El Gobierno anunció este fin de semana que a partir del 15 de diciembre todas las personas mayores de edad tendrán que presentar su carné de vacunación físico o virtual contra la covid-19 para ingresar a espacios cerrados.
Además, será obligatorio que toda empresa que tenga más de 10 trabajadores cuenten con sus dos dosis, de lo contrario no podrán operar de manera presencial.
Ante los cuestionamientos que ha recibido esta medida, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, envió un oficio a la premier, Mirtha Vásquez, advirtiéndole de la inconstitucionalidad que estaría incurriendo el DS 168-2021-PCM.
Tras conocerse esto, Augusto Tarazona, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, señaló para RPP que se trata proteger los derechos básicos de los ciudadanos y se respalda en normas legales como la Ley general de la salud, que «habla de la necesidad pública de algunas medidas sanitarias».
«Desde el punto de vista normativo puede haber algunos cuestionamientos; sin embargo, el derecho de las personas a la salud y a la vida prima sobre esos cuestionamientos que se viene haciendo«, enfatizó.
Así mismo, el funcionario del Minsa hizo hincapié que así como toda persona tiene derecho a no querer vacunarse, también, no tiene el derecho de contagiar a otras personas con el coronavirus.
Tarazona afirmó que esta medida tiene como principal objetivo evitar una tercera ola que atacaría a los no vacunados con mayor fuerza.
«Se trata de prevenir esta tercera ola porque en el mundo ya se ha demostrado que esa es la ola de los no vacunados. Hay mucha publicación científica donde se ha visto que el 80 o 90% de personas hospitalizadas son los no vacunados, sobre eso no hay mayor discusión científica«, comentó.
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