Dos días han pasado desde que en segunda votación el Pleno del Congreso aprobó la ley que propone restablecer la “autonomía” y la institucionalidad de las universidades peruanas, ello a través de la modificación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
El proyecto indica que la conformación del consejo directivo de la Sunedu estaría integrado por dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.
Precisamente el titular de la institución Oswaldo Zegarra criticó la decisión del Legislativo y pidió al presidente de la República que observe dicha ley.
«Invocamos al Ejecutivo a que lo revise con detenimiento. Bajo el slogan de devolver la autonomía universitaria, el Congreso aprobó una ley que esconde un propósito más oscuro: regresar a un viejo orden sin fiscalización ni considerar que la educación es un derecho binario como un servicio público de calidad. El dictamen aprobado le quita funciones esenciales a Sunedu e instaura un sistema que ya demostró que no funciona«, exclamó.
Retroceso
Durante las últimas horas más 30 de universidades públicas y privas se pronunciaron en contra de la contrarreforma universitaria.
“Lamentamos la deliberada distorsión del concepto de autonomía universitaria y su empleo con el propósito de contravenir los principios que animan la reforma, anteponiendo intereses ajenos a la vida universitaria y retrocediendo así a un modelo fracasado”, se lee en un comunicado.
En esa línea, Waldo Mendoza, miembro de la Sunedu, alertó que esta iniciativa afecta la educación universitaria con un retroceso de 20 años.
«Esta ley, que nos hace retroceder 20 años por culpa de unos inescrupulosos, debe ser observada o al menos discutida. El poder de los votos no puede matar la educación pues cuando al mercado educativo se deja como cualquier mercado, pasa lo de antes del 2014: Se crean chinganas que venían cualquier producto educativo que no estaba a la altura del país«, resaltó.
Para tomar en cuenta
El jefe de Estado, Pedro Castillo tiene 15 días hábiles para determinar si observan o no la ley. El mandatario en campaña presidencial había firmado la “Proclama Ciudadana” en donde se comprometió a la defensa de la educación.
En esa oportunidad Castillo dijo fortalecer el trabajo de la Sunedu.
Aurelio Ochoa, integrante de la institución, dijo que ningún país del mundo que desea estar en OCDE tiene a los supervisados cumpliendo la función de supervisarse a sí mismo.
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