Recientemente, se ha hecho público el Índice del Estado de Derecho en el Mundo 2021, Rule of Law Index[1]. Este índice es elaborado por The World Justice Project (WJP) y abarca 139 países y jurisdicciones sobre la base de encuestas nacionales a más de 138,000 hogares y 4,200 profesionales del derecho y expertos para medir cómo se vive y se percibe el estado de derecho en todo el mundo.
WJP define el estado de derecho en torno a cuatro principios: i) rendición de cuentas, ii) ley justa, iii) gobierno abierto y iv) justicia accesible e imparcial. Para elaborar el Índice del Estado de Derecho en el Mundo, WPJ traduce los cuatro principios en ocho factores: 1) restricciones a los poderes del gobierno, 2) ausencia de corrupción, 3) gobierno abierto, 4) derechos fundamentales, 5) orden y seguridad, 6) aplicación de la normativa, 7) justicia civil y 8) justicia penal[2].
A nivel global, son más los países que disminuyeron que aquellos que mejoraron en el desempeño general del estado de derecho (74,2% vs 25,8%).
De los 139 países incluidos en el Índice del Estado de Derecho en el Mundo 2021, el Perú ocupa el puesto 87 con un puntaje de 0.49 en una escala que va de 0 (más débil) a 1 (más fuerte); en la medición anterior, Perú obtuvo como puntaje 0.50.
De los ocho factores antes señalados, Perú tiene el menor puntaje en el factor ausencia de corrupción: 0.32. Este puntaje nos coloca en el puesto 118 de los 139 países incluidos en el ranking mundial, en el puesto 26 de los 32 incluidos en la región América Latina y el Caribe y en el 37 de los 40 países con ingresos intermedios altos considerados en el índice.
El factor ausencia de corrupción considera tres formas de corrupción: soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos. Estas tres formas de corrupción se examinan con respecto a los funcionarios del poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, además de policías y militares. En cuanto a corrupción en el poder ejecutivo, Perú obtiene un puntaje de 0.36, en poder judicial: 0.44 y en poder legislativo: 0.10. En el caso de policías y militares el puntaje es 0.39. En todos los casos la pregunta es si los funcionarios –de uno u otro poder el Estado- utilizan los cargos públicos para obtener beneficios privados.
Es oportuno reseñar también los resultados en el factor cumplimiento regulatorio, en el cual Perú tiene un puntaje de 0.49. En este caso, se mide si las regulaciones gubernamentales se aplican de manera efectiva, sin sobornos, con procesos de licitación abiertos y competitivos y si los funcionarios se abstienen de malversar fondos. Mide también si las regulaciones gubernamentales se aplican y hacen cumplir sin influencias indebidas; si los procedimientos administrativos se llevan a cabo sin demoras injustificadas; si se respeta el debido proceso en los procedimientos administrativos; y si el gobierno respeta los derechos de propiedad de personas y corporaciones.
Esta brevísima reseña del Índice del Estado de Derecho 2021 y sus resultados para el Perú puede ser muy útil como una guía para mejorar la gestión en los distintos poderes del Estado y para dar un nuevo impulso a la lucha contra la corrupción y contra el ejercicio indebido de la función pública, temas de especial preocupación hace varios años en nuestro país.
[1] https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2021
[2] https://worldjusticeproject.org/about-us/overview/what-rule-law