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lunes, mayo 16, 2022

MÁS ESTADO, MÁS ÉTICA, MÁS CIENCIA (APUNTES A DOS AÑOS DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19)

Durante las últimas semanas me he reunido con colegas, amigas y amigos, para reflexionar en torno a estos dos años de pandemia y tratar de extraer algunas lecciones. Ellas y ellos cumplieron (y cumplen) un rol destacado, tanto a nivel internacional como nacional, en la lucha contra este enemigo global e invisible, por lo que sus opiniones resultan necesarias en la construcción de aprendizajes y sobre todo en la “urgente” Agenda País.

Cuando esbozamos la metodología a seguir durante las conversaciones que realizaríamos, así como los resultados que queríamos obtener del proceso, se ratificó aquello que durante la etapa inicial de la lucha contra este fenómeno mundial nos enrostraba, la necesidad de una respuesta multisectorial e intergubernamental, la cual necesariamente iba más allá de la implementación de planes sectoriales acotados a la salud pública, pero que sin duda su articulación repercutiría en la propia salud, además del bienestar de las peruanas y de los peruanos.

En ese sentido, la aplicación de la metodología de conversación nos llevó, hasta ahora, a tres grandes lecciones: i) la necesidad de fortalecer y modernizar la presencia del Estado; ii) afirmar la conducta ética de los servidores públicos, de los empresarios proveedores de bienes públicos y de la ciudadanía en su conjunto; y iii) potenciar la investigación en salud; las cuales enfocadas desde diversos ángulos o explicadas de manera particular desnudaron descarnadamente la necesidad de actuar, ahora, para que ante un nuevo hecho de similar magnitud se pueda actuar en protección real y eficiente de la ciudadanía.

Primera Lección: Fortalecer la Presencia del Estado

Es casi unánime reconocer como positiva la rápida y decidida acción del gobierno para decretar la cuarentena y aislamiento social, a pesar del impacto económico que esta significó. Esta decisión nos llevó a ser considerados, en su momento, ejemplo mundial en la lucha contra el Covid19. Del mismo modo, la población acató las disposiciones gubernamentales, mostrando confianza en las autoridades; hecho que se repite en la campaña de vacunación, donde hemos concurrido masivamente. No obstante, la fragilidad del Estado y la extrema vulnerabilidad social de la población (precarias condiciones de vida y de empleo) imposibilitaron sostener las medidas en el tiempo, situación que minó el éxito de las medidas.

Algunos de los ejemplos más notorios de la precariedad del Estado son: la brecha de infraestructura pública y personal de salud para brindar una atención digna a la ciudadanía en los servicios de salud; otra es la inmensa dificultad que se tiene para identificar la situación de vulnerabilidad de la ciudadanía y sus hogares, a fin de que de manera oportuna y segura se recibiera la transferencia monetaria, también llamado “bonos”, cuyo impacto se redujo por tener amplios segmentos de ciudadanas y ciudadanos excluídos del sistema financiero; la brecha de servicios de luz y conectividad digital, también jugaron un rol preponderante, los niños no tuvieron acceso a la energía eléctrica y al internet; y peor aún, no contaban con una herramienta informática para continuar sus estudios bajo la modalidad virtual; otro tema relevante fue la limitada capacidad de los operadores de justicia (entiéndase Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, Centro de Emergencia Mujer, Línea 100, entre otros) para contener el incremento de casos de violencia contra la mujer y contra los integrantes de su grupo familiar.

En consecuencia, la pandemia reveló la necesidad de fortalecer la presencia del Estado y modernizar sus operaciones, con la finalidad de mejorar su capacidad para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas y democratizar el acceso a los servicios esenciales, como la salud, la educación, la vivienda, la luz, el agua e internet; es decir la imperiosa necesidad de contar con un verdadero SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL, que contenga las desigualdades y evite que las inequidades se profundicen, haciendo miserables a los pobres y más ricos a los ricos.

Es pues urgente replantearnos la manera cómo el Estado concibe la política nacional de Desarrollo e Inclusión Social, la cual debe comprender el tejido social, las características de la población económicamente activa (80% de informalidad laboral), la pobreza y pobreza extrema (tercera parte de la población); además del legítimo cuestionamiento al modelo de crecimiento peruano, marcado por un largo periodo de bonanza económica sin que esto se tradujese en garantizar servicios esenciales y de calidad a la población.

Segunda Lección: Afirmar la conducta ética de los servidores públicos, de los Empresarios proveedores de bienes públicos y de la ciudadanía en su conjunto 

Partiendo de que la ética es una valoración social; un punto de confluencia entre el yo de la individualidad con el yo común de la sociedad humana, en donde el Estado es el nexo donde el hombre puede desenvolver sus cualidades sociales, podemos afirmar que fue justamente durante el periodo de pandemia que este nexo se rompió de manera sistemática. He aquí algunos hechos emblemáticos:

a) Uso de la posición de poder en el Estado para beneficio particular, una acción favorecida por la opacidad y la falta de transparencia; concretamente, el caso “vacunagate”. Altas autoridades nacionales, tales como el presidente de la república, ministros de estado -incluida la ministra de salud y la canciller-, viceministros -incluido el de salud pública-, exministros de salud, rectores y vicerectores de universidades públicas y privadas líderes en el país, vicedecano del Colegio Médico del Perú, empresas privadas, así como profesionales de la salud muy respetados en la comunidad académica y social, estuvieron involucrados en un escandaloso caso de vacunación por demás irregular y que, hasta ahora, se mantiene en el terreno de la impunidad, otro mal endémico en nuestro país.

b) La acción de los mercaderes de la salud, una parte del sector privado que vio en la pandemia solo una oportunidad para “hacer negocios”, para lucrar del dolor y la desesperación. Camas, mascarillas, oxígeno, pruebas, medicamentos -incluyendo al humilde paracetamol- alcanzaron cifras estratosféricas. Abusando de su posición de dominio, cual aves de rapiña, volaron sobre los bolsillos de los pacientes, quienes tampoco tenían en el estado una alternativa de cuidado o un escudo protector y que solo en algunos casos retrocedieron ante el escándalo mediático; no hay que olvidar que actúan protegidos por la Constitución del 93.

c) El erosivo y debilitante accionar de la infodemia. Usando datos falsos y medias verdades, las “Fake news” (noticias falsas) cumplen la función de generar dudas, sembrar la sospecha y minar la confianza, en algunos casos basados en trasnochadas teorías conspirativas y, en otros, usados como una herramienta de acción política para destruir al oponente. En una sociedad como la peruana, marcada por la desconfianza y la polarización, estos mensajes encontraron un terreno fértil. Felizmente, en algunos campos, como en el de vacunas, sufrieron una ejemplar derrota.

Quedan en nuestra memoria, los titulados “especialistas en pandemias”, quienes, atraídos por los reflectores, los micrófonos y los “5 minutos de fama”, se pasearon por cuanto estudio o rotativa le diera espacio, para calificar y pontificar sobre lo que debiera o no hacerse en la pandemia, por encima de las y los verdaderos especialistas.

Si bien es necesario apelar al accionar ético, especialmente de los medios de comunicación, para evitar noticias falsas que atentan contra la dignidad, la seguridad y la vida de las personas; es igualmente necesario que el Estado replantee sus mecanismos para combatir estas prácticas antiéticas, dinamizando sus comunicaciones, las cuales deben ser capaces de responder a la dinámica febril de las redes sociales. Mantener como medios de información a la ciudadanía el comunicado oficial, la conferencia de prensa, la campaña en medios oficiales; vale decir, herramientas lentas y poco dinámicas, será la mejor forma de abrir paso a la información falsa.

Tercera Lección: Potenciar la investigación científica en salud y las políticas públicas basadas en evidencias

La investigación científica, de forma general, contribuye con mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas; por ello resulta clave fortalecer las capacidades del Instituto Nacional de Salud (INS) como referente nacional en materia de procesamiento de evidencias y evaluación de nuevas tecnologías, con participación de la academia y del sector privado. El DL 1504 emitido el 15 de mayo del 2020, aún vigente, tiene este fin; empero duerme el sueño de los justos, en algún anaquel del MINSA, donde espera ser reglamentado y se le asigne un presupuesto adecuado para su implementación.

El sentido de urgencia, que permita potenciar el INS, es clave; debido a que permitiría, en primer lugar, hacer frente a la pseudociencia y a los movimientos que lo promueven, afectando directamente a la ciudadanía; segundo, se fortalecería la capacidad para procesar evidencias y sobre la base de estas diseñar políticas públicas; y, en tercer lugar, permitiría dinamizar la identificación, coordinación y acceso a nuevas tecnologías en salud (pruebas, ventiladores, vacunas), ya que la que se tiene es obsoleta, insuficiente y de distribución inoportuna.

Finalmente, luego de dar cuenta de los principales apuntes que se ha recopilado sobre estos dos años de lucha contra la Covid19, dejar anotado que estas líneas no pretenden ser un listado exhaustivo, ni tampoco un análisis profundo, pero sí proponer algunas de las principales reflexiones que nos van quedando a dos años de iniciada la pandemia COVID-19, un fenómeno que está aún lejos de terminar, pero que nos va dejando lecciones y una agenda de trabajo cuya implementación espera una acción más decidida por parte del gobierno.

 

 

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