Lentamente, vamos saliendo de dos años brutales de la fase aguda de la pandemia. Aunque la mayoría enfoca su mirada y su esperanza en que el COVID19 se transforme en una endemia; vale decir, una enfermedad con las cuales el ser humano tendrá que lidiar de forma permanente y que, eventualmente, generará brotes epidémicos aislados de carácter cíclico o territorial, tendemos a dejar de lado la enorme agenda social y sanitaria que ella nos deja.
La tercera ola se aleja dejando una estela de fallecidos sustantivamente menor que las dos anteriores. Esto gracias al poder de la ciencia (la vacuna) y de la capacidad institucional para hacerla llegar a millones de peruanos y peruanas en, relativamente, poco tiempo.
La campaña de vacunación ha sido una verdadera “primavera sanitaria”, una gran movilización nacional en el cual el estado mostraba su capacidad para entregar un servicio universal y gratuito a todos sus ciudadanos y todas sus ciudadanas, brindándoles no solo protección frente a la amenaza pandémica, sino devolviéndole la confianza y reduciendo las incertidumbres. Como pocas veces, el país entero escuchaba y seguía confiada las instrucciones de su ministerio de salud. Como en toda obra humana, hubo tropiezos, algunas inconsistencias y, seguramente, habrá todavía dificultades, marchas y contramarchas, pero nadie puede decir que el balance no es positivo.
Esto, por su puesto, no es producto del azar. Es el resultado de 40 años de inversión en la estrategia sanitaria nacional de inmunizaciones, la cual es responsable de garantizar el acceso a 17 vacunas a toda la población peruana, protegiéndolos de cerca de 24 daños serios contra la salud a lo largo de toda la vida. Desde el momento del nacimiento cuando recibimos la BCG y la dosis cero contra la hepatitis, hasta las vacunas contra la neumonía y la influenza que reciben nuestros compatriotas de la tercera edad. Vacunas que se encuentran disponibles para todos y todas, los 365 días al año, todos los años, en todo el territorio nacional. Es sobre este sistema que se montó la exitosa campaña de vacunación contra el COVID19, vacuna que, seguramente, pasará a ser la vacuna número 18 del calendario regular de vacunación nacional.
Sin embargo, la “primavera sanitaria” va llegando a su fin y regresamos a nuestra realidad cotidiana, los servicios de nuestro viejo sistema de salud, con sus precariedades financieras, su fraccionamiento organizacional y sus problemas de gestión.
No hay que olvidar, por supuesto, los determinantes sociales de la salud, entre los cuales destaca nítidamente el incremento de la pobreza. En dos años, la pobreza ha llegado al 30% en promedio (y 50% en las áreas rurales), perdiéndose así lo avanzado en los últimos diez. De la misma manera, se ha precarizado aún más el empleo, no solo en nivel de ingresos, sino en la calidad de los contratos y, al mismo tiempo, el bolsillo ha recibido el duro golpe producto de la inflación. Todos estos elementos condicionan un deterioro en el estado de salud y en el acceso a los servicios.
La agenda sanitaria, producto del impacto pandémico, se ha complejizado, toda vez que, en todos los frentes se evidencian importantes retrocesos y la agregación de nuevos retos.
El primer de estos, es consolidar el control de la pandemia y atender sus secuelas. Aunque, como hemos dicho, los resultados de la vacunación son dignos de elogio, todavía quedan brechas importantes por cerrar. Este es el caso de Loreto, Ucayali, Puno, Amazonas y Madre de Dios, donde la cobertura vacunal con dos dosis no supera el 60 % en promedio. En el caso de la tercera dosis, al 20 de febrero de este año, la cobertura era solo del 29.4% y en ciertas regiones, como Puno, solo llega al 9%. La tarea, por tanto, no ha terminado.
Consolidar la vigilancia y control de la pandemia significa, también, implementar el DL 1504, aprobado el 11 de mayo del 2020, orientado a fortalecer las capacidades del Instituto Nacional de Salud, instrumento legal encarpetado, después de su aprobación, por las sucesivas gestiones ministeriales.
En forma paralela se debe atender a los miles de compatriotas que sufren de secuelas de la COVID19. La primera secuela es el denominado “covid largo”; aquí, se deberá capacitar al personal para identificarlo y manejarlo adecuadamente; segundo, son las secuelas que dejan las largas estancias hospitalarias, especialmente en servicios de cuidados intensivos. Los servicios de rehabilitación y cirugía tendrán que ser fortalecidos para atender un incremento en la demanda.
El segundo gran reto es recuperar los logros sanitarios previos a la pandemia. Un ejemplo de ello son los retrocesos en mortalidad materna. Al cierre del año 2021 se han registrado 485 muertes maternas, 46 más que el 2020 y 183 más que el 2019. Esta cifra solo es comparable con la registrada en el año 2010. Se calcula que en materia de Razón de Mortalidad Materna hemos perdido 10 años de avances. Similar situación, se puede observar en las coberturas de vacunación a la población infantil o en desnutrición crónica o en anemia, áreas en las que se habían logrado avances importantes, pero en la que se registran retrocesos.
El tercer gran reto es retomar la agenda inconclusa en salud, específicamente, a las estrategias de prevención y control de la tuberculosis, el VIH/Sida y las enfermedades transmitidas por vectores.
Finalmente, el cuarto reto es enfrentar con seriedad y decisión la nueva agenda sanitaria, el cáncer, la diabetes, la hipertensión y la obesidad y sus secuelas. Todas ellas sumadas impactan seriamente en los indicadores de enfermedad y muerte del país. En este sentido, genera confusión y desasosiego, por ejemplo, que la Ley Nacional del Cáncer, aprobada por el Congreso anterior en julio del 2021 y ratificada por el presidente Castillo en agosto de ese mismo año, todavía no tenga su reglamento aprobado.
La agenda es pesada, sin duda; y lo es más, aún, si se toma en cuenta la debilidad institucional, estructural y coyuntural, del órgano rector, MINSA y del otro importante brazo del sistema público, EsSalud.
El presidente Castillo, como le corresponde, tiene la palabra.