La premier Mirtha Vásquez notificó el pasado 19 de noviembre en Coracora, Ayacucho, sobre el cierre de cuatro minas en nuestro país. Según indicó la representante de la PCM, ya varias empresas mineras han sido responsables de la contaminación de las cabeceras de los ríos de esa zona. «Lo más preciado es el agua», apuntó.
Las unidades mineras que vienen trabajando desde hace varios años en Ayacucho y ya están en proceso de cierre son: Apumayo (de la unidad minera Apumayo S.A.C), Pallancata e Inmaculada (de la Compañía Minera Ares S.A.C.) y Breapampa (de la South America Mining Investments S.A.C).
El acuerdo en Coracora
“Nos estamos dirigiendo a Coracora para tratar de abordar un conflicto que se ha suscitado en la zona por las preocupaciones que tiene la población en relación a la actividad minera que está contaminando la zona…Estamos dirigiéndonos para conversar con la gente, ratificando nuestra intención como Gobierno de poder solucionar estos conflictos de manera dialogante”, fueron las palabras de Vásquez minutos antes de tomar el vuelo desde Huamanga a Coracora a fin de conversar con la población y dar un fin al paro iniciado en octubre en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara.
Inicialmente las manifestaciones se dieron en contra de la actividad minera en sus cabeceras de cuenca; luego una delegación del Gobierno llegó a la zona y los manifestantes aceptaron dialogar y levantaron las medidas de protesta en la zona de conflicto social.
La agenda, según el acuerdo, tenía tres puntos. Primero, el grupo que representará a las provincias expondrá las denuncias relacionadas con la contaminación del agua; luego expondrá las denuncias sobre las empresas mineras que afectan al medio ambiente. Finalmente, se hablará sobre proyectos de infraestructura: se buscará consensuar con las autoridades locales y el Gobierno Nacional un plan de desarrollo de las provincias del sur de Ayacucho. Estos puntos agendados fueron dialogados el 20 de noviembre con la presencia de la premier Vásquez, el viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, representantes de la Asociación Nacional del Agua (ANA), representantes del Ministerio de Agricultura y de la Secretaría de Diálogo de la PCM.
Los acuerdos. “Quiero anunciar que respecto a las 4 mineras que han ido señalando, no habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración. Vamos a exigirle que terminen y cierren, lo más inmediato posible”, relató la premier tras firmar el acuerdo con los dirigentes de las provincias del sur de Ayacucho.
Aquí, las partes acordaron la implementación de una comisión ejecutiva de negociación para determinar los plazos y términos del retiro y cierre de las mineras ubicadas en las cabeceras de cuenca, con el liderazgo de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Por eso, el Ministerio de Energía y Minas informará en la última semana de noviembre sobre el cronograma de reuniones con las empresas mineras Apumayo, Sami S. A. C, Compañía Minera Ares (unidades mineras Inmaculada y Pallancanta) para revisar el cierre de minas, así como también se evaluará la situación de otros proyectos mineros de la zona.
Por otro lado, el Minem presentará el 15 de diciembre un cronograma de visitas al entorno de las unidades mineras con participación de la población.
Además, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), visitará el entorno de la unidad minera Breapampa para realizar evaluación ambiental de causalidad a fin de identificar el origen de las fuentes de alteración ambiental. Se coordinará con las autoridades y organizaciones sociales los alcances de la participación ciudadana.
Asimismo, se coordinará con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el acompañamiento a los líderes y dirigentes sociales inmersos en procesos de investigación y denuncias penales por casos de protesta social.
Las reacciones: El grupo empresarial
Conocido el acuerdo, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y las empresas mineras Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa) expresaron su rechazo ante el cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho anunciado por el Poder Ejecutivo. Además, también se mostraron en contra del anuncio de que no habrá ninguna ampliación para procesos de explotación y exploración.
En conferencia de prensa el sábado último, los empresarios alertaron que esta “medida arbitraria de cierre de minas” ha sido anunciada como un piloto, es decir, que se pretendería aplicar en la totalidad del sector minero, lo que impactaría en desmedro de los más de 2 millones de puestos de trabajo que genera el sector, así como el 23% de la inversión privada, el 60% de las exportaciones del país y el 25% de los impuestos recaudados por el Estado
A este reclamo se sumó la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), quienes indicaron el último domingo que los anuncios del Gobierno son “contradictorios” y “generan inestabilidad”. En un comunicado rechazaron la decisión del Consejo de Ministros de cerrar cuatro operaciones mineras en Ayacucho.
“Estos anuncios vulneran el Estado de Derecho, al atribuirse la Primera Ministra facultades que no le corresponden de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, por ser competencia exclusiva de otras entidades públicas competentes. Igualmente es preocupante las acciones de la Primera Ministra que normalizan y justifican la violencia. Los mensajes erráticos y contradictorios del Gobierno continúan generando inestabilidad, incertidumbre y falta de predictibilidad”, se lee en el escrito.
Las reacciones: la comunidad
Este acuerdo ha contado con la firma de diversos grupos de la provincia donde se había coasionado el conflicto social, además del consejero regional del Gobierno Regional de Ayacucho, del alcalde de la Municipalidad Distrital de Alpabamba, Santos Calla Cayo; el vicepresidente de la Asociación Datary Huancute – Parinacochas, José Raul Centeno; de la Comunidad Campesina Lacaya Puyusca Parinacochas, entre otros.
Además, en diálogo con RPP Noticias, el asesor del Comité de Lucha Central contra la Contaminación Minera en Ayacucho, Willy Contreras, señaló que la premier ha escucha y atendido a las población afectadas.
“Estamos hablando de un conflicto minero ambiental que arrastramos más de 10 años. En ese sentido, creemos que el Gobierno actual, mediante la premier, no ha hecho nada anormal, sino escuchar y atender a las poblaciones afectadas por la contaminación minera. Lo que nosotros observamos es que los señores de la mina están acostumbrados a comprarlo todo hecho en el Perú”, mencionó.
De igual manera, al ser consultado sobre ejemplos de casos en los que las mineras no han cumplido con las obligaciones ambientales que les competen, Contreras mencionó el caso del desembalse del relave minero en la empresa minera Apumayo.
El 10 de marzo del 2015 hubo un desembalse del relave, quiere decir que se rompieron los diques del relave, y bajaron por el río Calicanto y casi entierran el distrito de Chavín. Sobre este tema hay publicaciones, hay denuncias, pero desde la empresa minera no se ha atendido este grave problema. Igualmente le puedo citar de que en la comunidad campesina de Huancute, en la provincia de Parinacochas, un ojo de manantial, de donde nace el agua, para la cuenca Huanca Huanca, una laguna hermosísima al día de hoy es igualmente un embalse de relave minero. Estos hechos concretos han acabado prácticamente con la biodiversidad en la cuenca de Huanca Huanca, en la cuenca Del Río Sangonera”, acotó.
Igualmente, la Red Muqui Perú, red de 30 instituciones nacionales y locales que buscan el desarrollo y defensa de las comunidades en áreas minero – metalúrgicas del Perú, respaldó el anuncio de la premier. En un comunicado señalaron que “no se puede ampliar ni dar más autorizaciones de operaciones mineras en cabeceras de cuenca, ya que afectan a los derechos humanos y ambientales de las comunidades”.
El factor ambiental: OEFA ya había sancionado a las mineras
En entrevista con Tv Perú, la jefa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Miriam Alegría, informó que a la fecha se realizaron 82 acciones de supervisión a las 4 unidades mineras ubicadas en Ayacucho, de las cuales muchas terminaron en sanciones.
“Hasta el momento, a estas cuatro minas en particular hemos realizado 82 acciones de supervisión. Obviamente, muchas de las acciones de supervisión terminan en procedimiento administrativo sancionador que finalmente en caso se determine la responsabilidad se imponen multas”, señaló la funcionaria.
En base a lo evidenciado en las supervisiones ambientales, Alegría señaló que en total se ha impuesto alrededor de una multa que asciende a 114.93 UIT, esto es un promedio de 505.692 soles. “En total las multas impuestas a estas 4 unidades más o menos asciende a medio millón de soles”, enfatizó.
OEFA informó que estas multas fueron pagadas. A detalle, se impuso 75.971 UIT a la unidad minera Inmaculada de la Compañía Minera Ares S.A.C.; 20 UIT a la unidad minera Pallancata de Compañía Minera Ares S.A.C.; y 18.942 UIT a la unidad minera Apumayo de Apumayo S.A.C.
Según pudimos revisar en la consulta de la OEFA, la Compañía Minera Ares S.A.C en los últimos 10 años y en Ayacucho, cuenta con 15 expedientes por disposiciones incumplidas dictaminadas por la OEFA; Apumayo cuenta con 7 expedientes y South America Mining Investments con 1 expediente.
El viceministro de Minas abre puertas para la ampliación
En entrevista con Punto Final, el viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, quien acompañó a la premier a Coracora para firmar el acuerdo, señaló que las empresas mineras involucradas pueden solicitar la ampliación de los plazos de cierre de minas, a través de las entidades competentes, en el marco del cumplimiento de la ley.
“En cualquier momento pueden solicitar su ampliación a las entidades competentes”, afirmó en el dominical.
Refirió que estas cuatro operaciones mineras tienen fechas para el cierre progresivo, cierre final y para postcierre y que de ninguna manera se está vulnerando el cumplimiento de esas fechas. “Esto no significa que yo pongo un letrero de cerrado, porque eso no se da, no hay un cierre unilateral, es un acompañamiento que se da en el proceso regular que tiene cada proyecto minero”, dijo.
Por ello, anunció que se convocará a las tres empresas mineras para que las compañías les expliquen su plan de cierre de minas que ellos mismos han establecido. A partir de este miércoles 24 de noviembre, empezarán con la ronda de diálogos con las empresas mineras, no solo para conocer el avance de sus procesos de diálogo, también para saber si buscarán ampliar o no sus labores.
Por su parte, la premier Vásquez recordó que dichas mineras establecieron sus planes de cierre con fechas establecidas en resoluciones, aclaró que el Gobierno no ha decretado ningún cierre, pues «lo que estamos diciendo es que vamos a garantizar la etapa de cierre conforme a ley, para que se cumpla en los términos establecidos por la norma».
«Y solo se va a aplicar para estas cuatro minas, no para otras unidades de Ayacucho ni otras zonas», sostuvo tras referir que los planes de cierre no son instrumentos vivos que pueden ir modificándose.
«No es verdad que sea una cosa flexible y que unilateralmente la empresa minera pueda decidir extenderlo hasta donde estime conveniente», enfatizó la jefa del Gabinete.
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