El pasado 12 de junio el ministro de Justicia, Félix Chero, indicó a Canal N que el Ejecutivo elabora un proyecto de ley para sancionar hasta con tres años de cárcel suspendida a fiscales o jueces que divulguen documentos reservados que involucren en procesos a terceros.
Chero sustentó esta iniciativa señalando que el Código Procesal indica que toda investigación fiscal o judicial es reservada. No obstante, aseveró que no atentará a la libertad de expresión contra los periodistas.
“Hemos identificado dos situaciones que tienen que ser reguladas por norma, una es el tema que el código procesal penal que dice que la investigaciones es reservada. Es decir solo pueden tener acceso la partes del proceso, no estamos hablando de los medios, ellos tienen sus propias fuentes, hay libertad de expresión y hay respeto absoluto”, señaló.
El titular del Minjus indicó que el sistema de justicia tiene que procurar que sus funcionarios reserven la información para que no se desnaturalice.
Por otro lado, Marisol Pérez Tello, exministra de dicho sector criticó la iniciativa del Gobierno ya que atentaría contra la estabilidad del país.
«Es innecesario porque ya está tipificado en el código penal la omisión de funciones en el artículo 355. En una investigación reservada el custodio de la reserva de esta investigación sea el fiscal o el juez, tienen a su cargo garantizar la reserva de esta investigación entonces no es necesario», dijo a RPP.
Ante lo que sería perjudicar a la libertad de expresión, la también excongresista comentó que actualmente ya existen mecanismos internos dentro de la PNP o Fiscalía para sanciones administrativas.
«Se olvidan de que los funcionarios públicos están sujetos a mayor escrutinio público, con lo cual lo que se debe fomentar no es ocultar información, sino transparentar. Yo creo que la decisión es jurídicamente innecesaria, políticamente peligrosa porque atenta contra la estabilidad del país que ya está en una situación bastante delicada», añadió.
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