Los candidatos electos el domingo pasado, que definirán la presidencia de Chile el próximo 19 de diciembre, no representan una sorpresa, sino una paradoja con el devenir político reciente. Las encuestas acertaron, en líneas generales, que serían el ultraderechista José Antonio Kast, que sacó 27.9% de los votos y Gabriel Boric, con 25,8%, quienes pasarían a la segunda vuelta. El triunfo de ambos candidatos es expresión del rechazo a las dos Alianzas que, con matices, administraron el modelo neoliberal heredado del general Pinochet durante las tres últimas décadas.
Dicha derrota se puso en evidencia en las elecciones del 15 y 16 de mayo, cuando se eligieron simultáneamente a los 155 delegados que conformarían la Convención (Asamblea) Constituyente –encargada de redactar una nueva Constitución–, a gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Ya entonces, ganaron los independientes y representantes de fuerzas de izquierda más radicales (Frente Amplio y Partido Comunista y otros menores agrupados en “Apruebo Dignidad”) que las que conforman la ex Concertación (Partido Socialista, Democracia Cristiana, entre otros).
Los representantes de los partidos de derecha agrupados en la lista oficialista “Vamos por Chile” no alcanzaron ni siquiera el tercio de votos, que les hubiera permitido ejercer el veto a los contenidos del texto. Apenas obtuvieron 37 escaños que representan el 23% de los votos. Peor le fue a la ex-Concertación agrupada en la lista “Apruebo” que obtuvo apenas 25 escaños (16% de votos). Esta fue sobrepasada por la lista “Apruebo con Dignidad”, que conformaron el Partido Comunista, el Frente Amplio –un grupo de partidos que nació de las protestas universitarias de 2011– y otros de menor envergadura. La lista obtuvo 28 escaños (18%).
La reducida votación por las listas “Vamos por Chile” y “Apruebo”, que corresponden a los partidos que gobernaron Chile desde 1990, fue contrarrestada, además, por el voto de los independientes que obtuvieron 48 escaños (31%). Si a los 48 representantes elegidos en las listas sin militancia política se añaden los 40 que se presentaron con cupos cedidos por partidos, en su gran mayoría de izquierda, los independientes representaron el 56,8% del órgano que redactará la nueva Constitución.
Los partidos de derecha no sólo sufrieron una derrota en la Convención Constituyente sino también en las elecciones de gobiernos regionales –realizadas por primera vez–, en las municipales y en las de concejales. No solo perdieron más de cincuenta de las 345 alcaldías y redujeron el número de concejales, sino que tampoco ganaron en primera vuelta ninguno de los 16 gobiernos regionales.
La nueva Constitución
La configuración política de los 155 delegados elegidos hizo suponer, entonces, que se escribiría una nueva Carta Magna, en la que el rol subsidiario del Estado sería reemplazado por uno más protagónico, que permitiera reducir las desigualdades que un imperfecto libre mercado profundizó y fue incapaz de mitigar.
Las múltiples reformas hechas al texto de la Constitución promulgada por Pinochet en 1980, desde el retorno de la democracia en 1990, no fueron suficientes para responder a los anhelos –sobre todo en materia de justicia social– de gran parte de la sociedad chilena. Los primeros resquebrajamientos del modelo se hicieron visibles en 2005 con la denominada revolución de los pingüinos y luego en 2011 con las manifestaciones universitarias. Pero el que daría lugar al golpe final del modelo económico fue el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 que cegó 36 vidas y dejó centenares de heridos.
Su persistencia y gravedad dieron lugar a que una nueva Constitución se convirtiera en la única salida que encontró el gobierno de Piñera para canalizar los reclamos sociales y preservar la democracia. En el acuerdo logrado con los líderes sociales para cambiar la Carta Magna, previa consulta popular, se establecieron algunos criterios mínimos como la definición de república democrática, la validez de las sentencias judiciales, la intangibilidad de los tratados internacionales y un quórum de 2/3 para la aprobación de sus normas.
En el referéndum de octubre de 2020, casi 80% de los chilenos no sólo había votado a favor de redactar una nueva Constitución sino, también, por hacerlo mediante una Convención Constituyente. Elegidos los delegados en mayo, esta se instaló el 15 de junio y tendrá un plazo máximo de un año para culminarla. Luego deberá ser ratificada en referéndum con voto obligatorio.
En la agenda figuran temas fundamentales como el régimen político y el sistema de gobierno, la descentralización, la plurinacionalidad, el funcionamiento de entidades del Estado como el Tribunal Constitucional y el modelo de desarrollo económico. En este ámbito se abordaría la autonomía del Banco Central, el fin a las privatizaciones, la implementación de un sistema de salud universal y el retiro de este sector y del de la educación de la esfera del mercado, el fin al sistema privado de fondos de pensiones (AFP), entre otros.
Asimismo, se buscará replantear las formas de producción de tal manera de darle un mayor valor agregado para dejar de ser sólo una economía extractivista, recuperar los recursos naturales y desprivatizar el agua. Algunos consideran que el sistema jurídico para la administración del agua establecido en la Constitución ha dado lugar a su privatización y mercantilización, lo cual viola el derecho humano a ese bien común, que jamás debió ser privatizado. Al respecto, advierten que el mercado del agua está en manos de las mineras, los proyectos inmobiliarios, los grandes cultivos de paltas, lo que determina que los pequeños agricultores carezcan de agua, igual que un porcentaje importante de la población.
La paradoja
El triunfo en primera vuelta de un candidato como Kast, con posibilidades de ser electo presidente, es una paradoja con relación a los acontecimientos políticos que derivaron en el multitudinario estallido social de octubre de 2019 y a las aspiraciones que se intentan plasmar en la nueva Constitución.
Kast es defensor del orden y de la mano dura. Al estilo de Trump, propone la construcción de una zanja en el norte del país para contener la migración. Reconoce su simpatía por Bolsonaro, Trump y Pinochet y si gana romperá relaciones diplomáticas con Venezuela y Nicaragua, además de retirar a Chile de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Su propuesta económica apunta a fortalecer el mercado y darle más libertad de acción y disminuir el rol y la participación del Estado. Además, propone reducir el impuesto a las empresas y reducir el gasto público con la convicción de que la estabilidad y el orden público generarán más inversiones y mayor crecimiento.
Si bien la realidad siempre supera cualquier especulación, algunas explicaciones de esta paradójica situación podrían encontrarse en la incertidumbre ocasionada por la pandemia, la crisis económica y el incremento de la delincuencia y la inseguridad, situación en la que un discurso de “orden y progreso”, –acompañado de un coro anticomunista– podría haber menguado la audacia que requieren los cambios. La elección de los delegados de la Convención Constituyente, hace apenas unos meses, hizo pensar que Chile enterraría el modelo neoliberal y empezaría a escribir una nueva página de su historia. Hoy, el camino es incierto.