Un mal primer paso. Asumido el mandato por Pedro Castillo Terrones, con simpatías y rechazos, las primeras acciones del presidente han sido cuestionadas por la prensa y la ciudadanía. Uno de los primeros episodios fue cuando los medios de comunicación, salvo el canal del Estado, no pudieron acceder a la juramentación del gabinete ministerial el pasado 29 de julio. El hecho se repitió el jueves 05 de agosto cuando se realizó el reconocimiento del presidente como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El primer hecho obligó al Consejo de la Prensa Peruana el pronunciarse al respecto solicitando a las autoridades que se permita el acceso a la prensa que se encontraba en los alrededores del Gran Teatro Nacional.
El 22 de noviembre, el ministro de Energía Minas, Eduardo González, señaló ante la prensa que buscaba recoger sus declaraciones respecto al cierre de operaciones de cuatro minas en Ayacucho, que solo declarará a los medios que “no le hagan problemas”.
“Recién voy a tener una reunión [con la premier] sobre otro tema [diferente al cierre de operaciones]. Ahora no puedo hablar sobre eso, luego a la salida voy a declarar. [¿Va a conversar con los medios?] Depende de qué medio. [¿A qué medios?] A los que no me hagan problemas [¿Cuáles son?] Estoy buscándolos”, aseveró antes de ingresar a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.
En respuesta, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazaron las expresiones que tuvo el ministro. El director ejecutivo del CPP, Rodrigo Salazar, dijo que la posición de González constituye “una suerte de sectarismo informativo”. “Es decir, que las autoridades del gobierno solo hablan con quiénes son sus amigos y no con los periodistas que le hacen las cosas difíciles”, dijo para El Comercio.
Por su parte, IPYS a través de un pronunciamiento, rechazó las “desafortunadas declaraciones” del ministro de Energía y Minas, y le recordó que “su deber”, como integrante del Gabinete, “es informar y responder a todos los medios sobre temas que resulten de interés público”.
La publicidad estatal y la amenaza a los medios
El último martes en su visita a Huancavelica, Pedro Castillo amenazó con dejar sin publicidad estatal a los medios de comunicación que, bajo su criterio, desinformen a la población y tergiversen la realidad. Esto nació a razón que un día antes estuvo en Arequipa, donde la prensa registró que el mandatario almorzó con algunas autoridades arequipeñas en un restaurante del centro, donde un grupo de comensales, que se encontraba en el mismo lugar se manifestaron fuera del local para exigir su vacancia.
“Debo condenar algunas actitudes nefastas por algunos medios de comunicación que han editado que estaba solo (…) y que la gente pedía vacancia cuando no es cierto; y encima estos medios de comunicación piden que, en vez de darle agua a los pueblos, les paguemos, demos presupuesto para que hablen bien del Gobierno”, afirmó en su discurso.
La amenaza se dio a conocer por el propio Castillo cuando advirtió que su Gobierno no les dará “ni un centavo” a los medios que desinformen sobre su gestión. “Mi reconocimiento y gratitud a los medios de comunicación local y regional, a nivel nacional. Los invoco y los convoco a nivel nacional porque ellos conocen la realidad, porque ellos saben dónde están los grandes problemas del país, pero no me voy a permitir a darle ni un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver al pueblo, a aquellos que quieren hacer creer otra cosa”, alertó.
La libertad de prensa es autónoma al poder. Para el abogado especialista en derecho digital y magister en Ciencias Políticas, Erick Iriarte, el principio por el que se debe regir la libertad de prensa es que la misma es autónoma de los ejercicios de poder, y que cualquier restricción hacia aquellos que cuestionan su labor, es ir contra la ley. “Cualquier acción por parte del Estado que intente cortar la libertar de prensa basados en entrega o no entrega de recursos dinerarios o el favoritismo hacia aquellos que tienen la misma línea de pensamiento o solo van a poner lo que ellos consideran bueno, y no permitir que aquellos que cuestionan al poder o las acciones del Gobierno tengan algún tipo de interacción genera por recursos del Estado, resulta siendo contra la ley.
“Sin duda un elemento básico de la democracia es la presencia de una libertad de expresión y de prensa garantizada por el mismo Estado. La libertad de prensa permite que las personas expresen sus opiniones mediante los medios que analizan la realidad. Esto no significa que vas a estar necesariamente de acuerdo con lo que dice el discurso oficial, de hecho, es parte de la labor de la prensa cuestionar, investigar, mostrar información que es del interés público. Parte de la democracia moderna es la libertad de expresión y prensa garantizada. Todo instrumento que se haga desde el ejercicio del poder público para decir: a ti no te respondo y a ti no te doy recursos porque no quiero; vulnera los principios de libertad de expresión y prensa”, añade Iriarte.
Incluso, José Miguel Vivanco, director de Human Rights para Las Américas, señaló que “el presidente usa un discurso ya conocido en América Latina al amenazar con retirar la publicidad oficial de los medios que no le gustan. El uso arbitrario de fondos públicos para premiar a aduladores del gobierno y castigar a críticos socava la libertad de expresión”.
El recuerdo a la “Ley Mulder”
Las limitaciones al acceso de los medios privados a publicidad estatal mencionados por el presidente Castillo ya fue un tema promovido por el Congreso en el 2018, cuando se aprobó el 14 de junio del 2018 la ley que prohíbe la publicidad estatal (Ley N° 30793) promovida por el entonces congresista aprista Mauricio Mulder
Para los congresistas de la bancada de Fuerza Popular argumentaron que era necesario aprobar la insistencia para evitar más gastos innecesarios del Estado en publicidad y cautelar el buen uso de los recursos públicos.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional publicó el lunes 22 de octubre de ese año la sentencia de inconstitucionalidad sobre la Ley N° 30793, norma que regula el gasto en publicidad del Estado peruano.
En su fallo, recaído sobre los Exp. N°s. 0012-2018-AI/TC y 0013-2018-AI/TC, el TC declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad contra la referida norma, al constatar la vulneración de los derechos de libertad de información y libertad de contratación, al principio de legalidad en materia penal y al bloque de constitucionalidad de los decretos de urgencia.
Sobre la afectación a la libertad de expresión de los medios, el TC estimó que no existe un derecho fundamental de los medios privados a recibir financiamiento por parte del Estado. Sin embargo, precisó que la decisión de prohibir «cualquier clase de publicidad estatal en medios de comunicación privada tiene una finalidad que, aunque legítima, termina por ser desproporcionada». Esto es, si bien la medida adoptada por el Congreso tiene un objeto legítimo y constitucional, «es innecesaria para cumplirlo, por existir medidas alternativas que no limitan irrazonablemente el derecho a la libertad de información».
Sobre la publicidad estatal y la relación con los medios de comunicación, Erick Iriarte sostiene que “el erario público tiene que ser utilizado respecto a ley, no a caprichos del gobernante de turno. Se tienen reglas para que los medios accedan a publicidad estatal o recursos de fomento de la industria, esas reglas son iguales para todos. Toda forma de hacer reglas que intenten beneficiar a unos u otros por la línea editorial que puedan colocar o por la forma de expresión que puedan tener, es contra la ley”.
La declaración que no se firmó
Conocidas las primeras acciones del Gobierno hacia la prensa, a mediados de año, una de las acciones que tomó el CPP junto a la Defensoría del Pueblo es pedir al mandatario Castillo firmar la Declaración de Chapultepec, declaración que tiene como principios que toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente, así, nadie puede restringir o negar estos derechos y que las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. Así como que podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información. Sin embargo, nunca se dio la ratificación de esta declaración por parte del mandatario.
“La declaración de Chapultepec y la declaración de Salta de la Sociedad Interamericana de Prensa sin duda son documentos que fomenta la democracia en base a la libertad de expresión y prensa. La adhesión por parte de un presidente es también una declaración política de respeto a estos derechos, es importante y relevante que los pueda firmar el presidente. Pero debemos añadir que estos son derechos garantizados por el Pacto de San José y la Declaración de los Derechos Humanos, las obligaciones legales ya existen a nivel internacional mediante tratados en los cuales el Perú ya es parte. No es que sin firmarlo (Chapultepec) no haya la protección que se requiere, pero sin duda es una señal de no querer respetar estos espacios de libertad de expresión y prensa”, alerta Iriarte.
Para Yulvitz Quiroz, doctor en periodismo y docente universitario, firmar esta declaración sería un buen gesto, pero considera difícil de lograrse por parte de Castillo. “Cuando el actual presidente Castillo era candidato no tuvo mucha presencia en medios, no daba entrevistas, mostraba una aversión a los medios de comunicación, esto no es de sorprender al igual que todos los aspectos que ha ido tomando estos días; que esto vulnera a la libertad de prensa, sí… Considero que sí (sería buen gesto firmar la declaración) , que lo haga lo veo complicado por sus lineamientos no solo ideológicos, sino su forma de comportamiento durante la campaña, es una persona que evita mostrar a la vida pública su vida e ideas, es muy reservado y este aspecto lo está llevando a la vida política”.