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miércoles, febrero 1, 2023

Una oportunidad para la crisis

La mayoría del “establishment” peruano opinan por la salida del presidente Castillo y la vicepresidenta Boluarte. De ser así, por mandato constitucional tendremos elecciones en 8 meses, es decir, coincidirían en el tiempo las elecciones regionales con las generales. Tener ambos procesos electorales simultáneos agravaría la confusión y dispersión del voto ciudadano, poniéndonos en posición de que las autoridades electas puedan ser menos aptas que las actuales.

El congreso ha manifestado de manera explícita su intención de completar el periodo de cinco años y convocar únicamente elecciones presidenciales. De ser así, candidatearían a la presidencia ciudadanos que no podrían tener bancada en el congreso. Difícil, si no imposible, que tengamos candidatos serios que postulen a la presidencia huérfanos de respaldo parlamentario.  Más aún, los candidatos de las actuales bancadas tendrían una ventaja inaceptable frente a candidatos de grupos hoy no representados en el congreso.

Los dos ejemplos que he presentado muestran como no estamos centrados en el día siguiente. Hay que darle debida atención a lo que pasará después. Convertir la crisis en oportunidad.

Lo importante, lo trascendente es como quedamos después de desatar el nudo gordiano actual.

Debemos optar por una vía que favorezca la gobernabilidad en democracia, la estabilidad política, separación de poderes, respeto a los derechos ciudadanos y mejorar en lo posible el bienestar de la ciudadanía.

Todos sabemos que la situación actual es consecuencia de muchos años de tener un sistema político que no ha podido sostener una clase política de calidad sobre la base de organizaciones políticas sólidas con fácil acceso para las nuevas generaciones, la independencia de poderes, la estabilidad política, entre otros. Más bien ha facilitado la judicialización de la política, acceso al poder de grupos con intereses soterrados, la política como espectáculo y sobre todo ha constituido una barrera para el acceso de nuevos actores a la política. Ninguno de estos problemas, y muchos otros, serán solucionados con la salida del presidente Castillo sin hacer los cambios necesarios. Es necesario que las próximas elecciones generales y el siguiente gobierno no sigan la descomposición actual.

Para ello debemos asegurarnos de que el siguiente proceso electoral se dé al amparo de una Constitución con las reformas esenciales mínimas que permitan reversar el destino oscuro del dado roído y ya redondo que rueda hacia su sepultura, como decía Cesar Vallejo.

Dada la urgencia, se podría convocar a figuras representativas de todo el espectro político, académicos, juristas, profesionales especializados en justamente aquello que se debe corregir. Por supuesto participaría el Congreso, más con el compromiso de promulgar los cambios constitucionales que este grupo plantee. El Acuerdo Nacional bien podría ser el organismo convocante de esta suerte de Consejo de Reformas Constitucionales Esenciales. No se trata de imponer un cambio total de la constitución, ni buscar cambios de orden social o en los derechos ciudadanos. Este consejo en realidad estaría haciendo cambios técnicos, de criterios estructurales en los poderes del estado, sus atribuciones, sus límites, la forma en que ese ejerce el control político, etc., así como el marco constitucional y legal de las organizaciones políticas y participación ciudadana.

Se fijaría un periodo determinado para este trabajo. Expertos en el tema dicen que pueden ser pocos meses. Terminado el trabajo y promulgados los cambios, se procede a convocar elecciones generales, bajo nueva y refrescadas reglas. Tendríamos un gobierno que nace en un remozado sistema político más sólido, fuerte e inclusivo. No se descarta que existan disposiciones transitorias que aplicarían solamente para las siguientes elecciones de ser el caso.

Mientras tanto, la presidencia, sea Pedro Castillo o Dina Boluarte gobierna bajo el compromiso de respetar la ruta aquí descrita, para luego renunciar y convocar elecciones una vez promulgados los cambios constitucionales. Asimismo, el Consejo de Ministros sería de ancha base, aplicando a plenitud lo que dice la Constitución: el presidente del Consejo de Ministros propone al presidente los miembros del gabinete.

Cabe mencionar que si resulta que el poder ejecutivo es asumido por la presidencia del congreso, el problema sería que las elecciones se tendrían que dar en ocho meses, periodo demasiado corto para la tarea a desarrollarse, y para que las candidaturas tengan tiempo suficiente para socializar sus ofertas electorales y así los ciudadanos puedan hacer un voto informado.  Este no es por cierto un escenario conveniente.

Este es un planteamiento. Puede haber otros mejores, en buena hora. Pero sea cual fuere, se debe priorizar el futuro por encima de nuestras propias preferencias y pasiones políticas. Nos merecemos un mejor futuro para todos.

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