El último viernes el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, indicó a la prensa que han presentado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos penales.
“Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es público y no hay reserva”, aseveró.
Ante lo que sería un atentado contra la libertad de prensa la Defensoría del Pueblo rechazó esta iniciativa del Ejecutivo ya que el Estado debe garantizar que los medios de comunicación puedan ejercer su labor y que la ciudadanía sea debidamente informada sobre asuntos de interés público.
“Esta propuesta buscaría inhibir la labor colaborativa de quienes brindan información esencial a las y los periodistas, afectando así la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía”, indican en un comunicado.
#LibertadDePrensa Expresamos preocupación por proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal.📢El Estado debe garantizar que medios de comunicación ejerzan su labor y que la ciudadanía sea informada sobre asuntos de interés público.👉https://t.co/akpYtvBTt7 pic.twitter.com/9NtBBeWfM3
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) June 30, 2022
El organismo constitucionalmente autónomo precisó que es indispensable asegurar condiciones mínimas que permitan a la prensa ejercer su labor a cabalidad, ya que de esa manera se garantiza que la ciudadanía se mantenga informada y se fomente su participación en el debate público.
“Tales condiciones no podrían ser alcanzadas en contextos en los que se criminaliza la divulgación de información fiscal, en tanto amedrenta a las fuentes periodísticas, evitando o dificultando que la prensa acceda a información fidedigna sobre asuntos de relevancia e interés público”, añadieron.
Posturas desde el Ejecutivo
Para Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, esta iniciativa que limita a la ejercicio periodístico es inviable ya que actualmente existe una norma que sanciona al funcionario que revela información.
“Ha habido muchos actos de investigación de la prensa que han contribuido a esclarecer los hechos y esto hay que ponerlo de relieve y darle valor, no limitar a través de una norma”, dijo a Exitosa.
En respuesta a ello, el canciller César Landa, comentó que este proyecto de ley no exige a la prensa a revelar sus fuentes ya que se trata de solo sancionar a fiscales y jueces que difundan información de carácter reservado.
“No se sanciona el periodismo, sino a los jueces y fiscales. Como funcionarios públicos, están sometidos a una ley y un régimen. A diferencia del ejercicio del periodismo de buscar las fuentes y difundirlas para crecimiento ciudadano, los funcionarios están más limitados en el ejercicio de ellos, por eso quizá deberían tener un vocero que permita informar permanentemente y no de manera oficiosa o fuera de los canales”, señaló a RPP.
En esa misma línea opinó Félix Chero, ministro de Justicia. El titular de este sector aseguró que este proyecto no afectará a la libertad de expresión.
“En ningún caso hay un bloqueo de la libertad de expresión que yo respeto y comparto, pero cuando ya se dice que hay información reservada, se ponen en riesgo a los colaboradores eficaces”, mencionó.
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