DE VILLANOS Y TUMBAS

Resulta sintomático que el Estado peruano no haya tomado ninguna previsión en 29 años sobre la decisión en torno al destino del cadáver del líder terrorista Abimael Guzmán. Era sintomático que Alberto Fujimori no lo hiciera, dado que, en un principio, pensó en la pena de muerte como salida, pero los argumentos jurídicos de parte de su gabinete y la necesidad de utilizar al senderista para fines de consolidación de un régimen autoritario lo disuadieron de lo contrario. Pero sí resulta cuestionable que los gobiernos democráticos que lo sucedieron no lo hicieran. Más aún cuando, desde julio de 2021, los medios de comunicación daban cuenta que las condiciones de salud del reo, quien buscaba hacer una huelga de hambre cerca a las nueve décadas de vida, habían empeorado drásticamente.

Como bien ha señalado el periodista Marco Sifuentes, una de las razones principales para no haber tenido este debate es “la histeria que se desata en un sector influyente de la sociedad cada vez que se discuten los temas derivados del conflicto armado interno”. Para decirlo claro, un sector conservador aspira a no explicar nada del periodo de violencia y no admitir la responsabilidad de agentes del Estado en hechos dolorosos y sangrientos, tanto con miras a consolidar una visión macartista del país como para llevar a categoría de héroes nacionales a personajes como los del Destacamento Colina.

Pero este tratamiento infame del legado del periodo de violencia tiene consecuencias. Llevamos varios días discutiendo un tema que, frente a otras preocupaciones urgentes del país, resulta menor. Pero, hasta el momento que escribimos esta columna, no tenemos una definición legal sobre el destino del mayor criminal de la historia peruana. Es claro que la normativa internacional sobre derechos humanos permite que, en casos especiales como éste, el derecho a la sepultura se relativice por un bien mayor: no tener un lugar que pueda ser objeto de culto o de atentado.

Pero, para ello, se requiere una ley y, hasta el momento, la discusión recién se acelera a partir de un proyecto legislativo presentado por el Ministerio Público. Desde un Poder Ejecutivo que pretendía hacerse el desentendido con el tema por los señalamientos hacia dos miembros de su gabinete por posibles cercanías con Sendero Luminoso y también desde el sector conservador parlamentario que pretendía aprovechar este momento con la delicadeza de un buitre también han anunciado la presentación de iniciativas para que, como ha dictado el consenso congresal, los restos de Guzmán sean cremados sin necesidad de una tumba.

El caso de Guzmán no es el único en el limbo. Esta indefinición legal tiene consecuencias directas para el resto de la cúpula de Sendero Luminoso, que ha sido condenada a cadena perpetua por el caso Tarata. Incluso para el caso de Víctor Polay Campos, líder del MRTA, si es que falleciera antes de cumplir su condena a 35 años de prisión.

Pero también ha llegado el momento de discutir si es que un destino similar debería ser aplicable a agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que Telmo Hurtado o Santiago Martin Rivas fallecen en Ancón? ¿Qué va a ocurrir con el ya enfermo excomandante general del Ejército Nicolás Hermosa Ríos, condenado por los casos ligados al Destacamento Colina? ¿O si Montesinos perece antes de 2026, cuando se cumple su última condena?

Y tal vez haya que, de una vez por todas, colocar sobre la mesa la discusión sobre la imposibilidad que  Alberto Fujimori, golpista confeso, vacado por incapacidad moral y condenado por asesinato, secuestro y casos de corrupción, tenga un funeral de Estado que no merece, por haber manchado la Presidencia de la República durante su ejercicio.