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martes, mayo 17, 2022

Entre el discurso de la catástrofe económica y la realidad de los datos

Desde el 2014, el Perú vivía un período de estancamiento económico cuando llegó la pandemia el 2020. A los lamentables efectos en la vida de las personas se sumó el desastre económico, con una caída del PBI del 11%. La recesión significó la pérdida de millones de puestos de trabajo, así como el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas. El impacto fue y es muy duro en los trabajadores informales, las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas. Retrocedimos una década en la pobreza y la extrema pobreza y se profundizó la desigualdad. El desafío era iniciar la recuperación de la economía, preservando de manera razonable los indicadores macroeconómicos y ampliando el apoyo a los sectores sociales más vulnerables. Todo esto en un año marcado por un proceso electoral altamente polarizado y de fragmentación política extrema.

 

Transición continuista

 

El presidente Francisco Sagasti optó por designar en el MEF a un defensor de la ortodoxia como Waldo Mendoza. Su objetivo fue la continuidad sin cambios del modelo neoliberal y el debilitamiento de la creciente legitimidad social del Estado como instrumento estratégico para salir de la crisis. Si bien se incrementó el presupuesto del sector salud, el MEF se negó a mantener las transferencias directas para promover la demanda y evitar que los sectores informales y en situación de precariedad siguieran cayendo.

 

Se apostó por el mercado como mecanismo suficiente para la reactivación. En teoría, generaría empleo y mejoraría el ingreso de las familias. El Estado había cumplido su rol de preservar la estructura productiva y apoyar a los sectores más vulnerables. Según esta narrativa, la emergencia había concluido y era el momento de la austeridad para cerrar el déficit fiscal. El retorno a la ortodoxia se produjo a pesar de que las principales economías, los países de la región y los organismos multilaterales señalaban la necesidad de una política económica expansiva, de continuar con el apoyo directo frente a la emergencia y de un rol activo del Estado para promover la demanda. El resultado fue un débil proceso de recuperación de la economía durante los dos primeros trimestres del año.

 

El MEF decidió obviar el debate sobre una agenda de cambios que permitiera enfrentar las trabas estructurales para el desarrollo inclusivo y sostenible de nuestro país. Temas como una política tributaria más equitativa, la modificación del sistema de pensiones, el impulso a la diversificación productiva o la mejora de los sistemas de protección social estuvieron ausentes de la agenda del Gobierno, con el argumento de que era solo de transición.

 

Cambios con mejores resultados

 

El nuevo Gobierno incrementó los recursos para luchar contra el covid-19, sobre todo para acelerar el proceso de vacunación. A partir de una evaluación más consistente sobre la continuidad de la pandemia y de su impacto social muy desigual, el MEF decidió mantener y ampliar de manera responsable la transferencia directa de recursos. Se relanzaron los programas de apoyo a las familias en situación de pobreza y precariedad, a los trabajadores formales de más bajos ingresos y seriamente afectados por la recesión, así como a los pequeños productores agropecuarios. Se aumentaron los recursos para promover el trabajo temporal, con lo cual se mejoró el ingreso de cientos de miles de personas en todas las regiones. Pese a su importancia, estas políticas tienen un limitado alcance en relación con el durísimo impacto de una de las peores recesiones en los últimos cien años.

 

En paralelo se tomaron medidas para incrementar la inversión pública, que alcanzó un máximo histórico y se canalizaron mayores recursos a las micro y pequeñas empresas, con particular atención en el sector turismo, los servicios y la agricultura familiar. Si en los próximos dos años se mantuviera la decisión de apoyar a las familias en situación vulnerable, así como a las pequeñas y medianas empresas generadoras de empleo, con criterios fiscales equilibrados y sin caer en las trampas del ajuste neoliberal, se podría avanzar en una reactivación más equitativa y no solo orientada a las grandes empresas.

 

El Gobierno parece considerar que la crisis es una oportunidad para impulsar cambios en el modelo económico, como la reforma tributaria. El Congreso ha bloqueado el incremento de las tasas impositivas a las grandes fortunas y a las empresas mineras que están obteniendo sobreganancias por la disparada del precio de algunos metales. El daño para el 2022 está hecho. El MEF deberá ajustar su estrategia y su narrativa para sumar el apoyo de la sociedad civil y del movimiento popular a fin de lograr este objetivo estratégico y disponer de los recursos necesarios para una reactivación redistributiva y atenuar los impactos sociales de la pandemia.

 

Se ha retomado la diversificación productiva para dinamizar nuevos sectores, generar nuevos polos de desarrollo territorial e incrementar la creación de empleo de calidad. Sin embargo, constatamos una limitada asignación de recursos, una débil articulación de los sectores y de los gobiernos subnacionales, así como la ausencia de compromisos efectivos del sector empresarial. En esta política, la prioridad debe estar en las pequeñas y medianas unidades productivas y su vinculación a una estrategia sostenida y descentralizada de transformación de nuestra estructura productiva que reduzca nuestra dependencia de las actividades extractivas.

 

La campaña tremendista y los riesgos reales

 

Los resultados al cierre del año han sido alentadores. La economía alcanzó el más alto crecimiento de la región, se ha iniciado una sostenida, aunque lenta recuperación del empleo; se han incrementado las exportaciones no tradicionales y la inversión privada muy por encima del 2019. Además, se ha reducido el déficit fiscal al 3% del PBI, a la mitad del 6% que pronosticaban el BCRP y los organismos internacionales para nuestro país.

 

A pesar de estos indicadores, casi todos los medios de comunicación y los voceros de la continuidad señalan que vivimos una catástrofe económica y que estamos al borde del abismo. Así, buscan generar desconfianza, afectar el precio del dólar, desincentivar la inversión privada e incrementar la inflación. Presionan por el cambio en la conducción del MEF con el objetivo de imponer el regreso de la tecnocracia que lo ha manejado por más de tres décadas para cerrar toda posibilidad de cambio en nuestro agotado modelo de desarrollo.

 

Más allá de las campañas de los continuistas sería un error caer en el triunfalismo o asumir que el rol del Gobierno es administrar lo existente. Aunque las previsiones de crecimiento para nuestro país son positivas según casi todos los organismos internacionales son también evidentes los riesgos. La inflación podría no ser un problema transitorio, el incremento de las tasas de interés afectaría el acceso a la deuda internacional y nacional, la devaluación del sol impulsaría la inflación o el estancamiento de la economía china afectaría nuestro principal mercado de exportación.

 

La principal amenaza interna proviene de la inestabilidad política propiciada por la ultraderecha, cuya única estrategia es la vacancia presidencial. Para ello profundiza el conflicto entre los poderes del Estado y utiliza a los grandes medios como instrumentos de la confrontación política. A esto se suman los errores y escándalos del entorno presidencial, los cuales generan decepción entre sus electores y alimentan la estrategia golpista de la ultraderecha. El impacto más duradero de este escenario de crisis política permanente es el mayor debilitamiento de las instituciones y la profundización de la desconfianza en nuestras élites, ambos factores sustantivos para avanzar en un proyecto de reformas estructurales que millones de peruanas y peruanos esperan y demandan.

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