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martes, mayo 17, 2022

¿Veinte años no es nada…?

“En esencia, la política es la fuerza dominante que motiva la descentralización”

 Banco Mundial

Cada cinco años elegimos presidente de la República y 130 congresistas. Cada cuatro, elegimos 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 328 consejeros regionales; 1893 alcaldes provinciales y distritales y 10714 regidores municipales provinciales y distritales. Sin considerar a las autoridades delegadas de las denominadas municipalidades de centros poblados, que suman más de 2,500 en todo el país.

La aritmética pareciera decirnos que el andamiaje de la representación política electoral goza de buena salud, porque tener un importante número de autoridades políticas electas u delegadas, desplegadas por todo el país. Suponemos, que toman la temperatura ciudadana, su interés y promueven la resolución de los problemas públicos.

Representar (del latín repraesentare) significa literalmente “hacer presente aquello que se encuentra ausente”. Elegimos autoridades políticas para que asuman nuestra representación y esperamos que con ellas se haga presente el Estado.

Sabemos que no es así. Cada día, la política y su representación se devalúa. Los mandantes (los ciudadanos) piden para cada elección, a las que acuden obligados, nuevos políticos, porque los bisoños anteriores no solucionan sus principales demandas de realización personal y el desarrollo de sus pueblos.

Hay una queja permanente por la ausencia de un Estado que es obligado a aparecer o relacionarse cuando estallan los reclamos mediante conflictos sociales. Otras veces los ciudadanos suponen que, creando un distrito o provincia con nombre y autoridades propias, más cerca de ellos tendrán la representación, atención y solución a sus problemas. Por eso demandan a sus parlamentarios nuevos distritos. Hoy, existen por lo menos, 44 proyectos de ley en el Congreso de la República que proponen crear nuevos distritos en el país.

La reforma emprendida en marzo del 2002 buscó descentralizando el Estado resolver entre otros el problema de presencia estatal en los territorios y que la autoridad más cercana a las poblaciones resolviera los problemas públicos.

El 2022, se cumplen veinte años en que el parlamento fue el escenario principal para modificar la Constitución de 1993 e incorporar el capítulo de la descentralización, creando de manera transitoria gobiernos regionales en camino a formar regiones. El objetivo de esta reforma, a decir de la Ley de Bases de la Descentralización, era ser un proceso irreversible, que garantizaría, en el largo plazo, un país mejor organizado, mejor distribuido, económica y socialmente más justo y equitativo, ambientalmente sostenible y políticamente institucionalizado.

Dos décadas después, sabemos que nada de eso ha ocurrido. Sólo hemos generado más dinero. Crecieron las cifras económicas producto de la economía de mercado, sin lo social, que propugna la constitución política, buscando sintetizar derechos individuales, republicanismo, mercado; con la justicia social y la solidaridad. Tenemos un Estado descentralizado políticamente (se eligen autoridades) y administrativamente (se han transferido funciones). Nada más. La pandemia desnudó las brechas sociales y los problemas institucionales de la descentralización al amparo de ese crecimiento económico.

El 2 de octubre de 2022, será la sexta elección de autoridades regionales, desde este cambio constitucional, junto con la elección de autoridades municipales en todo el país. Pero, el emprendimiento individual o la informalidad también llegó a la política. Lo que importa es la marca, el dueño de la marca y la inversión personal para tentar una curul parlamentaria, un puesto de regidor, alcalde, consejero regional o gobernador. O quizá la presidencia de la República.

Por eso, sólo se presentan nombres y rostros de potenciales candidatos diciendo cuatro vaguedades, antes que presentar análisis, diagnóstico y sobre todo propuestas y alternativas. Ausencia del discurso, la palabra y la política. El marketing político, la obligación de acudir a votar y el hartazgo por la política hará el resto. Nuevos electos con viejas prácticas.

Como no hay política, lo único que importa es ganar electoralmente a cualquier costo. Obtener la mejor ubicación en la contienda electoral para tener la mayor cantidad de alcaldes, regidores, gobernadores o consejeros que potencialmente en el ejercicio de sus funciones permitan aliviar, legal o ilegalmente, lo invertido en la campaña política.

Este sistema electoral produce políticos con prácticas “pork barrel politics”, asociadas a lo regional y lo local a partir del presupuesto y los bienes públicos. Esta quizá es sólo una de las caras del actual clientelismo peruano. Aunque es posible advertir su presencia en otras esferas de los poderes públicos donde se formulan presupuestos públicos.

Con Bobbio podríamos decir que se ha instituido un Estado descentralizado en cuanto a lo normativo y las reglas electorales y políticas, pero donde al mismo tiempo subsisten prácticas ilegales o criminales, que deslegitima lo poco de república o de democracia que se ha intentado construir. Diecinueve gobernadores regionales, de un total de 25, son denunciados por irregularidades en la adquisición y distribución de alimentos, equipos de protección y equipos médicos, en medio de la emergencia sanitaria, en el año 2020. Sin dejar de mencionar a los gobernadores que dejaron de serlo por denuncias judiciales.

La descentralización que era el medio para buscar el desarrollo territorial sostenible y un país mejor integrado, se instaló como el fin político electoral de los partidos para ofertar candidatos municipales y regionales, cada cuatro años. Principalmente a partir de alianzas que establecen con movimientos regionales, lo que cuestiona su denominación de partidos nacionales.

Veinte años, son muchos años. Dos décadas de la reforma política de la descentralización que ameritaría definiciones de fondo para que salga de su opacidad y la inercia en la que se encuentra postrada. Cuando en plena campaña electoral, Pedro Castillo planteó la adopción de un estado federado, para que las actuales regiones tengan autonomía fiscal, económica, política y administrativa, supusimos que por lo menos se podría abrir un debate nacional y el enfoque territorial del Estado volvería a ser retomado.

La transitoriedad que el 2002 se les otorgó a los gobiernos regionales departamentales camino a ser regiones, se ha establecido como lo permanente como ocurre con la mayoría de lo transitorio en la esfera estatal. Hasta culturalmente se les llama regiones a lo que todos conocemos como departamentos. Los intentos por establecer la regionalización desde el año 2005 no ha surtido efecto.

Los peligros que se advirtieron en la discusión inicial de esta reforma aparecen como profecías cumplidas. Sobre todo, las referidas a que si estos gobiernos regionales recibían funciones y recursos no tendrían incentivos para querer ser regiones y se instalarían 25 cacicazgos que tasajearían las políticas públicas y la acción estatal; por lo que mejor era formar regiones a partir de zonas económicas y de interacción social y cultural y luego debió aprobarse la reforma de la descentralización y la regionalización.

El 2007, el APRA dejo a la descentralización sin conducción al desaparecer el Consejo Nacional de Descentralización y convertirlo en una secretaría dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los sucesivos gobernadores regionales parecen cómodos con esta situación y las interacciones ocasionales que su Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales tiene con el gobierno central en los GOREs Ejecutivos. Siguen sin plantearse revertir esta situación.

Lo que corresponde con esta reforma política es abandonar la inercia. Pero también aparecen propuesta de sincerar lo existente. El Banco Mundial desde el 2017[1] propone que frente al hecho de que no se podrán conformar regiones, habría que darles todas las potestades y formalidades a los actuales gobiernos regionales departamentales, afirmando su condición de nivel intermedio del Estado.

Esta propuesta que parte de la primacía de la realidad, trastoca con el pensamiento político peruano que, en sus diversas vertientes como Mariátegui, Haya de la Torre, Víctor Andrés Belaúnde siempre propugnaron el establecimiento de regiones económicas y culturales como proceso de descentralización, porque los departamentos, provincia y distritos, sólo son acuerdos políticos que no aseguran el desarrollo.

Una de las explicaciones para el débil funcionamiento del Estado peruano en los últimos veinte años se encuentra en los problemas no resueltos de esta reforma del Estado y en decisiones complementarias como el establecimiento de un servicio civil, cambios de los sistemas administrativos públicos y la coherencia normativa en la gestión descentralizada.

Los partidos nacionales no parecen interesados en hacer un balance y propugnar los cambios que amerita la descentralización, será acaso porque la política se posterga, frente al interés particular de alcanzar cargos y puestos electos o por designación, antes que pensar proyecto de país que los políticos debieran sustentar. ¿Soportará el Perú veinte años más de esta reforma inconclusa?

 

[1] http://documents1.worldbank.org/curated/en/704211568318814261/text/Peru-Building-a-More-Efficient-and-Equitable-Fiscal-Decentralization-System.txt

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