Para terminar con el gobierno de Pedro Castillo, las derechas han echado andar tres estrategias: La primera, vacarlo con la acusación de “incapacidad moral para gobernar”, para ello requerían de los votos suficientes para que se apruebe el debate en el Congreso y conseguir los 87 votos que se apruebe la vacancia. Esta acusación (que vino desde el inicio de gestión del gobierno) vino acompañado de una intensa campaña mediática con denuncias de corrupción de su entorno más cercano; no consiguieron su objetivo a pesar de haber intentado dos veces; pero ahora esta acusación ha recobrado fuerza por la decisión del Fiscal de la Nación de abrirle un proceso de investigación al Presidente Pedro Castillo.
Esta estrategia ha fracasado por una razón simple: no tienen los votos para vacarlo. No lo tuvieron antes, y no lo tendrán ahora. Se empecinaron en esta salida con gran desatino, con discursos plagados de racismo e intolerancia, abonando al desprestigio del Congreso. Y siguen en su empeño, no se dan cuenta que no logran conseguir votos ni para censurar al gabinete Aníbal Torres.
La otra estrategia aplicada es el intenso sicosocial que han desatado para obligar a Pedro Castillo para que, motu proprio, decida abandonar el cargo, abrumado por las acusaciones de corrupción, acorralado por los intensos conflictos sociales. Esa estrategia la aplicó el fujimorismo con PPK y les dio resultado. Piensan que, desatando una intensa campaña mediática, lograrán que renuncie al cargo, arrinconado y temeroso de las acusaciones por corrupción. Previamente esperan lograr su objetivo de vacar a la vicepresidenta Dina Boluarte y, con el terreno libre, despejado el camino, pueda ser designada la presidenta del Congreso María del Carmen Alva como presidente encargada del gobierno. La pregunta obligada es: ¿piensan realmente que Pedro Castillo renunciará? Lo cierto es que nada indica que lo hará. Así que, insistir en esta estrategia, van camino a otro fracaso.
Cerrada las posibilidades de éxito de estas dos estrategias han apelado a una tercera: la movilización social: marchas, movilizaciones, despliegue de mítines en diversas zonas de Lima (entre la Plaza San Martin – San Isidro – Miraflores – Surco – La Molina), marchas cada vez más agresivas y violentas no solo contra el gobierno, sino contra todo aquellos que consideren “gobiernista”, caviar, “cojudigno”. Esas movilizaciones, según lo reconocen los diarios de la derecha, tienen un gran problema: cuentan con la participación de personajes impresentables, ligados a la corrupción fujimorista y a los estamentos que se beneficiaron de la corrupción en los gobiernos anteriores o que hicieron gala de soberbia en su desempeño como líderes políticos. “Mientras éstas sean las caras visibles de las protestas – dice El Comercio refiriéndose a la presencia de Manuel Merino y otros – el presidente puede seguir durmiendo tranquilo”.
El sicosocial de llamar a las Fuerzas Armadas para dar un golpe al Gobierno tampoco les resultó: impulsaron firmas de comunicados de militares en retiro, presionaron para que los mandos militares de las Fuerzas Armadas se pronuncien en favor de la vacancia, movilizaron reservistas por las calles de varias calles de Lima. Todo sin éxito. Un gobierno salido de un golpe militar no dura ni una semana, será aislado internacionalmente por la OEA y las Naciones Unidas y sus promotores terminarán juzgados y en la cárcel. No hay por esa vía una posibilidad de éxito.
Les queda otra esperanza: que las investigaciones abiertas por el Fiscal de la Nación a Pedro Castillo sea la causa para que el Congreso apruebe, finalmente, la vacancia. Pero, ya diversos constitucionalistas han advertido de las limitaciones de esa posibilidad: el presidente puede ser investigado por el Fiscal de la Nación pero no puede ser acusado, ni puede ser llevado a juicio (Domingo García Belaúnde, dixit); la indagación Fiscal, por lo demás, advierten, concluye solo en la etapa preliminar, concluida esa etapa se abre el debate si el Presidente puede ser acusado, pero, para que eso se concrete se requiere revisar el Artículo 117 de la Constitución; mientras tanto al Presidente no se le puede detener o dictársele prisión preventiva. No son los jueces ni los fiscales los que decicen la interrupción presidencial, sino el Congreso de la Repùblica aplicando el Artículo 117 de la Constitución (César Azabache)… Y para ello requieren los benditos 87 votos que no los tienen.
Pero quizá el problema más difícil que tiene la oposición de derechas que los está llevando de derrota en derrota es su enorme desprestigio. El Congreso tiene más rechazo de la población, el desprestigio de la presidenta del congreso y de las bancadas es mucho mayor que de otras líderes y organizaciones políticas. Las bancadas de las derechas en el Congreso tienen un serio problema: están enfrentadas, desconfían entre ellos. Ya lo advirtió Vásquez Kunze: “el fujimorismo – dice – no puede siquiera ser elegido para presidir la mesa directiva; apenas lo intenten inmediatamente el país se dividira entre el fujimorismo y el antifujimorismo con altas posibilidades que estos últimos ganen: La sola presencia del fujimorismo liderando el Congreso, dice Vásquez Kunze le daría a Castillo el suficiente oxígeno que necesitaria para quedar en el poder.
No le falta razón, pero igual suerte tienen las otras bancadas de la derecha: Acción Popular no es confiable no solo porque considrran que están infiltrados por el gobierno sino porque la desastroza gestión de la presidenta del Congreso ha desprestigiado más al Parlamento. APP está dividida y quienes intentan ser elegidos a la mesa directiva del Congreso no son militantes del partido sino invitados, con juego propio; las bancadas de Renovación Popular y Avanza País, son tan impresentables como las otras bancadas, sus líderes visibles son repelidos hasta por sus propios integrantes.
Nadie en su sano juicio piensa que, ante la gravedad de la crisis política, tenga éxito la consigna ¡Que se vayan todos! Las bancadas del Congreso son los más tenaces opositores a esa demanda (no todos, solo un grupo pequeño de congresistas están de acuerdo. No se quieren ir. Y no es solo la plata que los detiene (son cuatro años de ingresos mensuales seguros), sino el pequeño goce del poder en los espacios políticos donde se mueven.
La conclusión de este intenso periodo político, de luchas intensas, de grita destemplada, de sesudos debates constitucionales respecto de la vacancia o de la renuncia de Pedro Castillo, a la que se suma la petición de que se vayan todos: Gobierno y Parlamento es: No habrá vacancia, y menos probable es que se vayan todos.
Lo lamentable de este gris panorama político es que estamos frente a un mal gobierno, que los problemas de corrupción y de mala gestión no son culpa de las derechas sino de la incompetencia de quienes están gobernando. Que la alianza tóxica del presidente Castillo con Vladimir Cerrón y Perú Libre lo ha llevado al desgobierno y a mayores conflictos sociales y indicios visibles de corrupción; que la bancada magisterial no solo lo ha cubierto de un pensamiento reaccionario y conservador, sino que se han aliado con la extrema derecha para desarmar los valores democráticos y de tolerancia en la educación peruana.
Pero ese es otro tema de análisis.