Por Víctor Shiguiyama
En medio de esta pandemia, se han revelado diversas debilidades en el funcionamiento del Estado que debemos corregir. Una enorme es la falta de transparencia en los datos e información para el debate público, para la discusión técnica y para la posiblidad que la académicos, periodistas especializados y tecnócratas puedan aportar en el análisis, ideas y propuestas. Y esa falta de datos no sólo se ha hecho dolorosa en la discusión de las estrategias de salud pública, sino en los ámbitos económicos, productivos, tributarios, financieros, sociales, entre otros.
Es por ello fue muy bueno que el MINSA haya decidido abrir la base de datos del Covid-19 que mantenía bajo rerserva. Las múltiples investigaciones, análisis y aportes de analistas y científicos es y será invalorable en esta crisis.
Las políticas públicas representan los principios que guían las acciones del gobierno para logar el bienestar común. Pero ¿cómo sabemos que funcionan?, ¿la cuarentena está logrando reducir el contagio?, ¿cuánto empleo se ha perdido en estas semanas de paralización?, ¿cuánto ha caído la recaudación de IGV en cada región?, ¿cuántas personas acceden al SIS y cuánto aportan como contribuyentes?
Hoy, esa labor es casi monopolio de los organismos del Estado, no sólo por ser una responsabilidad directa, especialmente de los Ministerios rectores, sino porque no hay acceso a los datos fuentes y en formatos procesables. Por supuesto se comparten cifras generales, pero para investigar y proponer con creatividad e inteligencia, muchas veces se requieren datos mucho más detallados y procesables, que sólo están disponibles a pocas personas del Gobierno.
Hace unos años, OECD planteó una iniciativa denominada Open Government Data (OGD) que busca impulsar la transparencia, la responsabilidad (accountability) y la creación de valor haciendo que los datos estén disponibles para todos. Los organismos del Estado recolectan y producen enormes cantidades de datos; entonces alentando el uso intensivo y la distribución gratuita de éstos, los gobiernos facilitan y promueven la creación de negocios, servicios innovadores para el ciudadano, y también la posibilidad de mejorar la calidad y evaluación de las políticas públicas, al permitir que los centros de pensamiento, academia y analistas puedan realizar una labor mucho más efectiva.
Muchas leyes que consagran políticas públicas no han sido evaluadas, sea por falta de recursos en los Ministerios o por intereses de los políticos de turno. Al poner el cuerpo de datos disponibles públicamente, no sólo lograremos que el análisis se realice de manera más oportuna, sino también lograremos una mayor transparencia en los criterios y motivos que tengan nuestros gobernantes al definir una ley, un proyecto o una decisión trascendental como las vemos hoy con esta pandemia.
La propuesta de la OECD establece que los datos deben ser compartidos en formatos que faciliten su procesamiento computarizado, y sin duda, debe haber excepciones cuando se trata de secretos de estado, o de garantizar mecanismos para no violar la intimidad o reserva tributaria, por ejemplo.
Un aspecto adicional que vale la pena anotar, es la aún poco explotada información del Comprobante de Pago Electrónico. Ya desde el 2011 SUNAT inició la transformación digital de los comprobantes de pago, y el 2019 se recibieron más de 2,000 millones documentos electrónicos, que representan el 85% del valor de venta y más del 60% de emisores. Con esta información y el uso de analítica de datos, SUNAT podría aportar innumerables modelos que permitirían, entre otros: i) determinar inflación nacional o regional (en realidad se podría hacer el cálculo distrital); ii) ritmo económico prácticamente en línea (que pronosticaría con razonable precisión el PBI que hoy se calcula con meses de demora); iii) posibles cárteles o concertación de precios; iv) cambios significativos de precios; v) posibles acaparamientos, considerando ritmos y estacionalidad de compras y ventas; (estos dos últimos puntos hoy en fuerte discusión por las medicinas); vi) variaciones de precios entre regiones y ritmos del consumo por distrito o sectores, entre otros.
Es una oportunidad valiosa para sumar miles de mentes al talento público dedicado al análisis. Además, un alivio de miles de horas de burocracia preparando informes individuales para cada pedido por transparencia, que hoy sobrecarga a los gestores públicos y que suele contener datos repetitivos y en papel. Y además, la diversidad de enfoques será un valor extraordinario para impulsar mayor calidad en la discusión y decisión de lo que aporta mayor valor y bienestar público. Y sin duda, también, un eje fundamental para la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Finalmente, y no menos importante, Perú tiene que transitar hacia una mayor institucionalidad y uno de los ejes es el Open Data. Es momento de discutir si nos interesa adoptar esta buena práctica internacional.