El SÍ de Alva y el NO de Mendoza
El 25 de agosto del 2020 el Congreso de la República aprueba la incitativa legislativa que buscaba habilitar el retiro de los fondos, de forma parcial o total, de los pensionarios del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), desde la voz del Ejecutivo catalogaban a esta medida de estar “atentando contra la naturaleza previsionales de los aportes, privándoles de obtener una pensión en la edad del retito. Se rompe de esta manera la razón de ser del sistema previsional”. Esta fue observada por el Ejecutivo quien derivó la ley al Tribunal Constitucional, organismo que la declaró inconstitucional el 4 de febrero del presente año.
Durante el periodo de tensión entre Ejecutivo y Legislativo por los fondos de los aportantes a la ONP, el Ministerio de Economía y Finanzas, a la cabeza de María Antonieta Alva, envía en septiembre del 2020 una opción de contrapeso ante el pedido de retiro de los fondos; el proyecto de ley N° 6114, donde se incluía una pensión de jubilación proporcional especial para los afiliados que tengan como mínimo 65 años y estén dentro del grupo que ha aportado durante no menos de 10 años y un segundo grupo superior a 15 años pero menor a 20.
El documento sustentado en sus 40 páginas resaltaba la importancia de cubrir a las personas con aportes menores a los 20 años debido a que son los afiliados de menos ingresos los que suelen hacer menos aportes, con lo cual se configura un elemento regresivo en el diseño al permitir que las personas más pobres subsidien a sus pares no pobres que si acceden a una pensión. Esto beneficiaría a 744 mil personas que, hasta entonces, eran parte de los 4.7 millones de afiliados a la ONP, pero no recibían dinero alguno al no haber aportado por lo menos durante 10 años.
Tras la vacancia a Martín Vizcarra, y por ende la salida de la ministra Alva, la renuncia en noviembre de Manuel Merino y la llegada de la presidencia de transición de Francisco Sagasti, se conformó un nuevo gabinete que situó a la cabeza del MEF al economista Waldo Mendoza, quien al revisar el documento presentado por su antecesora decidió dar un paso atrás y rechaza su aprobación, esto pues, según declaró entonces Hugo León, director de Pensiones del MEF, “no podemos dar viabilidad a los proyectos presentados (…) no hay cómo financiar la medida pues adolece de afectación de principio de sostenibilidad financiera”.
Cuestión de números. El proyecto propuesto en septiembre estaba destinado a un número de 744 mil personas dentro del universo de 4.7 millones de afiliados la ONP, los puntos a destacarse era la inclusión de un grupo de personas de 65 años que hayan aportado por lo menos 10 años hasta menos de 15 años, a ellos se le daría S/ 250 doce veces al año, y un segundo grupo entre aportantes de 65 años que hayan aportado desde 15 años hasta menos de 20 años, a quienes se les daría S/. 350 doce veces al año, ellos mensualmente entregan el 13 % de su sueldo a este Sistema Nacional de Pensiones. Esto, tal y como se puede apreciar en la gráfica a continuación presentada, se traduce en un costo en el primer año de 112 millones de soles.
Este monto de 112 millones de soles se encontraba dentro de la estabilidad presupuestaria considera por el MEF en el 2020, lo que, es más, representa al 0.06% del Presupuesto 2021 de S/ 183,000 millones.
Esta propuesta normativa, según resaltó el MEF en el 2020, no se contraponía a ninguna norma constitucional y tiene como efecto establecer disposiciones más beneficiosas para los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones.
Al respecto de la negativa por temas presupuestarios, el economista Humberto Campodónico precisó en su columna “Pensiones ONP: la tozuda negativa del MEF” que: “Eso no es cierto. Los S/ 112 millones (0.015% del PBI) son perfectamente financiables, como lo dice el PL 6114 al analizar el Costo/Beneficio. Más aún cuando el actual gobierno plantea tasas de alto crecimiento alto. No estamos hablando de una reforma integral del sistema de pensiones, público y privado, que le corresponde al próximo gobierno. Se trata de un compromiso ya asumido por el MEF para pagar a los pensionistas, que se van a seguir sin pensión, habiendo cotizado más de 10 años”.
Los cambios tras la creación de las AFP. Un punto también a considerar que nos recuerda el economista Humberto Campodónico es que en sí la edad actual de 65 años para recibir mensualmente una parte de las aportaciones del Sistema Nacional de Pensiones ha sufrido cambios con un enfoque que hace más complicado el recibir los fondos y deja las puertas abiertas para otro tipo de sistema pensionario: el Sistema Privado de Pensiones.
En 1973 se tenía el DL 19990 que permitía, incluso, a las personas que hayan aportado al Instituto Peruano de Seguridad Social (entidad anterior a la ONP) durante un mínimo de 5 años el recibir una pensión, asimismo la edad establecida era de 60 años para hombres y 55 para mujeres. En diciembre de 1992 el gobierno de Fujimori promulgó el Decreto Ley 25967, que modificó al 19990. Ahora, para tener pensión, los afiliados deben cotizar un mínimo de 20 años. También cambió la edad de jubilación: 65 años para hombres y mujeres. Esto abrió las puertas a las asociaciones privadas de pensiones creadas en noviembre del mismo año bajo el DL 25897 donde ya no hay un minino de años de aporte y la jubilación depende el monto de su cuenta individual.
Incluso, originalmente el trabajador contribuía con el 3% de las remuneraciones, complementándose con la contribución de los empleadores del 6%. Ello tuvo que cambiar, para que solo el trabajador pague el aporte. Al inicio, fue 11 % y, a partir 1997, el aporte es de 13% de su remuneración asegurable.
“El sistema fue cortado para que funcionen las AFP, ellos tienen el dinero cautivo y cobran comisiones. El problema con la ONP era que el gobierno usaba el dinero de las pensiones para la construcción de carreteras, hospitales, etc. La caja de la ONP se desfinanciaba no porque no hubiera suficiente cantidad de aportes, sino porque el gobierno tomaba esos fondos”, nos señala Campodónico, lo cual, ante la inseguridad en el manejo de los fondos de la ONP, daba un argumento a favor al diseño de las AFP.
El Congreso recoge la ley y la aprueba
Como se mencionó al inicio del informe, la iniciativa legislativa sobre el retiro de fondos de la ONP fue declarada inconstitucional y se mostró como una primera derrota del Congreso frente al ofrecimiento que se había realizado a miles de pensionistas. El escenario de pensiones se estancó tras la negativa de Waldo Mendoza sobre el 6114 y fue aquí donde el Congreso recoge nuevamente el documento estudiado por el MEF de María Antonieta Alva, lo debate y aprueba el 16 de julio, este es mandado a la presidencia y Francisco Sagasti, aunque con el viste negativo de Mendoza, decide aprobar la ley y apertura su entrada a vigencia.
Así, la disposición complementaria transitoria señala que pueden acceder a la pensión de jubilación proporcional especial aquellos afiliados que al momento de entrada la vigencia de la norma cuenten con 65 o más años de edad, a ellos se les permitirá otorgar pensiones proporcionales de S/250 por el periodo de doce veces al año a quienes tengan más de 65 años y efectuaron aportes entre 10 años y no lleguen a los 15 y aquellas personas afiliadas que contribuyeron entre 15 años y no llegaron a los 20, podrán acceder a una pensión de S/ 350 durante los doce meses del año.
Al respecto, Campodónico comparte que esta decisión se debió tomar desde un inicio, pues “todas estas personas han cotizado el 13% de su sueldo y esta ley elevó la posibilidad de recibir pensiones. Se creía (por parte de Waldo Mendoza) que las pensiones no pueden ser financiadas por el dinero del fisco y que significaría un gasto permanente, pero hay 744 mil personas que han cotizado y no habían recibido lo aportado”.
Se requiere una reforma integral. Al respecto de los puntos que aun quedan pendientes en materia pensionaria y que deben tomarse en cuenta para el próximo gobierno, Campodónico señala que se tiene que ir hacia una reforma integral del sistema de pensiones bajo un solo sistema con pilares público y privado, tomando en cuenta propuestas del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones. “El nuevo gobierno debe convocar a una Comisión de Protección Social junto a miembros del parlamento para que estudien la salida hacia una reforma del sistema de pensiones equitativa y bajo una pensión universal. Así como existe Pensión 65, debe haber una pensión universal con un monto inicial para todos los trabajadores, eso se ve en diversos países, es un acto de justicia”.