Este martes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declaró procedente las denuncias constitucionales que presentaron los congresistas Javier Padilla y Norma Yarrow.
Fueron 9 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. El caso de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social pasará ahora a la Comisión Permanente y luego al Pleno del Congreso quienes tomarán la decisión final.
Boluarte podría ser inhabilitada de la función pública por hasta 10 años luego de que la Controlaría advirtiera que habría realizado labores al mismo tiempo en la asociación privada Club Departamental Apurímac.
La infracción sería al artículo 126 de la Carta Magna en donde precisan que ningún ministro de Estado puede ejercer otra función pública, a excepción de la legislativa.
Asimismo, la también vicepresidenta de la República confirmó que si firmó documentos con el Club Departamental de Apurímac cuando ya cumplía funciones como ministra de Estado.
«Sí fue así y ese es el tema que voy a explicar. Hay una ley de registros públicos y tiene su propia reglamentación», exclamó.
Boluarte dijo que eso ocurrió durante este año porque la vicepresidenta, ahora presidenta del Club Departamental Apurímac, todavía no había inscrito su representación legal por el tema burocrático.
Sobre la votación
Los parlamentarios que votaron a favor fueron Rosío Torres, quien lidera dicha comisión y María Acuña de Alianza Para el Progreso (APP).
En Fuerza Popular siguieron la misma línea Hernando Guerra García, Martha Moyano, Ernesto Bustamante. También votaron a favor Wilson Soto (Acción Popular), Alejandro Cavero, (Avanza País), Alejandro Muñante (Renovación Popular) y José Jerí (Somos Perú).
Un dato no menor es que Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, no votó.
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