018, la oleada represiva del gobierno ha impactado fuertemente en las feministas y defensoras de derechos humanos. La Iniciativa Mesoamérica de Defensoras (IMD) ha registrado 4,648 agresiones contra defensoras desde el inicio de la crisis, de las cuales 3,082 han ocurrido durante los años 2020 y 2021. Estas incluyen detenciones arbitrarias, amenazas (de muerte, violaciones o causar daños a familiares y en patrimonio), allanamientos ilegales a sus hogares, campañas de difamación, así como violencia sexual, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las privadas de libertad.
En el último mes en particular, en respuesta a las presiones internas y externas para lograr que las elecciones de noviembre de 2021 sean libres y justas, el gobierno ha desatado una ola represiva aún más intensa con la pretensión de allanar el camino hacia un nuevo fraude electoral. Así, en los primeros veinte días de junio han sido encarcelados cinco precandidatos presidenciales y más de una docena de dirigentes políticos, activistas sociales, periodistas y empresarios.
Entre los detenidos destacan las opositoras Violeta Granera, Támara Dávila, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez y Suyén Barahona, todas ellas dirigentes del partido UNAMOS (antiguo Movimiento de Renovación Sandinista-MRS). Su detención ha causado un gran impacto en la sociedad nicaragüense y en la comunidad internacional, particularmente la de Dora María Téllez, antigua compañera de luchas de Ortega e icono de la revolución sandinista de los años 80.
La mayoría de estas personas han sido detenidas bajo la Ley 1055, que desde finales del año pasado permite acusar a cualquier persona de trabajar para países extranjeros y fomentar la inestabilidad, sin tener que presentar pruebas. Estas últimas detenciones se suman a los más de 120 presos y presas políticas que permanecen actualmente en las cárceles orteguistas.
Pese a la persecución sufrida, las organizaciones feministas no han dejado de denunciar la violación de los derechos humanos de las mujeres, aunque han sido objeto de toda clase de agravios y campañas de desprestigio. “Hemos usado métodos pacíficos, pero hemos sido estigmatizadas por este gobierno, que ha alentado activamente los prejuicios y ha contribuido más que ningún otro a descalificar las demandas feministas. La idea era extinguirnos, intentaron hacerlo creando un contramovimiento de mujeres, pero no lo lograron. La represión ha sido fuerte, pero nosotras tenemos redes sólidas y una agenda muy madura que nos ha permitido sobrevivir”, decía María Teresa Blandón en 2018. https://www.pikaramagazine.com/2018/05/
Reunidas en la Articulación Feminista de Nicaragua (AFN), un espacio que aglutina a 19 colectivos territoriales y 5 redes nacionales, las feministas nicaragüenses han participado en las movilizaciones por la democracia y, sobre todo, han asegurado la protección humanitaria de las víctimas de la represión gubernamental. Junto con otras organizaciones, como el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos y la Asociación Madres de Abril, levantan la voz reclamando Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno orteguista.
Aunque desde la crisis de 2018 sus agendas se han visto opacadas por la urgencia de minimizar el impacto de las múltiples agresiones a la población y de los efectos del Covid-19, las feministas no han abandonado la denuncia de los femicidios y el monitoreo de la falta de atención institucional a las víctimas de la violencia machista. Con escasos recursos y mucha valentía, hacen todo cuanto pueden por poner el sello feminista a las agendas y propuestas de los espacios opositores.