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lunes, septiembre 26, 2022

AMENAZA PARAMILITAR EN MARCHA

La dictadura congresal ha promulgado la temeraria Ley N°31494 para que los desactivados “Comités de Autodefensa y desarrollo rural”, y otros grupos se puedan armar para cumplir funciones de seguridad ciudadana, mantenimiento del orden interno y defensa nacional, es decir, les otorgan funciones exclusivas y excluyentes de la Policía Nacional y de las FF.AA.

Esta ley de corte fascista lo que busca es convertir en grupos paramilitares armados a los rezagos de “Comités de Autodefensa”, muchos de los cuales fueron cooptados por organizaciones ilegales y deja abierta la puerta para crear otros grupos que ya vienen actuando impunemente, viola abiertamente la constitución y las leyes que regulan la seguridad ciudadana, defensa nacional y orden interno

Con esta norma el Congreso ha dado un paso brutal en la ruptura total del estado derecho autorizando la creación de grupos paramilitares de choque. No contentos con sacar leyes destruyendo la reforma educativa, universitaria y de transporte, con blindar a jueces, fiscales y excongresistas para que no sean investigados por corrupción, y, de pretender cambiar 53 art, de la constitución de un plumazo para restringir derechos y aumentar sus prerrogativas, ahora van por más.

Con el país ya convulsionado por la violencia armada en las zonas controladas por el narcotráfico, los Quispe Palomino, la minería ilegal, tráfico de tierras, de insumos químicos y la tala de árboles, con muchos crímenes en su haber, se deja la puerta abierta también para que se acojan a la ley grupos como la Pestilencia y otros vinculados a la extrema derecha (FP, RP y AP y algunos satélites), que ya actúan impunemente en las ciudades agrediendo a diestra y siniestra.

MÁS FACULTADES QUE FF.AA. y FF.PP.

En realidad, se trata de todo un sistema paralelo de justicia en manos de organizaciones lumpen que van a competir con la PNP, FF.AA. y los serenazgos. Para redondear la faena la ley autoriza que puedan agenciarse de armas comprando a agentes privados, instituciones castrenses y hasta recibir donaciones de armas y de dinero para sostenerse. Legaliza el tráfico de armas que ya venía funcionando clandestinamente en campamentos mineros, madereros, narcotráfico, tráfico de tierras y de insumos. Adornan la ley señalando que pueden recibir capacitación de las instituciones policiales o militares.

Y con el cuento de la capacitación, autorizan a que los grupos paramilitares puedan intervenir en materia de seguridad ciudadana, seguridad pública, resguardo, arresto, intervención, reducción, uso de fuerza pública y uso legítimo de las armas, es decir les otorgan más facultades de la que cuenta la PNP y las FF.AA. que tienen restricciones  legales y constitucionales,  protocolos de intervención para el ejercicio  del monopolio de la fuerza, que requieren autorizaciones judiciales, intervención fiscal , etc.  Este texto aprobado por el congreso golpista el 22 de abril de 2021, observado por el expresidente Sagasti, fue desempolvado por María del Carmen Alva el 15 de junio 2022 y publicado al día siguiente en tiempo récord.

La sola lectura de los artículos nos deja perplejos, porque viola de un plumazo libertades individuales, derechos civiles, jurídicos y humanos que solo se producen en regímenes fascistas y totalitarios, además al “representante” de estos grupos paramilitares (que usan del nombre de los CAD) lo ponen al mismo nivel del presidente de la PCM, presidente  del Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Defensor del Pueblo, alcaldes, ministros, gobernadores y hasta del Director General de la PNP, como si fuera poco, disponen que las FF.AA y FF.PP les otorguen defensa legal gratuita para protegerlos, y que el Ejecutivo, gobiernos regionales y locales los asistan con sus presupuestos.

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Como será de grave esta ley temeraria que, hasta personajes de clara orientación derechista y conservadora, han protestado porque consideran que esta ley es una ofensa a las FF.AA. y FF.PP. y reclaman al Congreso su inmediata derogatoria, muchos de ellos que apoyaron la teoría del fraude y la vacancia hoy sostiene que, con esta medida el Congreso resulta siendo tan o más peligroso que el gobierno mediocre de Castillo.

El 11 de abril de 2021 con Castillo y Fujimori el país se puso al borde del precipicio, se trataba de elegir entre el tifus y el cólera, entre un incompetente-oportunista y la lideresa de una organización criminal, los llamados al voto en blanco o viciar el voto fueron demonizados por ambos bandos, el país se polarizó en extremo. De esa polarización fueron tomando cuerpo los grupos fascistas y paramilitares que hoy ya tienen su ley y sus defensores que han capturado el Congreso. Castillo y Cerrón aprovecharon la polarización y armaron su bunker en el pasaje Sarratea, organizaron la repartija de ministerios para distraernos y formaron una organización de pájaros fruteros para introducirlos en puestos públicos.

Con todo este desmadre, que se agravará con el paro de transporte terrestre, interprovincial y agrario, no se entiende como todavía hay quienes, desde las izquierdas, la centro derecha y derecha liberal no lideran una ola disruptiva que convoque nuevas elecciones generales para que se vayan todos, Gobierno y Congreso, así de claro.

Los argumentos que esgrimen para justificar el inmovilismo son variados: desde que no se sabe quién pueda venir, que solo se vaya el Congreso, que es hacerle el juego a la ultraderecha golpista, que es mejor un gabinete concertador, que primero reformas políticas, hasta que no se puede romper la legalidad; pero todos conducen a mantener el estatus quo; status quo al que también se aferran el gobierno corrupto de Castillo-Cerrón y la derecha extremista afincada en el congreso mafioso, que hoy está enfrascada en la disputa de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, que asumen, será quien reemplace a Castillo para convocar solo presidenciales y quedarse hasta el 2026.

¡Qué se vayan todos!

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