Dedicados a defender los derechos humanos desde los enfoques de interculturalidad, género y medio ambiente. Bajo esos tres pilares la organización “Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)” manifestó sus inquietudes ante el presidente de la República, Pedro Castillo.
Un claro ejemplo es que en Chumbivilcas se retomaron las protestas por compromisos incumplidos por parte de Las Bambas y el poder Ejecutivo. Las comunidades campesinas desde el lunes 16 bloquearon del corredor minero del sur.
Esto sucedió ante el preocupante panorama en donde Guido Bellido había prometido instalar una mesa de diálogo para el 11 de agosto, pero nunca se realizó.
Por eso, los miembros de dicha organización piden que se inserte una política contra la criminalización de la protesta y se garantice la protección para los dirigentes.
Otra situación es el de las víctimas de esterilizaciones forzadas. Recordemos que el pasado 12 de agosto, después de un año y 5 meses de pandemia, se llevó a cabo el encuentro de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de la Provincia de Chumbivilcas, en el distrito de Santo Tomás, con el acto simbólico del bordado de la bandera del Perú.
El objetivo de esta acción pública es recuperar la memoria colectiva de este caso emblemático de violación de derechos humanos y exigir, una vez más, verdad, justicia y reparación integral para las víctimas.
“Señor presidente, desde Cusco, las víctimas están esperando que cumpla su palabra y sus ofrecimientos de atender sus demandas”, exclamó Yulissa Casana, coordinadora de DHSF.
Los miembros de DHSF piden que se incorpore una política contra la criminalización de la protesta y se garantice la protección para los dirigentes.
“Lo que a mí me duele es que ni siquiera la minera, sino el Estado sea el que insista en que me castiguen. En mi caso, el gobierno volvió a apelar para ser parte del proceso. Eso debe cambiar. Nosotros protestamos porque pedimos responsabilidad social y ambiental de las mineras”, indicó Mauro Ascensio, exdirigente del distrito de Chamaca (Chumbivilcas), que lleva años en los tribunales. Se defiende de la acusación de delitos como disturbios tras una protesta que acompañó por presuntos daños medio ambientales por la actividad minera.
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