La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados rechazan recientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en El Salvador y urgen al Estado a respetar las garantías para la independencia judicial y de la fiscalía.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, el 31 de agosto de 2021, el Decreto No. 144, que establece reformas a la Ley de la Carrera Judicial, el cual entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
De acuerdo con la reforma aprobada en tiempo récord mediante dispensa de trámite, la carrera judicial se reduce de 35 a 30 años, y queda establecida la edad de 60 años como límite para el ejercicio de la magistratura.
Asimismo, el decreto en referencia incorpora la posibilidad de traslado de jueces y juezas mediante acuerdo del pleno de la Corte Suprema de Justicia cuando exista «la necesidad, en una determinada sede judicial, dada la complejidad y especialidad de los asuntos que ahí se traten», mientras la legislación anterior previa la hipótesis de traslado apenas «por razones justificadas de conveniencia del servicio».
¿Qué dice la nueva normativa?
Precisa que el pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá tomar las medidas pertinentes para cubrir las sedes judiciales que queden vacantes, facultándola a «realizar los traslados y nombramientos correspondientes, necesarios e indispensables» en tales sedes.
El Estado indica que «figuras como el traslado de jueces y magistrados por razones de conveniencia del servicio, estado de necesidad, jubilaciones, entre otros, son aspectos que ya se encontraban regulados en Ley de la Carrera Judicial, por lo que estas no son figuras que la actual legislatura haya introducido en el cuerpo normativo en cuestión».
Aunado a ello, en la misma sesión, el Poder Legislativo aprobó de manera expedita el Decreto No. 145, que modifica la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. La norma que entraría en vigor ocho días después de su publicación, establece la finalización de la carrera fiscal a las personas que hayan completado 60 años, debiendo «cesar inmediatamente en el ejercicio de sus funciones en la unidad organizativa en que se encontraren».
Inquietudes
Uno de la s principales preocupaciones de la Comisión y al Relator Especial de Naciones Unidas es la aprobación de tales decretos que afectan severamente el principio de la separación de poderes y la independencia judicial de los órganos de justicia.
Finalmente, los Relatores Especiales de Naciones Unidas forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo.
Mira aquí el comunicado de prensa.
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