Un rosario de leguleyadas y violaciones al sentido común ha puesto en marcha la extrema derecha en el Congreso con apoyo de Perú Libre y otras bancadas, la dictadura congresal va a la captura de todas las instituciones, al TC le sigue la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el JNE, forzar la salida de Castillo y Boluarte para tomar el Ejecutivo es el trofeo final para quedarse hasta el 2026.
La extrema derecha, que ha fracasado en las calles levantando las banderas del fraude, ha logrado finalmente domesticar a las llamadas bancadas parlamentarias de centro y de Perú Libre que hasta ahora venían sosteniendo a Castillo, nada es casual en la ofensiva radical a la que han entrado en estos días de blindajes y censuras.
Si al principio parecía difícil, que, mediante repartija, se aprobaran leyes y contrarreformas contra la SUNEDU, Educación, Transporte, etc. o se eligiera un TC a la medida, lo que está en marcha es peor, porque se trata de arremetida final para la captura de instituciones y si la ciudadanía quiere denunciar la inconstitucionalidad de algún procedimiento o ley de la dictadura congresal encontrará una tranquera en el nuevo Tribunal Constitucional.
La disputa por la Mesa Directiva del Congreso 2022-2023 es clave para llegar a Palacio, la extrema derecha quiere mantener a Maricarmen Alva -cuyo único sueño es reemplazar a Merino- como presidenta, pero APP de Acuña reclama el sitio y dice que le toca; en esa mesa directiva “pluralista” tendrán cabida los que se adhieran a sus planes, y entre sus planes está garantizar impunidad para los confabulados y modificar la ley de colaboración eficaz, anhelo de FP, PL y otros.
De un Congreso poblado en su mayoría por aventureros y cazafortunas, no se puede esperar nada, saben que el tiempo en este momento juega a su favor porque la calle está silenciosa, creen que los votos les dan carta libre para arrasar la legalidad mediante leyes e interpretaciones sui generis, confían en que su ejército de constitucionalistas y analistas saldrán prestos a santificar sus tropelías.
El informe presentado en mayoría, por el exmilitar Jorge Montoya, de la Comisión de Fraude Electoral del Congreso, parece recogida de algún pasquín y termina enumerando cada una de las barbaridades que han venido gritando en las marchas resguardadas por la pestilencia y otras organizaciones paramilitares, y concluye entre otras cosas, pidiendo la cabeza del presidente del JNE.
Como de acuerdo a la constitución del 93, Art. 99, el Congreso no tiene la facultad de acusar constitucionalmente a los miembros del JNE o de la ONPE, ya salieron los constitucionalistas -exasesores de Keiko Fujimori- a sostener que, si se puede acusar y destituir al presidente del JNE porque este tiene condición de Vocal Supremo, increíble, el derecho por la alcantarilla o la chequera de algún banco.
El objetivo es completar la tarea que Montesinos no pudo lograr antes de las elecciones del 6 de junio, tomar el control del JNE es clave para tenerlo a su disposición en las elecciones presidenciales que convocarían si toman Palacio, y, además, limitar el derecho de participación de posibles adversarios punta de normas express o acusaciones constitucionales.
Por otro lado, apenas los votos cerronistas se unieron a la extrema derecha para censurar a Betsy Chávez, el sentenciado Vladimir Cerrón fue a Palacio para recodarle al indocumentado e investigado por corrupción, Pedro Castillo, que tiene los votos que podrían vacarlo. Los ahora 21 congresistas que le quedan a Perú Libre le sirven a Cerrón para negociar su cuota de poder con Castillo, y, con la extrema derecha, votos a cambio de impunidad.
La extrema derecha lo sabe y sigue sumando, sienten que Palacio está más cerca que nunca, por lo pronto ya tendrían confirmado los votos de Perú Libre para despedir a Dina Boluarte, en el caso de Acción Popular y APP las cosas están encaminadas, los “hermanitos” huérfanos tendrán que elegir entre su “lealtad” a Castillo o su pellejo.
Los 87 votos para la vacancia que parecía -hasta hace unos días- imposible de conseguir se van estrechando, los votos a cambio de impunidad es lo que está en agenda en estos días. Pero en medio de todo este despelote (según IEP) el 67 % de ciudadanos piensa que la salida a la crisis política son nuevas elecciones generales, elecciones presidenciales y que se queden los congresistas solo lo respalda el 3 %, un categórico que se vayan todos.