0,00 S/

No hay productos en el carrito.

22.1 C
Lima
viernes, abril 19, 2024

El Plan B de la oposición para desalojar del poder a Castillo

La renuncia y vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, han sido dos estrategias fallidas desde el Congreso a 26 días de que el mandatario cumpla un año como la máxima autoridad del Estado.

El jefe de Estado que actualmente se encuentra investigado preliminarmente por la Fiscalía por aparentemente liderar una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) podría afrontar otro proceso que nace desde la Comisión de Fiscalización del Parlamento.

El último jueves este grupo de trabajo aprobó por mayoría el informe final que recomienda acusar constitucionalmente a Castillo por aparentemente haber incurrido en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

Los casos es con relación al domicilio en Sarratea, Puente Tarata, injerencia en los ascensos de Fuerzas Armadas, etc.

Tras ser advertido, Pedro Castillo renunció a su militancia a Perú Libre. Podría afrontar un juicio político sin el apoyo de la bancada del lápiz. Foto: Presidencia

En la previa el defensa legal del mandatario, Benji Espinoza, indicó que es un informe “absolutamente político, que no tiene rigor jurídico y desde el punto de vista del derecho penal su análisis es absolutamente equivocado y ligero«.

Las diferentes vías

La sanción al jefe de Estado puede llegar por dos motivos. El primero por cancelar de último momento el declarar ante la Comisión de Fiscalización cuando ya había fecha y hora programada.

Según el artículo 97 de la Constitución Política es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.

Este punto de la Carta Magna incluye desde un civil hasta el presidente de la República. Esta infracción constitucional es sancionable mediante el juicio político, según señaló el constitucionalista Omar Cairo a Exitosa.

Mediante el procedimiento que consiste en que la Comisión permanente lo acuse ante el pleno para que decidan si sancionan esta infracción con la suspensión, destitución o con destitución e inhabilitación”, enfatizó.

Por una denuncia constitucional el Parlamento solo requeriría de un mínimo de 66 votos para inhabilitar al jefe de Estado. Foto: Congreso

El segundo motivo por el cual Pedro Castillo podría ser sancionado es por el informe aprobado el 30 de junio en dicha comisión. El documento precisa la denuncia constitucional por juicio político.

Esta vía que lograría inhabilitar al mandatario hasta por 10 años de ejercicio en la función pública esta regulado en los artículos 99 y 100 de la Constitución.

¿Qué dicen dichos artículos de la Carta Magna?

El procedimiento que podría iniciar en la próxima legislatura empieza con la denuncia ya formalizada que tendría que ser evaluada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Luego sería la Comisión Permanente quien ratifique la acusación constitucional y finalmente el pleno del Congreso tendría la decisión final inhabilitar o suspender a Pedro Castillo.

Para que esto sucede el Legislativo se basa como ya se mencionó anteriormente en los artículos 99 y 100 de la Carta Magna.

Artículo 99°. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.

Artículo 100°. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.

El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.

Para tomar en cuenta

De acabar la legislatura este 8 de julio, el próximo periodo legislativo 2022-2023 tendrá mucho que resolver.

De proceder una posible inhabilitación contra el mandatario tendría que asumir funciones Dina Boluarte. No obstante, la Comisión permanente ratificó la denuncia constitucional en su contra y dio 15 días a la SAC para presentar un informe final.

Este panorama llevaría que asuma la presidencia de la República el/la titular de la Mesa Directiva. Se especula que bancadas como Avanza País o Alianza Para el Progreso sean las que lideren el Legislativo para el nuevo periodo congresal y tengan la responsabilidad de convocar a nuevas elecciones.

También puedes leer: https://www.patamarilla.com/2022/07/la-pobreza-tecnica-del-proyecto-de-alcaldia-mayor-para-lima/

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Columnistas de Hoy

Seguidores

2,913FansMe gusta
510SeguidoresSeguir
5,258SeguidoresSeguir
450suscriptoresSuscribirte

Suscríbete a nuestro boletín

Bienvenido(a)👋 Un placer conocerte. Regístrate para recibir contenido interesante en tu bandeja de entrada.

¡No enviamos spam! Puedes desuscribirte en cualquier momento.