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viernes, mayo 24, 2024

Libertad de expresión y prensa Vs los medios de comunicación

El Perú firmó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana entre otros tratados. La Carta Democrática en su preámbulo precisa que los tratados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: “(…) contienen valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia; asimismo señala: “(…) el carácter participativo de la democracia … [y que esta] contribuye a la consolidación de los valores democráticos …”; este tratado señala en su artículo 7: “La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos (…)”.
En este instrumento, se invoca a todos los Estados partes a fortalecer “el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el hemisferio”. No obstante, en el marco de las elecciones presidenciales hemos sido testigos de un uso excesivo de descalificaciones, sesgos descarados, desprestigios, agravios, términos violentos, etc. La campaña se ha trasladado a los espacios virtuales “Facebook”, “Twitter”, “WhatsApp”, “Tiktok” entre otras plataformas. No se les exime de ligereza, sin embargo, es una sociedad dividida y ha expresado con libertad, y ciertos excesos.
La preocupación mayor se centra en aquella prensa concentrada que demuestra poder económico en un número mayoritario de periódicos, radios, y canales de televisión que gozan de sintonía nacional. Esta circunstancia nos obliga a repensar conceptos como: “Democracia”, “Estado de Derecho”, “Equidad”, “Discriminación e igualdad jurídica” y “Libertad de Expresión y de Prensa” regulada en la Carta en su artículo 4. Habría que preguntarnos ¿El ejercicio pleno de Derechos Fundamentales tiene un límite para personas naturales o jurídicas?, haciendo un ejercicio de respuesta breve, consideramos que los límites de los derechos fundamentales están cuando se afecta el derecho. Entonces todo derecho conlleva un deber. Todos tenemos derecho a la igualdad ante la ley, a las libertades de información, al honor, a la buena reputación.
Nadie puede dejar de tener presente el artículo 19 de la Declaración Universal “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”; Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”; artículo 4 de la Declaración Americana “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión…”; Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión” respetando los derechos y reputación de los demás.
La Corte Interamericana tiene una amplia jurisprudencia en materia de Libertad de Expresión y Prensa; en el Caso Mémoli vs. Argentina (2013) en el párrafo 122 precisa: “(…) en el marco de la libertad de información, este Tribunal considera que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta sus opiniones. Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos. En consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes”.
Se puede ampliar estos conceptos en el Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia (2010) y en el Caso Fontevecchia D’Amico vs. Argentina (2011), entre otros. Sin embargo, parece que este proceso de elecciones generales atípicas en el marco del Covid -19 terminó por desnudar a una prensa siniestra con titulares tergiversados, francamente de “terror mediático”.
Sin embargo, esta prensa sola se ha generado desprestigio. En general, no hubo prensa objetiva y equitativa, y se despreció la verdad como concepto. Se ha observado una desinformación maliciosa e intencionada con fines electorales ampliamente a favor de uno de los partidos en contienda.
Más allá de la credibilidad que puede ser cuestionada por un sector u otro de la población, el tema de fondo es que la democracia se ve afectada; la prensa, en el marco de la libertad expresión y prensa, debería ajustar sus contenidos a la verdad y imparcialidad, y así todos contribuiríamos con la democracia, el Estado de Derecho y la eficacia de los derechos humanos.
No es posible que los medios de comunicación y determinados periodistas que son el rostro de estos canales afecten honras, la dignidad, el buen nombre y la reputación de personas honestas, que seguramente no tienen la misma propuesta ideológica, y no por eso deben ser expuestos/as a ese agravio continuo durante las 24 horas del día.
Considero que la Relatoría de Expresión de la OEA debería observar y recomendar, y porqué no convocar al Estado peruano para que informe si el marco legal peruano requiere adecuar su norma interna a los estándares internacionales recogidos en la amplia jurisprudencia de la CIDH para regular estos excesos, esta violencia verbal que ha llegado hasta discriminación racial de manera abierta y cínica.
Asimismo, conforme señala la doctrina de la CIDH, es necesario una pluralidad de medios de comunicación para la adecuada protección de la libertad de expresión, así como para el derecho de recibir información. Esperemos que la justicia nacional sancione a estos canales y periodistas mercenarios en las querellas que han hecho público las personas afectadas. En el año del Bicentenario, no podemos permitir que la impunidad acaricie “la libertad de expresión y de prensa”.
Esta conducta afecta a nuestra democracia frágil e ingenua. Se requiere conciencia para informar; no hay neutralidad ni ingenuidad del otro lado, se requiere fortalecer los valores democráticos y en esa tarea debemos comprometernos la sociedad, la academia, los medios de comunicación y periodistas, y la ciudadanía; esta defensa es de todos porque se pone en riesgo la eficacia de los derechos humanos. Finalmente, más allá de quién gane, se debe respetar los resultados. Nuestra sociedad merece un Estado democrático, garante de los derechos humanos y una ciudadanía informada con objetividad y verdad.

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