Hemos sido miles los peruanos que nos hemos indignado al ver situaciones en donde se ha ejercido fuerza arbitraria en contra de trabajadores informales, lo hemos visto en diferentes regiones de nuestro país y lo hemos condenado. Pero debemos ser conscientes de que vivimos en un país en donde se ha normalizado el comercio ambulatorio, y somos testigos de cómo la indiferencia del Gobierno nacional y los gobiernos locales frente a esta situación, se afianza cada día.
Si bien es cierto que la situación del trabajo informal siempre ha tenido niveles bastante altos, dicha situación se agravó con la pandemia, incrementando según INEI del 73.1% al 77.3% los trabajadores informales. Esto sucedió como consecuencia de la crisis económica que se encrudeció con la cuarentena total que se estableció a inicio de la emergencia sanitaria aprobada en el año 2020 y que dejó a muchos peruanos sin el sustento diario que llevaban a casa.
Y es que el COVID-19 nos llevó a una situación bastante precaria a nivel económico, en donde la pobreza monetaria incrementó en Perú del 20.2% al 30.1%, siendo evidente que se iba a afectar el acceso económico a alimentos y por ende iba a incrementar la inseguridad alimentaria en la población.
Según un informe de Wiego, el 63% de trabajadores informales reportó haber pasado hambre durante pandemia, una situación que se ha vivido en diferentes hogares del país, y que lamentablemente no ha sido respondida de manera adecuada por el Estado. Esto no sucedería si se tuviera consciencia en relación a las responsabilidades que tienen cada uno de los niveles de gobierno para garantizar el Derecho a la alimentación en la población.
Cabe destacar que no solo se evidenció falta de claridad sobre las obligaciones del Estado para garantizar la alimentación en la población en situaciones de emergencia, sino que también se cometieron varios errores por parte del Gobierno Central durante el inicio de la Emergencia Alimentaria. Esto sucedió debido a que al intentar generar respuestas frente al hambre que se iba incrementando en la población, se cometió el error de trabajar en el marco de un SISFOH desactualizado, ya que el Gobierno central brindó desde canastas con alimentos de primera necesidad hasta bonos, a miles de personas en estado de vulnerabilidad, sin considerar que como consecuencia de la pandemia se incrementaron el número de “nuevos pobres” y por ende la población que necesitaba ser atendida era mucho mayor a la que inicialmente se había focalizado. Esto demoró mucho en ser comprendido por los diferentes decisores políticos de los diferentes sectores, y trajo consecuencias negativas en la seguridad alimentaria de la población.
Debo resaltar que, ante la situación de desconocimiento y respuesta poco eficaz del Estado frente al hambre de la comunidad, fue la ciudadanía la que se organizó para sumar las donaciones que recibían y alimentar a toda su comunidad, además de generar organizaciones de base como Ollas comunes, para alimentar de forma gratuita o a un mínimo costo, a todo su distrito.
Pero de recibir donaciones no puede vivir toda la vida, se necesitan oportunidades de crecimiento económico para el desarrollo de la propia ciudadanía y el desarrollo de todo el país. Se necesitan oportunidades por parte de todos los niveles de gobierno, para fortalecer capacidades técnicas y estas puedan convertirse en oportunidades laborales. Se necesita comprensión de las instituciones del Estado para con las razones que afianzan la informalidad, y la forma en la que se le puede dar una oportunidad de crecimiento económico a todo un país.