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viernes, octubre 7, 2022

INVERSIÓN PÚBLICA Y CORRUPCIÓN

La última encuesta de Datum muestra que el 67% de los peruanos creen que Pedro Castillo está involucrado en casos de corrupción, además el 77% están de acuerdo que sea investigado. El 55% cree que no tiene voluntad de colaborar con la Fiscalía de la Nación. Resultado, grave y peligroso deterioro de la credibilidad el presidente sobre todo a partir de la revelación de los últimos audios.

La corrupción se ha dado en todos los gobiernos, algunos presidentes están presos, otros enjuiciados, fugados o suicidados. Ya el Índice de Percepción de la Corrupción del 2021, de Transparencia Internacional, publicado 25 de enero de este año, tras analizar datos y episodios de corruptelas acontecidas durante el 2020 y los primeros nueve meses del año pasado, ubica al país en el puesto 105 de 180.

La corrupción ha significado una pérdida de más de 22,000 millones de soles durante el 2020 en el Perú, cifra que evidencia la importancia de luchar contra este problema, para prevenirla, tal como lo afirmó el contralor general de la República, Nelson Shack. Ello equivale a 12.6% del presupuesto ejecutado en el 2020 y al 3.2% del PBI del mismo año.

Pero lo más indigna es que haya 2369 obras por contrata paralizadas, lo cual representa la inmovilización de una inversión de S/ 22 453.3 millones según la Contraloría General de la República. De las obras paralizadas identificadas, el Gobierno Local concentra 1714, lo que representa el 72% del total; mientras que, el Gobierno Regional posee el mayor monto de inversión involucrado con S/ 12 287.4 millones, esto incluye dos concesiones que concentran S/ 5160 millones de soles como son el Proyecto Especial Chavimochic y el Proyecto Majes – Siguas. Las regiones con más obras paralizadas son Cusco (490), Puno (221), Lima (168), Cajamarca (148) y Apurímac (120).

Un informe de la Procuraduría Anticorrupción revela que, de los 1,841 alcaldes a nivel nacional, 1,699 (92%) están siendo investigados por presuntos actos de corrupción. Más del 50% de los que están investigados postulan a la reelección. Diecinueve de los 25 gobernadores regionales del país son investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecot), según el registro del Ministerio Público. Conclusión: la mayoría de los alcaldes y gobernadores llegan al gobierno municipal y regional a robar al Estado con la complicidad de una clase empresarial corrupta.

La pregunta es por qué es tan difícil luchar para impedir la corrupción en el país. Qué es lo que está fallando. Por qué las entidades encargadas de ejercer la función fiscalizadora y sanción a la corrupción no impiden o por lo menos disminuyen la corrupción.

¿Cuáles son la entidades responsables que tienen esta función?

En primer lugar, el Congreso por intermedio de la Comisión de Fiscalización y de todas las demás comisiones ordinarias que tiene como función la fiscalización en el ámbito de su competencia, pero no lo hacen, son reactivos, actúan solo cuando hay una denuncia. El problema es que, además, el Congreso no tiene el personal especializado y permanente en el servicio parlamentario de las comisiones para realizar esta tarea. Los Secretarios Técnicos que son los funcionarios de carrera de más alto nivel responsables de las Comisiones, en los últimos 5 años ha sido diezmado. De los 24 Secretarios Técnicos solo queda un tercio y las diferentes mesas directivas de los últimos Congreso se han negado a convocar el concurso público de méritos para cubrir las plazas vacantes. La justificación es contratar a sus militantes sin importar su calificación.

La segunda entidad responsable es la PCM que tiene a cargo la Comisión De Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que es un espacio de articulación y coordinación entre instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Su objetivo es proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. En el nivel regional están las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA), en los 25 gobiernos regionales. La realidad muestra el poco impacto que tiene estas instituciones en su combate contra la corrupción por carecer de capacidad técnica y de personal especializado.

La tercer institución responsable es el MEF que tiene que ver directamente con la inversión pública y que esta a cargo de Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), los sistemas administrativos como Inversión Pública y Presupuesto Público. Es decir, el MEF está a cargo de los recursos del estado en donde se produce la corrupción y el MEF es incapaz de ejercer un control de la corrupción y al parecer que tampoco le interesa, de los recursos que administra.

La cuarta entidad responsable es la Contraloría General de la República (CGR) que tiene como función el apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos. La realidad muestra que la CGR es incapaz de cumplir con la tarea asignada.

La cuarta y quinta entidad es la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, encargados de juzgar y sancionar a los corruptos sean públicos o privados. Los resultado son realmente pobres y la impunidad parece la moneda común en funcionarios judiciales de alto nivel que ganan entre 30 mil a 40 mil soles, pero con pocos resultados, amén de la corrupción al interior de estas instituciones que obligó a crear entidades por fuera de estas instituciones para fiscalizar a jueces y fiscales corruptos ya que las que tenían internamente no cumplían su función.

Hay que indicar que en el país existe una Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada mediante Decreto Supremo en setiembre de 2017, allí se señala que “La corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad del país, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas tiene además diferentes manifestaciones y aparece de manera diversa en el escenario social, político y económico. Sus efectos negativos llegan a trascender inclusive fronteras, valiéndose de redes sofisticadas delictivas que aprovechan la debilidad institucional y sectores vulnerables para capturar la toma de decisiones.”

Posteriormente, el 26 de abril del 2018, se promulga el Decreto Supremo 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. El Plan define la estrategia de las acciones, metas e indicadores orientados a generar resultados concretos en la lucha contra la corrupción. Cuáles son los resultados de la aplicación de este pal, no lo sabemos. Preguntamos qué no se ha formulado el Plan 2022-2026 que a la fecha no existe. Que pasa con la CAN que es la responsable de elaborar dicho plan, no lo hace y no pasa nada.

Es decir, análisis, propuestas, recomendaciones, políticas, planes ya existen, no hay nada que inventar, además tenemos un sistema de lucha contra la corrupción, lo que están fallando son las instituciones que tienen a cargo estas responsabilidades, las instituciones de los tres poderes del Estado y su entidades autónomas.

¿Qué hacer? 1) Adecuar el marco legal de lucha contra la corrupción para cerrar la brechas legales que lo permite, 2) Capacitar y especializar al personal del servicio civil para identificar los riesgos de corrupción y la acción inmediata para cuando se produzca. 3) Automatizar los procesos de inversión pública mediante el gobierno digital y tener la información en línea para el acceso directo de todas las entidades que tienen la responsabilidad de fiscalizar. 4) Implementar el gobierno abierto, la rendición de cuentas efectiva y la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos.

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