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jueves, febrero 2, 2023

Militares a las calles: el dilema de su efectividad y el riesgo para los derechos humanos

El Gobierno aprobó este martes la Resolución Suprema N.° 191-2021-IN, la cual autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de actuar para asegurar el control y orden interno. El trabajo conjunto entre ambas entidades será por 30 días calendario. Esta Resolución Suprema cuenta con las firmas del presidente de la República, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, y del ministro de Defensa Walter Ayala.

Una respuesta ante el crecimiento de la delincuencia

Según dicta la Resolución Suprema, mediante el Oficio N° 818-2021-CG PNP/SEC la Policía Nacional del Perú solicita que disponga la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, pues en lo que va del año se advierte un incremento significativo del índice delictivo en Lima y Callao, en las que operan organizaciones delictivas dedicadas, ente otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás delitos que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía y que han logrado sobrepasar la capacidad operativa de la Policía.

Una medida fuera del plan de gobierno. Para el especialista en Negociación, Prevención, Gestión y Transformación de Conflictos, Yomar Meléndez, si bien existe el aumento de la criminalidad en tiempos de recuperación tras el golpe de la pandemia, esta es una medida de tintes populistas que, incluso, no se encuentran en los planes de gobierno presentados en campaña por Perú Libre.

“Esta es a todas luces una medida populista. Es cierto que la inseguridad ciudadana ha crecido, se ha vuelto a visibilizar los crímenes ahora que la meseta de contagios se ha reducido, esta está muy fuerte tanto en Lima como en Trujillo y otras partes del país. Existe el problema, lo que me llama la atención es que esta medida no aparece en los planes de gobierno ni de Perú Libre ni en el plan de gobierno del Bicentenario. Se saca la alternativa debajo de la manga para obtener un respaldo ciudadano que está debilitado, sobre todo en Lima y Callao”, comenta.

Para observar el avance de la inseguridad ciudadana podemos revisar, inicialmente, el Informe Técnico de Seguridad Ciudadana (noviembre 2020 – abril 2021) presentado por el Instituto de Estadística e Informática (INEI) en junio del presente año. Aquí, se señala que la población de 15 y más años de edad que ha sido víctima de algún hecho delictivo durante el periodo de estudio mostró un retroceso de – 8.4 % en Lima Metropolitana (de 31.6 a 23.2) y de – 9.9 % en la Prov. Constitucional del Callao (de 31.5 a 21.6).

Sin embargo, como comparte Meléndez, “la situación ha cambiado de la fecha hasta la actualidad en relación al incremento de la delincuencia común, y eso se puede percibir en los medios de comunicación que casi de manera diaria, como en antaño, te dan a conocer asaltos, robos, homicidios, un conjunto de hecho vinculados con la inseguridad. Esto no solo en Lima y Callao, en realidad se vive una situación similar en otras partes del país como Trujillo”.

En julio del presente año, el Dr. Jorge Chávez Cotrina, Jefe de las Fiscalías de Crimen Organizado, indicó que la delincuencia post cuarentena ha salido con fuerza y se enfrenta a una Policía que tiene un déficit del 30 % de sus 130.000 agentes a nivel nacional, quienes han sido afectados por el coronavirus. A esta situación se le suman los 15.000 agentes que fueron destinados a custodiar la gran cantidad de procesados que dejaron las cárceles, acogidos a una norma que libera a las personas de alto riesgo ante la COVID-19, una política que intentaba el deshacinamiento de los penales.

Asimismo, la última encuesta de Ipsos publicada el último domingo muestra que la percepción de inseguridad en las calles ha incrementado. Es así que el 56% considera que la situación en la calle ha empeorado, un 39% consideró que estamos igual que antes, y un 4% indica que ha mejorado.

Se debe garantizar el respeto a los derechos humanos

Conocida la aprobación de la Resolución Suprema N.° 191-2021-IN, Amnistía Internacional expresó su preocupación por esta decisión ya que en el Estado peruano el mantenimiento del orden público interno debe estar a cargo de la policía, y el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública deben ser estrictamente excepcionales.

“Esta es una medida riesgosa con relación a la protección de los derechos humanos que requieren los peruanos”, advierte también el especialista en conflictos, Yomar Meléndez.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se pronunció en un comunicado señalando que la Intervención de las FFAA en la seguridad ciudadana pone en riesgo los DDHH. Por lo que demandan la derogatoria de la resolución suprema N°191-2021 – IN que aprueba la intervención de las FFAA en Lima y Callao.

Lo que indica el Decreto Legislativo 1095, que establece las Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las FF.AA. en territorio nacional, es que las FF.AA. pueden actuar en apoyo de la PNP en caso de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país y servicios públicos esenciales, así como en otros casos constitucionalmente justificados, en que la capacidad de la Policía sea sobrepasada en el control del orden interno, o existiera este peligro.

Además, las funciones que tomarán los militares en las calles deben estar limitadas, pues como comparte Yomar Meléndez, aún está en debate si para una norma como esta se debe aprobar primero una declaratoria de emergencia; pese a ello, las Fuerzas Armadas no están capacitadas para atender temas de inseguridad ciudadana, y esto, además, estaría dando un golpe moral a la PNP. “Ni en el Perú ni en otras partes del mundo hay evidencia que demuestre que una medida de esta naturaleza es conveniente, y esto por una razón sencilla, las Fuerzas Armadas no están capacitadas para desarrollar actividades a propósito de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Hay cuestionamiento a esta idea de poner a las Fuerza Armada para cumplir un rol para el cual no está formada ni preparada, el cual es la lucha contra la inseguridad ciudadana. Es como asumir una especie de derrota moral de la Policía Nacional del Perú frente al crimen, y eso es muy peligroso”.

El decreto precisa que la actuación de las Fuerzas Armadas «constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional del Perú y no releva la activa participación de esta» y que «el control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la PNP.

Lo que dice la norma. En el texto publicado en el diario El Peruano, esta norma «está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población».

«La intervención de las Fuerzas Armadas, conforme a la presente Resolución Suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte», indica la resolución suprema.

Una medida que puede replicarse. Asimismo, Meléndez advierte que la aprobación de esta norma deja una puerta abierta a que se replique en otras ciudades que buscan mayor seguridad ante la ola de delincuencia. “Si esto se aplica en Lima, evidentemente se podría aplicar en otras partes del país. No me queda la menor duda de que unos sectores del país van a reclamar que su ciudad tenga un tratamiento similar, incluso en Trujillo ha habido movilizaciones ciudadanas o pronunciamientos ciudadanos exigiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Lo más probable que una medida como esta ya aprobada se extienda a otras partes del país”.

El factor político

Se debe recordar que el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Mirtha Vásquez se decidirá en votación jueves 4 de noviembre, día en que se realiza el pleno, según anunció la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Las bancadas habían iniciado el debate sobre el voto de confianza el lunes 25 de octubre pasado, tras la presentación de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, pero luego del fallecimiento del congresista de Perú Libre Fernando Herrera la sesión se suspendió y se reiniciará el 4 de noviembre.

Una de los ministros que ha mantenido cuestionamientos por parte del Congreso por haber sido abogado del partido Perú Libre en los casos que involucraron a Vladimir Cerrón y al congresista Guido Bellido. Asimismo, El Comercio informó sobre las 158 sanciones que tuvo Luis Barranzuela durante los 27 años de servicio en la Policía Nacional. En total, sumó 837 días de sanciones (98 de rigor y 739 simples) por desobediencia, abandono de servicio, contra el espíritu policial, contra el decoro, entre otros.

Desde poco tiempo de asumido el cargo el Parlamento ha pedido al Ejecutivo que retiren al ministro de lnterior del cargo a miras del voto de confianza. Este pedido se acentuó luego que se conociera que Luis Barranzuela realizó una reunión la noche del domingo 31 de octubre en su vivienda ubicada en el distrito de Surco. Esto pese a las restricciones por el Día de la Canción Criolla y las celebraciones por Halloween. Los descargos del ministro fueron que “la presencia de contadas personas en mi vivienda obedeció a una reunión de coordinación frente a los conflictos al interior de nuestro Perú, y de ninguna forma de carácter social o evento masivo”.

Al respecto, la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, señaló a RPP que varios integrantes de su bancada, Alianza Para el Progreso (APP), han adelantado que otorgarán la confianza al Gabinete liderado por Mirtha Vásquez; sin embargo, esperan que cambie al ministro del Interior, Luis Barranzuela, antes de solicitar el respaldo del Parlamento. Una idea compartida por el parlamentario de Renovación Popular, José Cueto.

Para Yomar Meléndez, la decisión de poner a las Fuerzas Armadas en las calles “puede ser un guiño a los sectores duros de la derecha política con el objetivo de captar sus simpatías, puede ser una manera de obtener algunos votos con miras a la investidura que se debe tomar el próximo jueves, pero es altamente riesgoso porque terminas empoderando a un sector político que, en esos temas, no tiene ninguna postura de valoración de derechos humanos”.

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