Yo ingresé a la universidad en 1995, y estudié en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa.
En mi tiempo solo había dos de ellas en la ciudad: la nacional y la particular -la Universidad Católica de Santa María-. Al ser hija de madre sola, la primera era mi elección natural. Ya en lo personal, no había otro camino: había que estudiar y eso era lo que estaba a mano.
Cuando ingresé, ella pagó una matrícula de 50 soles, por todo el año; los laboratorios, clases y baños eran precarios, los microscopios que usábamos eran del año 60, y las muestras las conseguíamos nosotros; no había programas de becas, no existían incentivos para los primeros puestos, las oficinas de cooperación universitaria no existían concretamente, y los almuerzos universitarios eran tanto o más precarios que los demás servicios; es decir, la universidad era un desastre, pero era lo que había para mí y muchos como yo, que no teníamos ninguna otra oportunidad.
Ese mismo año Fujimori, en su afán populista, prohibió las huelgas universitarias y admitió el bachillerato automático por primera vez. En ese momento no entendí, porque tenía 19 años; sin embargo, sabía que el miedo a la protesta era mayor, porque la gente desaparecía o la acusaban de terrorista, aunque Arequipa jamás fue bastión rojo; por lo tanto, muy poco paso ese tiempo: a pesar del rechazo hacia Fujimori en la ciudad, nadie protestó por nada.
En los años siguientes comenzaron a aparecer universidades de medio pelo, que ofrecían servicios que no podían brindar, con locales que no cumplían los estándares mínimos, amparadas bajo las leyes mercantilistas y bajo la anuencia de la Asamblea Nacional de Rectores. En todas, incluso en las más antiguas y prestigiosas no importaban las denuncias de peculado o de malversación de parte de las autoridades universitarias, pues existía un visible contubernio.
Para poner un ejemplo: la UNSA se convirtió un nido de lumpen y ladrones, donde se rifaban las becas para el extranjero entre los familiares de las autoridades, se repartían los cursos en el instituto de idiomas o trabajo en la academia preuniversitaria entre los consejeros universitarios para mantenerlos callados y así votaran a favor de la mafia. Nadie hizo nada NUNCA, nadie dijo nada, y la mafia creció tanto que el día de hoy 3 rectores de ese tiempo (Guillen, Cornejo y Medina), tienen procesos judiciales, y uno de ellos cumple prisión domiciliaria.
Cuando hace siete años comenzó la Reforma educativa guiada por la SUNEDU, se suspendió el poder de la ANR y comenzó a impulsarse auditorías en todas las universidades nacionales y particulares. A partir de ese momento el avance fue notable; en 1998 solo había un profesor en mi escuela con título de maestría, y los demás eran solamente Biólogos; no se hacía investigación, los alumnos se quedaban en cargos estudiantiles por siempre, y no había incentivos para los primeros puestos. Hoy día, mucho ha cambiado: tenemos edificios nuevos, baños, oficinas y laboratorios modernos, limpios y con buen mantenimiento, donde los alumnos están siendo incentivados con concursos para poder hacer sus tesis; los profesores pueden acceder a concursos y contratar alumnos sobresalientes para desarrollar tesis y trabajos de investigación, y a la vez mantener su labor investigativa y educadora.
El progreso que se ha logrado en las universidades -no solo en la UNSA, sino también en muchas otras particulares y nacionales- es impresionante; nada de esto se hubiese logrado, sin la gran labor de la SUNEDU.
Y entonces, el viernes 10 de diciembre, después de múltiples intentos congresales en los dos congresos previos, se hace realidad -al menos de manera preliminar- la infamia de reponer de facto a la ANR y reabrir las universidades bamba, sancionadas por su claro intento de engañar a los alumnos; se hace realidad el trato mercantilista que intentaban conseguir desde hace años; y lo peor de todo, lo logran apoyadas por cuatro congresistas del partido Perú Libre.
A pesar de que el gobierno está a cargo de un maestro, a este le importa un pepino partido por la mitad el progreso de la educación universitaria peruana. Esa es una vergüenza que no debe ser pasada por agua tibia, y que todos debemos condenar y combatir.
Este miércoles se organiza una marcha para denunciar la contrarreforma universitaria que quiere llevar a acabo este congreso mercantilista, delincuencial y pesetero; únanse a ella. No permitamos que nuestros hijos sean engañados de nuevo .
Srta. Arévalo, lo que usted describe es censurable, pero es el punto de vista de una estudiante y para casos muy puntuales, que son delincuenciales. Su visión – estimo por su juventud – no incluye la visión del docente de universidades públicas, que en casos como la Universidad San Marcos se ha convertido en un caos y plagada de actos de extrema crueldad. La ley universitaria 30220, podría ser constitucional, pero no lo es porque su aplicación es anticonstitucional, pues la han hecho retroactiva para los docentes que han ingresado durante la vigencia de la ley universitaria 23733. Esto es inconstitucional.
Como docente de la UNMSM, en la que la excelencia científica expresada en publicaciones en revistas indexadas era lo que primaba, ahora se ha reemplazado por grados académicos, pero como el hábito no hace al monje, así se ha detectado doctores que no son «doctos» en sus áreas. Y cómo se explica esto, porque han existido universidades que vendieron los grados a «pedido» y en 24 horas. No sé si se seguirá haciendo, pero la práctica lo ha revelado. Incluso hay doctores de supuesto mucho prestigio, pero su última publicación científica como autor, data de 1990 y carecen de métodos para la enseñanza de nivel superior. Y para pregrado se precisa profesionales experimentados. No magísteres o doctores. Estos son para el posgrado. Los profesionales son la parte final del pregrado y es aquí donde se recibe el respectivo título para ejercer a nombre de la Nación. Es altamente negativo el «bachillerato automático». Si los alumnos quieren seguir sus estudios de posgrado en el extranjero, lo primero que le preguntan es: ¿con qué tesis recibió su grado de bachiller? Si responden «bachiller automático», ahí empiezan sus problemas.
Otro error constitucional es creer que la educación es un «servicio». Esto es cierto SÓLO para las universidades privadas. Para el Estado de según la Constitución, es un deber y debe ser gratuita. Las superintendencias se han creado para regular los servicios públicos encargados a privados, por tanto la SUNEDU, sólo debería existir para las universidades privadas. Incluir las públicas es como poner al «gato de despensero».
Srta. Arévalo, la invito a que profundice su investigación sobre este importantísimo problema, para que saque su propia y espero, certera opinión.