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sábado, diciembre 3, 2022

El dilema de la Constitución

Soy de quienes se encuentra entre los peruanos que considera que debe cambiarse la Constitución de 1993. Median para mi tanto razones de principio como serios defectos de la actual carta magna. Considero que un país democrático no debería tener un documento fundamental que fue elaborado por un Congreso Constituyente dominado por una mayoría al servicio de un gobierno que no calificaba como democrático. Y es evidente, a la luz de lo visto en los últimos cinco años, que hay varias cuestiones por afinar en el texto constitucional: bicameralidad, relaciones entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, reforma del Poder Judicial, cambio del mecanismo de elección del Tribunal Constitucional, elección escalonada de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, por solo mencionar algunas.

Sin embargo, tengo mis serias dudas que nos encontremos en un momento constituyente. Y no solo porque las encuestas lo señalan en forma clara. Sino también porque las prioridades en políticas públicas y en política son otras a la luz de hoy.

Es evidente que los esfuerzos del gobierno entrante se deben encontrar en dos cuestiones: continuar con los serios esfuerzos de vacunación que ha emprendido, con éxito, la administración saliente, así como mejorar la performance económica, así como las políticas públicas en materia social. Para hacer con éxito estas cuestiones, no se requiere de modificaciones constitucionales, sino afinar la capacidad del Estado y contar con ministros destacados.

Al mismo tiempo, Pedro Castillo no cuenta con los votos necesarios para hacer una asamblea constituyente en la única forma en la que es posible legalmente: modificar el artículo 206 de la Constitución. Apenas cuenta con los miembros de su bancada y los de sus aliados de Juntos Por el Perú. Los demás parlamentarios apuestan por reformas puntuales al texto fundamental o, simplemente, por no modificarlo en ninguna circunstancia. Por tanto, a menos que se busque una confrontación fuerte entre poderes del Estado, esta opción no resulta viable (y, de paso, tampoco la es la planteada por el abogado Enrique Ghersi para evitar una Asamblea Constituyente mediante un referéndum, una medida similar, pero de signo distinto, a la que andan pensando en Perú Libre).

Sumemos un elemento adicional, de índole política. Es probable que una Asamblea Constituyente no tenga, como muchos de mis amigos de izquierda creen, una mayoría progresista, sino más bien conservadora, lo que garantizaría que no se produzcan cambios en donde se requiere – el capítulo político de la Constitución – y, peor aún, que tengamos posibles retrocesos en los artículos vinculados a derechos fundamentales de las personas. Se ha hablado mucho del ejemplo de Chile, sin apreciar que, para poder arribar al actual momento constituyente, han requerido de varios años de puja política, colocación del tema en la agenda pública – mediática, intelectual y popular – y, finalmente, movilizaciones en la calle con dicha consigna transformada en bandera política.

¿Qué hacer? Pues la respuesta se encuentra en lo señalado ayer en el editorial del diario La República: “Hay que construir un nuevo consenso y eso no se hace teniendo como punto de partida un país polarizado y debilidad política. Establecer bases sólidas desde el Gobierno sobre aspectos constitucionales a partir de propuestas concretas, consensuadas y estructuradas, por ejemplo, por especialistas de las universidades del país, sería un buen punto de partida”. Esa es la única forma viable de colocar este tema en la agenda, hacia mediano plazo. Hay que partir de la realidad.

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