Con información de El País
Solo en 2021 el Gobierno venezolano tuvo acceso al contenido de llamadas, de mensajes de texto y metadatos —que podrían ser ubicaciones de móviles o nombres y apellidos de los suscriptores, entre otros— de 1,5 millones de cuentas o accesos de la operadora privada Movistar, según un informe de la matriz Telefónica en un informe reciente de transparencia.
El dato ilustra lo que defensores de derechos llaman un espionaje masivo de personas en Venezuela y es la primera evidencia de una práctica que vienen denunciando políticos y activistas en los últimos años, los más autoritarios del chavismo.
La alerta fue difundida por la organización Ve Sin Filtro como una amenaza a las libertades civiles y la privacidad. Más del 20% de las líneas de teléfono o cuentas de internet de la operadora fueron pinchadas por órdenes de algún organismo de seguridad de Venezuela, según los balances de Telefónica.
“Estas intervenciones significaron interceptar las llamadas, monitorear los SMS, dar la ubicación de personas por sus teléfonos celulares o el monitoreo de su tráfico de internet. En el informe, los otros países ni se acercan al 1%”, alerta el comunicado de Ve Sin Filtro.
“Esto es un abuso desproporcionado de las prácticas de interceptación y obtención de metadatos, igual de perverso para los derechos humanos como el uso de los datos”, apunta Andrés Azpúrua, director de la organización, en entrevista con el EL PAÍS. “Esto es masivo y evidencia los esfuerzos de espionaje de un gobierno autoritario”.
El número de líneas afectadas por intercepciones aumentó siete veces desde 2016, cuando eran 234.932 los reportados por la compañía en su balance. La compañía detalla que en 2021 recibió 861.004 solicitudes del gobierno —de las que rechazó poco más de 21 mil— que afectaron 1.584.547 líneas, por lo que Azpúrua siguiere que una solicitud podría involucrar a varios usuarios. El activista advierte que aunque se desconocen los datos de otras operadoras privadas como Digitel y las estatales Movilnet y Cantv, el número puede extrapolarse.
Las solicitudes de intercepción de llamadas pueden tener objetivos legales legítimos para la investigación de un crimen. Los estándares en derechos humanos establecen que debe ser un recurso estrictamente necesario, proporcional, ajustado a leyes y bajo una orden judicial. Movistar Venezuela reporta a Telefónica que las solicitudes han venido del Ministerio Público, CICPC (la policía de investigaciones), cuerpos policiales y militares “habilitados para ejercer atribuciones en materia de investigación penal” y, curiosamente, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). En ningún caso figuran órdenes de jueces o tribunales.
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