Según la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, en el año 2021 se atendió con el kit de emergencia a 2,519 víctimas de violencia sexual en todo el país, de los cuales el 65% correspondía a casos de niñas, niños y adolescentes.
Pese a esta cifra el Congreso aprobó el proyecto de ley para la intervención obligatoria de los padres de familia en la elaboración de materiales educativos. Esto afectaría el enfoque de género.
Según el texto aprobado, la norma tiene por objeto emitir las disposiciones orientadas a regular las acciones para que la elaboración de los materiales y recursos educativos a cargo de las entidades competentes del sector educación, se efectúe acorde con los principios y derechos reconocidos en la Constitución.
Este dictamen que recibió el visto bueno del Legislativo condiciona publicación de material educativo al consentimiento de madres y padres y pone en riesgo la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).
Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial (PJ) se ha pronunciado al respecto y ha rechazado la medida que tomó el Legislativo. Para ella es importante que el Ejecutivo observe dicha ley porque permite visibilizar la situación asimétrica entre la mujer y el hombre.
“Vivimos en una cultura patriarcal y debemos erradicar la violencia. Es la otra pandemia”, dijo a La República.
En la misma línea tomó la palabra la especialista en gestión e incidencia del Programa Horizontes de Unesco Perú, Ángela Bravo, quien cuestionó la postura que tomó el Congreso.
“El proyecto habla de ‘calidad’, pero no con mirada propositiva o revisión consultiva de padres, sino con la capacidad de vetar contenidos. Y eso se limita a organizaciones inscritas en registros públicos; es decir, asociaciones muy particulares que quizá no tienen apertura a favor del enfoque de género y la ESI de calidad. Esta debe tener respaldo científico”, señaló.
Para Bravo el temor está ya que la calidad técnica de estos contenidos se ve perjudicada por creencias personales o dogmas.
Ojo al dato
A las cifras ya mencionadas en el primer párrafo se le suma la brindó Elvia Barrios. La titular del PJ indicó que desde que entró en vigora la ley para erradicar la violencia contra las mujeres (n° 30364), su institución ha recibido un millón 300 mil solicitudes de medidas de protección por parte de víctimas de violencia.
En la previa el presidente de la República, Pedro Castillo, dio a conocer que observará el proyecto que golpea a la Sunedu, pero no se ha pronunciado sobre la ley que afecta a la educación sexual en los colegios.
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