Desde su derrota en la segunda vuelta, el objetivo de la estrategia de la derecha es terminar a cómo dé lugar con el Gobierno elegido democráticamente por la población. Generan temor sobre inexistentes amenazas a la libertad y la democracia, que usan para ocultar sus verdaderas motivaciones: bloquear las reformas por las que votó la ciudadanía y recuperar un poder que consideran casi como un derecho adquirido. Para este poderoso bloque político, empresarial y mediático, la institucionalidad democrática es prescindible cuando se trata de defender sus intereses. En ese objetivo cuentan con el apoyo de los sectores más retardatarios de la derecha europea y latinoamericana, embarcadas en una cruzada global contra el fantasma del comunismo, en el mejor estilo de la Guerra Fría del siglo pasado.
Luego de un quinquenio de crisis en todos los planos, agravada a niveles inéditos por la pandemia, para todo aquel que no esté cegado por prejuicios ideológicos o la protección de sus privilegios es evidente la urgencia de promover cambios significativos en el orden impuesto en los noventa. La elección del presidente Castillo representa las expectativas de un amplio sector social y ciudadano que ha sufrido la exclusión durante la prolongada hegemonía neoliberal y cuya calidad de vida ha empeorado con el covid-19. Es una reacción contra las élites políticas y económicas que han gobernado el país por décadas.
El mensaje a la nación del presidente, la Política General de Gobierno recientemente publicada y el mensaje de investidura del Gabinete Vásquez demuestran lo absurdo del discurso que convoca a luchar contra una supuesta amenaza comunista. Lo cierto es que estamos ante un Ejecutivo que se propone impulsar un conjunto de reformas que reduzcan las profundas brechas de desigualdad y exclusión para generar bases nuevas e inclusivas que permitan una efectiva estabilidad política, social y económica.
Los crasos errores del presidente en la designación de algunos ministros y funcionarios le facilitan el trabajo a la derecha y se convierten en la excusa para ganar a la narrativa del miedo a otros sectores políticos e institucionales. La conformación de un nuevo Gabinete, una decisión audaz y acertada del mandatario, abre la posibilidad de transformar un mosaico de pequeños grupos, algunos actuando incluso en sentido contrario a la orientación presidencial, en una efectiva coalición de Gobierno, con un discurso y una narrativa articulada, con la capacidad de potenciar los avances en sectores clave y centrar la agenda en las políticas y reformas planteadas. No se trata de excluir sino de alinear al conjunto en una sola orientación y de mejorar la capacidad de gestión política frente a una derecha que no parece tener límites.
Cohesionar las fuerzas es importante, pero puede resultar insuficiente dada la dimensión de los desafíos que debemos enfrentar como Estado y sociedad. Algunos sectores entienden que ampliar la base social y política del cambio significa la derechización del Gobierno, pero lo cierto es que, en estos primeros meses, nada indica que esta sea la intención del presidente. Por el contrario, se mantiene en la izquierda y ha reafirmado de manera sostenida su voluntad de hacer realidad las reformas propuestas durante la segunda vuelta y al inicio de su mandato.
En este marco es necesario tender puentes a sectores que no forman parte del bloque de fuerzas gubernamentales. La prioridad deben ser los movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas que luchan, desde hace varios años, por las banderas que hoy forman parte de la política del Ejecutivo. Las organizaciones rurales, el movimiento magisterial y sindical, así como las plataformas de la sociedad civil regional y nacional pueden y deben cumplir un rol activo y autónomo para avanzar en la ampliación de los derechos de la ciudadanía, en particular de la más vulnerable.
Considerar esta prioridad no significa negar la importancia del diálogo y la construcción de acuerdos con sectores políticos democráticos para impedir el avance de la derecha autoritaria en las instituciones y crear condiciones para dar viabilidad a las reformas propuestas por el Gobierno.