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lunes, julio 22, 2024

Las reformas del Ejecutivo en manos del Congreso

El pasado 27 de octubre, el Gobierno solicitó al Congreso de la República la delegación de facultades extraordinarias por 120 días, para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Según el Ejecutivo, estas reformas adjuntas en el proyecto N° 583/2021- PE, se dan para impulsar el crecimiento y contribuir al cierre de brechas sociales mediante el acceso a programas y servicios que brinda el Estado.

Tras más de un mes de presentada ante el parlamento, desde la Comisión de Economía del Congreso se tiene previsto que el debate se realizará el 10 de diciembre. Sin embargo, según comentó la presidenta de la nombrada comisión, Silvia Monteza, no se aprobaría totalmente las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno.

“No se le dará al 100% el pedido en temas tributarios (…) Hay algunos temas que estamos analizándolo bien”, comentó Monteza al diario Gestión”.

En una misma línea, el economista Renzo Vidal, señala que, si bien es necesaria ciertas reformas, lo que se debería aprobar en el parlamento son materias específicas y puntuales, enfocadas principalmente a enfrentar la informalidad. “Creo que, bajo la línea que se pueden reformar varias cosas, se deberían aprobar cosas específicas, puntuales, y que estén ligadas a reducir la informalidad e incentivar la inversión. Sí necesitamos reformar, pero que no se haga una señal negativa hacia la sociedad, que no sea un incentivo más a que el informal haga lo que quiera y el formal tenga que pagar los platos rotos. Si la reforma está enfocada en ese sentido, bienvenida”, comparte.

No es el mejor momento. Uno de los problemas que detecta el economista es que esta reforma es presentada en un momento de incertidumbre, y que, si bien es oportuno obtener mayor recaudación por los altos precios de los metales, estos no van a estar al mismo nivel siempre. “No creo que ha sido el mejor momento, porque lo que se tiene es incertidumbre, lo que podría generar hacia adelante es menor inversión. En realidad, no se necesita hacer más reformas, sino más bien generar mayor base tributaria y eso significa ir directamente a los informales, eso no dice, por ejemplo. Lo que se dice es que hay un incremento en los precios internacionales y se tiene que aprovechar, lo que generará mayores impuestos a la renta, refiriéndonos básicamente a la minería.  Esto no es tan cierto porque si anclamos este argumento al precio internacional, como todo commodity, bien o servicio, depende del equilibrio de oferta y demanda. En algún momento si no hay presión de demanda y hay mayor sobreoferta esto va a bajar”, advierte Vidal.

Una medida que apunta a los mayores ingresos

El jueves último, expertos internacionales presentaron al equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) su evaluación del pedido de facultades legislativas en materia tributaria presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. La conclusión es que las medidas propuestas mejoran la progresividad del sistema tributario peruano en la medida que disminuye la carga tributaria sobre los quintiles más pobres y la aumenta solo para los de mayores ingresos. En el caso de las rentas del trabajo, las reformas propuestas por el MEF alcanzan solo al 0,25% de la población de más altos ingresos, mientras que en el de las rentas de capital, las medidas presentadas como parte del pedido de facultades alcanzan al 1% de mayores ingresos.

Uno de los principales cambios que se propone es la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta (IR). En este punto se busca modificar las reglas sobre la deducción de gastos y costos para determinar el Impuesto a la Renta; así como erradicar la posibilidad de deducir impuestos de dinero que vengan de delitos como el cohecho.

Además, se plantea cambios en la tasa de impuesto para los trabajadores de primera y segunda categoría. En este grupo se encuentran las personas que reciben ingresos por alquileres, cesión de bienes y predios (primera categoría); y venta de inmuebles, cesión de patentes, socios de cooperativas, rentas, regalías y dividendos (segunda categoría).

Además, existe una medida la cual se enfoca en establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas por aquellas operaciones realizadas con sujetos no domiciliados en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del Impuesto.

Así, se busca modificar la normativa del Impuesto General a las Ventas adaptándola a la implementación que se requiera para contar con un mecanismo que permita una adecuada tributación de estos nuevos modelos de negocio, eliminando cualquier tratamiento asimétrico que pudiera generar su falta de regulación, específicamente cuando se trata de un consumidor final que tiene la naturaleza de persona natural.

Una cuestión de tiempos

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Fancke, expresó el jueves último su confianza en que el Congreso de la República acepte el pedido del Poder Ejecutivo de legislar en materia tributaria, cuyo plazo para la aprobación vence este 15 de diciembre.

 

“El plazo vence este 15 de diciembre, fecha en que termina la legislatura este año. Si no se aprueba esta delegación de facultades este año, ya no se aplicarían las reformas en el 2022, tendríamos que pasarlas al 2023, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, por lo que perderíamos una excelente oportunidad de generar más ingresos para atender las necesidades más urgentes del país”, aseveró.

El titular del MEF sostuvo que, por un lado, hay problemas estructurales como evasión, elusión e informalidad que se deben resolver y, por otro lado, hay la minería que atraviesa por un positivo momento particular.

“El precio del cobre se encuentra muy alto, entre los 4.30 y 4.40 dólares por libra. Evidentemente, las empresas registran ingresos mucho mayores. Hemos calculado aproximadamente 13,000 millones de dólares adicionales que han ingresado a las empresas mineras desde que se inició esta alza de precios a mediados del año pasado y creemos que esa riqueza debe compartirse con justicia, resguardando la competitividad de la minería”, subrayó.

Sin embargo, como advierte Renzo Vidal, el tema de informalidad no se está cubriendo cabalmente en esta reforma. “Lo que pensaría es que el Estado debería ser más comunicativo en el sentido de atacar más a la informalidad, hacer la reforma tributaria con una recaudación más fácil, e incentivar a la inversión. Si tienes una reforma tributaria es para generar mayores ingresos al fisco y, por ende, trasladarlo al gasto, lo que significa que tendremos una menor pobreza y desigualdad… Desde el lado de la informalidad no se ha visto una señal para atacarla, sino desalentar al formal. En teoría económica, si elevas los impuestos estos se trasladan al consumidor final, no los paga el productor o el que da los servicios. Si queremos ir hacia adelante y tener una mayor formalización, la mejor receta no va a ser elevar los impuestos, sino ver el equilibrio capaz de generar menos informalidad”, señala.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), la informalidad laboral aumentó considerablemente en el último año y ya alcanza al 78.2% de la población.

En los últimos 12 meses analizados, de octubre del 2020 a septiembre del 2021, el avance de la informalidad fue de 3.7% frente a lo registrado en el periodo anterior.

Solo en el área urbana se calculaba que más de 9 millones 516 mil de unos 13 millones 39 mil de trabajadores se encontraban en situación informal, un 73% de la población de la zona estudiada. Mientras que en el área rural la informalidad alcanza al 95.6% de la población que labora.

“Más allá de las cosas buenas que hemos hecho en el lado macro, en el lado micro estamos mal desde hace muchos años. ¿Qué genera una menor formalización? No son los impuestos, lo que juega un rol importante en dar incentivos legales, tributarios, a aquellas personas que dan ese paso de lo informal a lo formal, darle institucionalidad, seriedad de que estamos conduciendo correctamente las políticas del Estado, la gestión pública”, sugiere Vidal.

Asimismo, resalta en que, si como Estado logramos una buena institucionalidad, esto ayudará a comprometer al ciudadano a pagar los impuestos que naturalmente intenta evitar; esto mediante un correcto uso de los bienes y que la población pueda ver que su dinero está siendo correctamente distribuido.

“Si se dan señales de poca institucionalidad, de que el gobierno es pasajero, de que prima el amiguismo, y hay cosas bajo la mesa, ¿quién va a querer pagar impuestos? Lo que debe primar para que tengamos menos informalidad es la institucionalidad, y eso se gana con políticas públicas correctas en el largo plazo, generar confianza en los mercados, generar las políticas capaces de gestión pública y administrativa”, concluye.

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