Un nuevo caso de blindaje puede ocurrir desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento.
Tal como sucedió con Edgar Alarcón y Manuel Merino desde la SAC buscan archivar la acusación constitucional contra el excongresista Héctor Becerril.
El político fue denunciado por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por el presunto delito de tráficos de influencias.
El informe final contra el exparlamentario de Fuerza Popular fue elaborado por el legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante.
El oficio que fue remitido a la titular de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, fue solicitado por presidenta de la SAC, Rosío Torres de Alianza Para el Progreso.
Esta última tuvo el voto dirimente para pasar al archivo la denuncia constitucional que tenían el breve expresidente de la República, Manuel Merino y exministros de Estado.
Asimismo, Becerril es investigado por los aparentes delitos de organización criminal y cohecho pasivo impropio por sus vínculos con Los Temerarios del Crimen. Este grupo es una organización criminal que operaba en Chiclayo y fue liderada por el exalcalde David Conejo Chinguel.
De llegar a suceder esto, Becerril ya no podría ser inhabilitado por 10 años de ejercer la función pública. No obstante, de archivar dicho informe será la Comisión Permanente y luego el Pleno del Congreso quienes tomen la decisión final.
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