En los últimos años, el Derecho Constitucional se ha vuelto una disciplina casi “de moda”. Ni quienes nos dedicamos a ella hubiéramos pensado que íbamos a poner en debate y uso tantas de sus instituciones, pasando por el control político (censuras y confianzas), la vacancia presidencial, la disolución del Congreso y hasta la declaración de un estado de emergencia en una pandemia global.
Durante este año, el “auge” de lo constitucional se ha mantenido presente. Y lo ha hecho a través de algunos momentos que nos parece importante destacar.
En abril y junio, tuvimos elecciones, uno de los momentos paradigmáticos en una democracia representativa, que permite la alternancia del poder y hacer efectivo el derecho al voto. La campaña y sobre todo la post elección pusieron en jaque a las instituciones. No solo por ver hasta dónde pueden llegar las libertades de información y expresión (frente a noticias falsas, el modo de cobertura de los medios de comunicación o la polarización agravada hacia la segunda vuelta), sino sobre todo el respeto de los resultados de la elección, principio básico de los contendores en un proceso electoral que hasta ahora se pone -sin justificación real- en cuestión.
Luego, el inicio de gobierno y Congreso. Con ello, continuaron las interrelaciones Ejecutivo-Legislativo, con un nivel de tensión similar al del último quinquenio. Al punto que ya se presentó un pedido de vacancia, cuya admisión no prosperó, pero cuya posibilidad sigue latente. A la fecha, dos gabinetes han acudido a presentar su política de gobierno (vía confianza obligatoria luego de asumir funciones), ya se presentaron cuatro interpelaciones y un ministro fue censurado. Desde el Congreso, se ha aprobado limitar la cuestión de confianza y la designación de ministros, pero se ha mantenido incólume la posibilidad de vacar al presidente o censurar a los titulares de los sectores. El equilibrio no parece haber sido el enfoque o una mirada más a largo plazo e institucional, sino más bien mantener las competencias propias, limitando las de a quien se ve como el adversario.
El debate sobre la propia Constitución tampoco ha estado ajeno. Desde la campaña, los planteamientos eran opuestos: mantener la Constitución vs. reforma total. Defensores y opositores han planteado diversas iniciativas normativas y estrategias legales. Las destinadas a vetar todo esfuerzo reformador han tenido más apoyo en el Congreso, con un texto aprobado para evitar todo posible referéndum para una Asamblea Constituyente; mientras que iniciativas ciudadanas en sentido divergente aún recolectan firmas, al igual que demandas constitucionales desde ambas tribunas. Lo real es que hoy no sabemos con plena claridad si el gobierno mantendrá entre sus banderas la convocatoria a una Asamblea Constituyente, aunque parece haber reducido la prioridad entre la lista de pendientes. También subsiste el debate sobre si el mecanismo elegido para promoverla será solo el que regula expresamente el artículo 206 de la Constitución (votación del Congreso en dos legislaturas o Congreso más referéndum) o se procurará insistir en una referéndum directo. Un punto de quiebre interesante al respecto será justamente si promulga u observa el texto aprobado por el Congreso para que el único mecanismo posible de reforma sea el del ya citado artículo 206 y no se viabilice un referéndum ciudadano directo (de conseguir las firmas para ello). La decisión excede sin duda lo normativo, y permitirá ver las prioridades políticas del gobierno y sobre todo si aún respalda esta propuesta que fue central durante la campaña electoral. También permitirá ver a los adversarios políticos si el Presidente mantiene su posición sobre el tema del 28 de julio último.
Sobre los derechos, resulta importante el objetivo trazado de reducir la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, se hace necesario conocer las medidas concretas del gobierno y los pasos a seguir para su implementación. Salud, educación, trabajo, pero también derechos de las mujeres, la población LGTBI, las personas con discapacidad, las personas migrantes, entre otros. Derechos para todos y todas sin discriminación.
En lo constitucional, también debemos incluir a construir y mantener institucionalidad. Las contrarreformas política, de transporte, educativa (educación superior y básica) preocupan y dejan un balance negativo no solo en la búsqueda de mejorar la calidad de vida, sino de afianzar el Estado de derecho.
Por último, la transparencia. Es importante escuchar al Presidente también de manera directa y conocer de él su compromiso por agendas y reuniones públicas, sin ningún tipo de intervención o favorecimiento indebido. Esto es vital para reforzar la confianza y afianzar su legitimidad, para seguir en el camino de ser coherentes con nuestro Estado constitucional.