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martes, septiembre 21, 2021

Lava Jato, Cuellos Blancos y Dinámicos del Centro: Los casos de corrupción y su avance en las investigaciones

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Caso Lava Jato

En el 2013 la policía federal de Curitiba destapó una red de lavado de activos que operaba desde Brasilia y Sao Paulo. Las principales constructoras brasileñas —Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvao, UTC Engenhaira, etc.— habían montado un cártel que tenía como práctica regular sobornar a funcionarios públicos para conseguir contratos para obras de construcción e ingeniería con Petrobras.

Aproximadamente el 3% del costo de cada obra se desviaba en sobornos. El dinero era blanqueado en negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles. Luego era transferido a cuentas offshore a través de empresas ficticias y transacciones no registradas.

El 21 de diciembre de 2016 este caso de mega corrupción fue conocido por los países en la región. Ese día, el brasileño Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht, reveló al Departamento de Justicia de EE.UU. que pagó, para obtener licitaciones de obras públicas, aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos a gobiernos de 12 países, en su mayoría de América Latina.

En nuestro país, la figura clave para obtener la información sobre las obras que cayeron en las manos de la corrupción era el expresidente de la oficina de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, quien junto a otros representantes y exdirectivos de la empresa firmó el 15 de febrero del 2019 un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía que permitió la entrega de pruebas y testimonios. Además, la empresa se comprometió a pagar alrededor de 180 millones de dólares al Estado peruano.

Los implicados. En julio de 2017, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron los primeros detenidos preventivamente por este caso. La constructora brasileña señaló que aportó 3 millones de dólares para la campaña presidencial de 2011 de Humala, a fin de conseguir un trato de favoritismo en la selección de las empresas constructoras que estarían a cargo de importantes obras.

Sin embargo, la instancia final del proceso judicial retiró la prisión preventiva para los esposos Humala Heredia, ambos pasaron 9 de los 18 meses en prisión.

El 17 de abril del 2019 el ex presidente Alan García se suicidó inmediatamente después de que la policía interviniera en su domicilio a fin de acompañarlo a la carceleta.

El ex secretario personal de García, Luis Nava; y Jorge Barata agravaron la situación para el dos veces mandatario, pues lo sindicaron como el responsable de haber recibido de la empresa Odebrecht la suma de $ 4 millones para obtener el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

El caso hoy

En el 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia tras poco más de un año de asumir el cargo. Esto se tras las movidas del principal partido opositor, Fuerza Popular, buscara los aliados para lograr en segunda ocasión el pedido de vacancia por incapacidad moral. Actualmente, Kuczynski, de 82 años, cumple prisión domiciliaria por estar supuestamente involucrado en el caso “Westfield Capital”, vinculado a Odebrecht.

El jueves último, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial que ordene el impedimento de salida del país para el expresidente Kuczynski, por el caso de la Carretera Interoceánica Sur, en sus tramos II y III.

En su requerimiento, el integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato también agregó variar el mandato de comparecencia simple que se impuso inicialmente al exmandatario, cuando se le inició una investigación preparatoria por este caso.

Ahora, el magistrado pide que se dicte contra el expresidente de la República comparecencia con restricciones sujeta a reglas de conducta.

Otra de las personalidades que ha sido vinculada al caso – sin haber llegado a la presidencia -es Keiko Fujimori. En octubre de 2018, la líderesa fujimorista fue detenida preliminarmente por cargos de lavado de activos en el marco de investigaciones de aportes irregulares de campaña y del escándalo de corrupción Lava Jato, siendo liberada a fines de 2019 luego de que el Tribunal Constitucional le concediera un habeas corpus.

En enero del 2020 Fujimori vuelve a prisión preventiva luego que el juez Víctor Zúñiga indicara que, dado el pronóstico de pena mayor a cuatro años de prisión efectiva, hay riesgo de fuga. Al juez Zúñiga le llamó la atención que Fujimori y su esposo vivan hace siete años en un piso alquilado por el que pagan una renta alta que sería equivalente a una cuota de crédito hipotecario, «de acuerdo a la máxima de experiencia del común de los peruanos». Destacó que la pareja, pese a la posibilidad de mejorar su calidad de arraigo de posesiones y de domicilio por sus altos ingresos, no lo haya hecho. La excongresista fujimorista solo tiene registrada a su nombre una camioneta.

El pasado 31 de agosto, el Poder Judicial inició una audiencia de control de acusación contra la excandidata Keiko Fujimori y otros 41 involucrados por la presunta comisión del delito de lavado de activos en el caso Odebrecht. Esta es una etapa previa al juicio oral que será determinado tras otras audiencias.

La sesión estuvo a cargo del juez Víctor Zúñiga; por parte del Ministerio Público participa la fiscal adjunta Paulina Roque, de igual forma asisten los abogados de los acusados. El control de acusación se desarrolla en el marco de la investigación por los aportes a las campañas de Fuerza Popular del 2011 y 2016.

Caso Cuellos Blancos

Los CNM audios. Las primeras series de los conocidos “Audios de la Vergüenza” fueron difundidos el 7 de julio de 2018 por el portal web IDL-Reporteros. Los audios revelarían presuntos ofrecimientos de rebajas de penas, pedidos y agradecimientos de favores o negociaciones de ascensos de funcionarios.

Las escuchas telefónicas fueron autorizadas en el marco de la investigación por el caso “Las Castañuelas de Rich Port” en el Callao. El pedido de la fiscal de crimen organizado del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, que realizó el 22 de diciembre del 2017, fue admitida ante el juez de investigación preparatoria del Callao, Roque Huamacondor. Las escuchas telefónicas, a cargo del Grupo Constelación de la Dirección Antidrogas de la Policía, que se realizada a mafias vinculadas con el narcotráfico, extorsión y sicariato en el Callao derivó una investigación que implicaba a jueces y abogados denominado «Los Cuellos Blancos del Puerto».

En medio de las investigaciones, el Consejo Nacional de la Magistratura se negó a entregar documentación requerida por la fiscal anticorrupción Norah Córdova. Por su parte, el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza exigió la entrega de los audios y bajo advertencia ser denunciados “por delito de desobediencia a la autoridad” a IDL-Reporteros y Panorama.​ El entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, solicitó iniciar investigación a las «personas involucradas en la irregular divulgación».

En julio del mismo año, y de forma unánime, el Congreso aprobó que todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura abandonaran sus cargos por “causa grave”, tras la difusión de los audios.

En el 2020, en un informe elaborado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos (PPEDC) se encontró que 334 jueces y fiscales están vinculados en presuntos actos de corrupción a nivel nacional. Entre ellos, 42 tienen sentencias por delitos contra la administración pública. El informe denominado “Corrupción en el sistema de justicia: Caso Los Cuellos Blancos del Puerto” señala a 151 jueces y 183 fiscales.

También se señala que del total de magistrados procesados: 61 jueces y 15 fiscales son investigados por sus supuestos vínculos con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Entre los delitos más comunes por parte de los funcionarios se encuentra que el 72% está relacionado a cohecho y el tráfico de influencias.

De acuerdo a la Procuraduría Anticorrupción, se procesaron y analizaron 330 expedientes que se encontraban en etapa preliminar (57%), etapa preparatoria (20%), en juicio (4%) y con sentencia (19%), hasta junio de 2019. Sobre los magistrados condenados, la Procuraduría ha logrado obtener reparaciones civiles de hasta un total de S/ 1 millón 110 mil 750.

Imagen: RPP

El caso hoy

El 27 de agosto se dictó impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses al empresario Alberto Chang Romero, investigado por el delito de colusión simple y cohecho activo en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Según la investigación fiscal, Chang Romero habría concertado con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, para la contratación de sus empresas en la ejecución de obras por más de un millón de soles, esto a cambio de la entrega de donativos.

El 2 de septiembre la fiscal Magaly Quiroz Caballero, titular del segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Contra el Crimen Organizado, reveló que hay más de 50 mil nuevos audios pendientes de escuchar y analizar, que daría nuevas luces sobre el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Informó que desde que asumió el encargo, en marzo de este año, su despacho trabaja en el ordenamiento de la carpeta fiscal, lográndose importantes avances en las investigaciones, lo que habría motivado la reacción de quienes tienen intereses en que no se llegue a revelar la verdad en el caso y que hasta ahora han pasado desapercibidos.

El 8 de septiembre la Sala Penal Especial de Corte Suprema dispuso la prisión preventiva por 18 meses a la exjueza del Callao Ana Bouanchi Arias y el pago de la caución económica del S/ 50.000 al empresario César Dongo-Soria, investigados por el presunto delito de cohecho dentro del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El expediente N.º 9-2021-1 de la referida sala sostuvo que la imputación contra Bonuachi tiene sustento “en los diversos elementos de convicción, partiendo de la declaración del colaborador eficaz que relata los hechos criminosos, que se han corroborado con los actos de investigación citados por el JSIP”.

Ese mismo día, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió dejar al voto la decisión sobre la apelación de tutela de derechos solicitada por el exjuez César Hinostroza, en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. El pedido de Hinostroza Pariachi busca que se declare la nulidad de la formalización de la investigación preparatoria que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y organización criminal.

Caso Los dinámicos del Centro

El caso «Los Dinámicos del Centro» es una investigación que comenzó en 2019 en Junín para identificar a una presunta organización enquistada en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) del gobierno regional que se habría financiado a través de la emisión de licencias de conducir.

De acuerdo al Ministerio Público, “Los Dinámicos del Centro” es una presunta organización criminal integrada por 38 personas que operó en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín y que, entre abril de 2019 y junio de 2021, emitió licencias de conducir y trámites afines de manera irregular, a cambio del pago de sobornos. De acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción, entre los personajes de alto perfil en dicha organización se encuentran el actual Secretario de Organización Nacional, Arturo Cárdenas Tovar (44) y dos fundadores de Perú Libre.

En esa fecha, Vladimir Cerrón, presidente del ahora partido de gobierno Perú Libre, era gobernador regional de Junín. Cerrón es hasta la actualidad Secretario General Nacional del partido; mientras cumple la pena de cuatro años de prisión suspendida que le impusieron por actos de corrupción en su primer mandato como gobernador de Junín. Según la Fiscalía, ‘Los Dinámicos del Centro’ operaron, de manera parcial, durante la segunda gestión de Cerrón en dicha institución gubernamental.

El caso pasa a Lima. El pasado agosto, el fiscal superior Omar Tello determinó que el caso de Los dinámicos del Centro ahora sea investigado en Lima.

Esta decisión se dio en respuesta al pedido del procurador público especializado de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción.

Anteriormente, la Coordinación Nacional, a cargo de Tello, desestimó la solicitud de determinación de competencia especial, la cual fue formulada por la fiscal Bonnie Bautista.

Por intermedio de un oficio, Tello precisó que los presupuestos del caso son: organización criminal, gravedad, complejidad, repercusión nacional y/o internacional.

Además, se informó que el caso ahora estará a cargo del Cuarto Despacho de Investigación de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, despacho a cargo de la fiscal Vanessa Milagros Diaz Ramos.

Policía interviene locales de Perú Libre. A razón de las investigaciones por supuesto blanqueamiento de dinero, la Policía Nacional y la Fiscalía allanaron el 29 de agosto varios inmuebles del partido de gobierno Perú Libre. Esto tras aceptarse el pedido de los fiscales por parte de juez Juan Carlos Sánchez. En la pesquisa se retuvieron documentos encontrados en la casa de presidente del partido del lápiz, Vladimir Cerrón.

En los últimos meses el fiscal Richard Rojas ha incluido en la investigación al ahora Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

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