La muerte de Abimael Guzmán, nos debe hacer recordar que el terrorismo ha sido un problema público que ha generado un daño irreparable en nuestra población y es momento triste y nefasto de la historia republicana; pero es importante que desde la gestión del Estado y del Gobierno hagamos lo suficiente para atender y luchar contra los rezagos o apologías o simpatías que pueden todavía existir; para lo cual debemos comprender al terrorismo como un conjunto de acciones, intencionales e ilícitas, que emplean, exaltan o hacen apología de la violencia con fines políticos en ocasiones para promover una ideología, religión o un proyecto; además estas acciones pueden tener la finalidad de instaurar el miedo en una población o emplear el miedo con el propósito de difundir un mensaje político y forzar la satisfacción de sus demandas[1].
Por ello, es necesario resaltar la importancia de contar con la Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Terrorismo 2019-2023 (aprobada por DS N° 023-2019-IN); que atiende al problema público identificado como “La existencia de individuos u organizaciones que realizan acciones terroristas de índole nacional o transnacional”; en función a lo cual se establecieron como objetivos prioritarios : a) fortalecer una cultura de paz en la sociedad; b) restablecer el ejercicio de derechos de personas afectadas por el terrorismo; y c) neutralizar las acciones terroristas y sus modalidades de índole nacional o transnacional en el territorio peruano. Como vemos, tenemos las orientaciones de políticas para alinear los esfuerzos multisectoriales[2] desde el Estado y la sociedad, para que este mal social no solo se atenué y acabe, sino genere un gran compromiso social de la ciudadanía para que no toleremos ninguna acción directa (acciones de carácter violento) y ni acciones indirectas (acciones de carácter no violento, principalmente las de agitación y propaganda, que tienen por finalidad difundir la ideología terrorista y crear temor en la población como parte de su guerra psicológica), en favor a de generar un ámbito mínimo de terror en nuestra sociedad. Nuestro PERU, no se merece nunca mas hechos de terror, como lo vivido en el periodo 1980-2000 y que fueron perpetrados por agrupaciones, como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, tanto en interior del país como en Lima Metropolitana.
A esto debemos también sumar, de manera complementaria el abordaje de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional (aprobada por DS N°005-2021-DE); que atiende el problema público de “alta vulnerabilidad de las personas y del Estado frente a las amenazas y preocupaciones a la seguridad nacional”, en donde la amenaza del terrorismo está incluida; teniendo como objetivos prioritarios garantizar la defensa de los intereses nacionales destinados a la paz y seguridad internacional; garantizar el normal funcionamiento de la institucionalidad política-jurídica- social en el país; y alcanzar las condiciones necesarias contribuyentes a la seguridad nacional
Aprovechando – como se ha descrito en párrafos anteriores – que tenemos políticas nacionales para atender y defendernos de este flagelo social que es el terrorismo; es importante que esta fecha permita generar la sensibilidad para que nuestra actual generación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; puedan comprometerse con el deber ciudadano y cívico que debemos inculcar siempre en nuestra población; para construir un Estado democrático, que rechace la violencia y defienda los derechos humanos, las libertades políticas y la igualdad; para ello debemos siempre tener presente la identificación de los conceptos vinculados a terrorismo; con alta sensibilidad social por aquellas personas afectadas por terrorismo y con un apoyo permanente a las acción publica que desde el Estado se hagan para neutralizar las acciones terroristas en cualquiera de sus formas. TERRORISMO NUNCA MAS.
[1] Tomado del DS N° 023-2019-IN. El concepto implicó una revisión y análisis de documentos desarrollados por organizaciones internacionales, normas legales y organizaciones académicas. Para mayor detalle, véase DS 023-2019, pp. 23-34
[2] De instancias como Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Policía Nacional del Perú, Instituto Nacional Penitenciario, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Poder Judicial, Ministerio Público, Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Defensoría del Pueblo y Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)