Con información de EFE, Reuters y France 24
Temperaturas superiores a lo habitual y contaminación ambiental son las consecuencias que llegan a la capital colombiana, Bogotá, producto de los incendios que consumen los parques nacionales de La Macarena y Chiribiquete.
En el resto del país, el fuego ha devastado 86.000 hectáreas de bosques en 20 de los 32 departamentos y en 142 de los más de 1100 municipios, de acuerdo con cifras que comparte el ministro del interior Daniel Palacios, y ha causado algún tipo de alerta en 597 municipios en total, roja en 550 de ellos, según datos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
El Viceministro @Nicogalarza, el Director de @DNBomberosCol @chbenavidesc y los Bomberos de Calamar sobrevolaron el municipio de Calamar (Guaviare) para evaluar el estado de la zona que se ha visto afectada por incendios, reportando que no hay focos activos. pic.twitter.com/R6YE8TXaYk
— Minambiente Colombia (@MinAmbienteCo) February 7, 2022
Desde mediados de diciembre se han producido 301 incendios forestales , 10 de los cuales permanecen activos. El departamento del Guaviare, con cuatro focos todavía sin controlar en la localidad de Calamar, es la región más afectada.
Manos criminales detrás de la devastación
La estación seca tiene poco que ver con la propagación de las llamas, que afectan fundamentalmente a la Amazonía y la Orinoquia. El gobierno colombiano ha atribuido la emergencia a la acción de grupos criminales.
La práctica de deforestar para abrir espacio a los cultivos ilícitos y a la ganadería es el detonante principal, pero según el ministro de Defensa, las disidencias de las FARC estarían detrás del fuego en el parque Chiribiquete.
«Allí, la columna Miller Perdomo ha buscado sistemáticamente los últimos cuatro días generar incendios forestales con dos propósitos: primero, destruir el bosque para acaparar tierras; y segundo, para desarrollar acciones de ganadería extensiva ilegal con el fin de utilizar recursos y lavar dinero (del narcotráfico) en esa zona del país«, aseguró Molano luego de un sobrevuelo en la zona.
Para hacer frente a la emergencia, el gobierno ha puesto en marcha la operación Artemisa, que emplea a 400 agentes de la fuerza pública para enfrentar a las manos criminales detrás de los fuegos. Además se han emitido carteles de búsqueda de 17 presuntos deforestadores, por cuya captura se ofrecen recompensas de hasta 300 millones de pesos (más de 75.000 dólares).
Consecuencias para la salud humana y ambiental
Los incendios han sido los peores en varios años, como alertan grupos ambientalistas, y amenazan un área como el Amazonas, cuya preservación es considerada vital para enfrentar el cambio climático.
“La intensidad de los fuegos es mayor de lo que hemos visto en muchos años, eso es un signo alarmante”, advirtió en una entrevista Rodrigo Botero, director general de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sustentable.
La pérdida de hectáreas es más del doble que el año pasado (cuando los incendios afectaron 41.600 hectáreas) y supera también las 62.200 de 2020.
El deterioro de la calidad del aire y los problemas respiratorios que éste acarrea también están causando declaraciones de alerta, como la que emitió la Administración Distrital de Bogotá.
Debido a incendios forestales en varias regiones del país, Distrito declaró Alerta Ambiental Fase I por calidad del aire. El próximo viernes, 11 de febrero, se evaluará si se requieren medidas adicionales. https://t.co/MMn4pyhaYr pic.twitter.com/3ATWOq9TLk
— Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) February 5, 2022
Las prácticas de ganadería y cultivos ilícitos, identificadas como motivos para iniciar los fuegos, podrían causar también el desplazamiento de comunidades indígenas asentadas en las zonas afectadas, donde se despejan terrenos para la construcción de vías y no solo para la cría y la siembra.
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